El Ejecutivo también ha presentado la futura Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, que amplía el plazo de prescripción de los delitos contra los menores e incluye nuevos tipos delictivos.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha explicado que estas medidas regirán tras la finalización del estado de alarma, el próximo 21 de junio, y el proceso de desescalada. Desde ayer, ha recordado, el 52% de la población (aproximadamente 25 millones de personas) se encuentra ya en la fase 3, la última antes de la nueva normalidad.

María Jesús Montero ha insistido en que el virus sigue siendo una amenaza para nuestra seguridad mientras no haya un tratamiento eficaz o vacuna, por lo que hay que seguir tomando precauciones y "no bajar la guardia, ni actuar pensando que todo ha pasado y estamos a salvo".

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha precisado que la norma aprobada hoy permanecerá vigente hasta que el Gobierno declare de forma motivada el final de la crisis sanitaria, tras escuchar a las comunidades autónomas en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y previo informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

Prevención, detección precoz y sistema sanitario preparado

Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

Illa ha señalado que algunas de las medidas no son nuevas, sino que prolongan las adoptadas durante el estado de alarma, como las de prevención e higiene que, ha reiterado, son claves para frenar la propagación del virus.

Concretamente, se ha referido a la limpieza de espacios públicos y privados, el lavado frecuente de manos, el mantenimiento de la distancia mínima interpersonal de 1,5 metros y el uso obligatorio de mascarilla en la vía pública, en espacios al aire libre y en espacios cerrados de uso público o que se encuentren abiertos al público, así como en los transportes. A partir de ahora, en los medios terrestres y aéreos, ha destacado Illa, los operadores que trabajen con asiento preasignado deberán conservar los registros de pasajeros un mínimo de 4 semanas "para poder garantizar la trazabilidad de los contactos si se produjeran casos positivos".

También se da continuidad a las obligaciones de recogida, tratamiento y remisión de información de la enfermedad al Ministerio de Sanidad por parte de todos los operadores sanitarios de las comunidades autónomas. Illa ha destacado la importancia de la detección precoz y la vigilancia epidemiológica para poder adelantarse a cualquier rebrote y, si se produjera, garantizar las capacidades del sistema sanitario para afrontarlo en un breve periodo de tiempo.

Así, se especifican los recursos necesarios de profesionales sanitarios, disponibilidad de camas y la obligatoriedad de planes de contingencia y la realización de pruebas diagnósticas PCR o similares tan pronto como sea posible en los casos sospechosos. Respecto a los centros residenciales de mayores, se establece que deben estar coordinados con los centros sanitarios de sus respectivas comunidades autónomas y tener preparados planes específicos para hacer frente a eventuales rebrotes.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, con el objeto de garantizar la disponibilidad de los que sean necesarios para hacer frente al coronavirus, podrá recabar información de los fabricantes sobre sus operaciones de producción previstas y, eventualmente, establecer prioridades. Además, y excepcionalmente, tendrá la facultad de otorgar licencias previas de funcionamiento de instalaciones para garantizar la fabricación en España de productos sanitarios y medicamentos.

En el ámbito deportivo, las medidas preventivas a adoptar en los eventos de la Liga de fútbol profesional y la Liga ACB serán establecidas por el Consejo Superior Deportes, previa consulta con los organizadores de ambas competiciones, las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad.

Protección a la infancia y la adolescencia

Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha presentado el Proyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a todo tipo de violencia, cuya remisión a las Cortes ha aprobado el Consejo de Ministros.

Pablo Iglesias ha destacado que la ley se ha desarrollado a lo largo de varios gobiernos de distinto signo político y ha pedido a los grupos parlamentarios que incorporen mejoras durante su tramitación parlamentaria para que se apruebe con un amplio consenso: "Las ideologías no tienen que separarnos a la hora de contar con una normativa que proteja a los niños y niñas y adolescentes en España de la violencia".

El maltrato infantil es una causa de enorme sufrimiento para los menores que tiene consecuencias a largo plazo y condiciona su vida adulta, y, con esta ley, ha afirmado el vicepresidente, España responde a una gran demanda social, a la Constitución y a sus obligaciones internacionales en la defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia.

Iglesias ha subrayado el enfoque integral de la norma, que marca un paradigma de protección común en todo el Estado, priorizando las medidas de prevención en los ámbitos educativo, familiar, institucional, de los servicios sociales, publicitario, redes sociales y en el derecho penal.

