IU y Podemos y han llevado a la Junta  General del Principado la gestión del agua de Oviedo, privatizada, para que sea fiscalizada por la Sindicatura de Cuentas. Ambos partidos han suscrito una iniciativa para que éste organismo estudie si se está cumpliendo el contrato en todos sus extremos, algo que según denunció a principios de año IU Oviedo, no estaba ocurriendo en estos momentos en varios extremos del mismo.

Las concejala Cristina Ponton, la edil Ana Taboada, la portavoz de IU en el parlamento asturiano Angela Vallina, y el diputado Rafael Palacios, ofrecieron esta mañana una rueda de prensa para dar a conocer la iniciativa y denunciar posibles incumplimientos que estarían perjudicando los intereses municipales.

Los incumplimientos tendrían que ver con el mantenimiento de las  bocas de riego e hidrantes, entre otros. Según Ponton, el equipo de Gobierno ha eludido ofrecer información mostrándose opaco.Son cosas, explico Pontón, que tendrían que estar siendo revisadas. También existe otra parte derivada de los informes de liquidación favorable  al Ayuntamiento  y que sólo en 2017 ascendería a 1,4 millones de euros, una cifra que nunca se recibió en las arcas municipales.

 La concejala Ana Taboada aseguró que el conflicto supone una batalla por “defender el interés público“ y que pasa por la fiscalización de la gestión del agua por parte de Aqualia. La edil explicó que, frente a las peticiones de transparencia, la empresa concesionaria a elevado los niveles de “violencia” contra los funcionarios municipales. Intentando recusarlos para encoger que la comisión de seguimiento del contrato cumpla su función fiscalizadora.

Para Angela Vallina es imprescindible que la sindicatura estudie el contrato al estar en juego el interés público municipal. La diputada recordó que su etapa frente al ayuntamiento de Castrillon había sufrido también los perjuicios de la privatización del agua y una controvertida concesión a la misma empresa que maneja un servicio en Oviedo. Con esta experiencia, explicó que no le sorprendía la situación en la capital asturiana ya que, en la gestión, la concesionaria siempre “barre” para sus propios intereses.

En cualquier caso, Vallina aseguro que es imprescindible una fiscalización estricta con un servicio básico para la ciudadanía como es el agua.

El diputado de Podemos Asturies, Rafael Palacios, abogó por la recuperación de la gestión directa del agua y aseguro que no es aceptable que ninguna empresa privada se aproveche de un bien básico como éste.