Aspectos destacados de la futura ley

Pablo Iglesias ha detallado que la ley establece que los ciudadanos deben comunicar a las autoridades de manera inmediata cualquier indicio de violencia ejercida sobre niños, niñas o adolescentes, dado que no es un problema del ámbito privado, sino un problema social.

La norma introduce la figura del coordinador de bienestar social y protección en los centros educativos para asegurar el buen funcionamiento de los protocolos de actuación frente a indicios de acoso escolar, sexual, ciberacoso, violencia de género, autolesión u otra forma de violencia. Las entidades deportivas o de ocio con personas menores de edad también contarán con una figura similar.

La ley garantiza el acceso universal de los menores a los servicios sanitarios de tratamiento y rehabilitación. Los centros de protección de menores tutelados fijarán protocolos específicos de prevención para detectar precozmente posibles casos de abusos, de explotación sexual o trata.

El vicepresidente ha avanzado que el ciberacoso a través de las redes sociales se afronta con instrumentos nuevos. En este sentido, la norma regula un canal específico de denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos y establece la retirada rápida de Internet de los contenidos que atenten contra los menores.

Además, Iglesias ha señalado que la futura ley ofrece formación específica en derechos fundamentales de la infancia y la adolescencia a los profesionales que tengan un contacto habitual con niños, incluidos jueces y fiscales, y habrá unidades especializadas en todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La norma reconoce el derecho a la asistencia jurídica gratuita de los menores de edad y evita que las víctimas menores de 14 años o personas con discapacidad tengan que ir reiteradamente a declarar.

Asimismo, el texto incorpora una nueva regulación de los delitos de odio, incorporando la edad (niños, niñas y adolescentes, personas de edad avanzada, etc.) como causa de discriminación. E incluye también la aporofobia y la exclusión social dentro de estos tipos penales.

Iglesias ha indicado que el plazo de prescripción de los delitos más graves cometidos contra los menores de edad empezará a contar a partir de que la víctima haya cumplido los treinta años de edad.

El vicepresidente ha resaltado asimismo que ley marca como obligatoria la privación de la patria potestad a los condenados por homicidio o asesinato en caso de que el agresor y la víctima tuvieran un hijo en común o cuando la víctima fuera hijo del agresor: "Un asesino machista jamás podrá ser un buen padre y, por lo tanto, no pude tener derecho a la patria potestad".

Por otra parte, la norma prohíbe la publicidad que por sus características pueda provocar en los menores de edad conductas violentas sobre sí mismos o sobre terceros, así como aquella que integre estereotipos de carácter sexista, racista, homófobo o transfóbico.

El vicepresidente ha agradecido la labor de los departamentos ministeriales implicados en la elaboración de la ley, de los trabajadores de los servicios sociales y de las ONG y colectivos que defienden los derechos de la infancia. Además, ha tenido una mención especial para el pianista James Rhodes, que sufrió malos tratos durante su niñez, por el impulso que ha dado a la norma.

Proteger a los niños y niñas es asegurar una sociedad mejor

Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

María Jesús Montero ha incidido en la defensa de los derechos de los niños y niñas, su bienestar y su desarrollo y ha garantizado "tolerancia cero frente a los abusos, la violencia y la impunidad". La ministra ha afirmado que "proteger a los niños y niñas de hoy es asegurar una sociedad mejor en este presente, pero sobre todo en el futuro".

En este sentido, Montero ha manifestado de nuevo el compromiso del Gobierno con la lucha contra la pobreza infantil. La ministra ha señalado que entre los objetivos del Ingreso Mínimo Vital está paliar este problema, y ha destacado el dato de que, en la mitad de los primeros hogares beneficiarios -255.000 personas- que recibirán el 26 de junio esta prestación, residen menores.

El tercer pilar para permitir desarrollar un proyecto vital, "con independencia de su lugar de origen y la familia en la que han nacido", ha dicho la portavoz, es un sistema educativo público robusto, que facilite la integración y contribuya a la igualdad de oportunidades. Por ello, ha continuado, el Gobierno ha decidido que se destinen a educación 2.000 de los 16.000 millones de euros del Fondo COVID que transferirá próximamente a las comunidades autónomas.

Reducción de gases de efecto invernadero

El Consejo de Ministros ha acordado remitir a las Cortes el proyecto de ley que regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (GEI).

La figura del derecho de emisión es una autorización para emitir una tonelada de CO2 equivalente que puede ser objeto de compraventa, y es la base de un sistema de mercado que permite regular las emisiones de gases de efecto invernadero de la industria, el sector de generación eléctrica y el transporte aéreo.

La portavoz del Gobierno ha explicado que esta propuesta legislativa modifica la norma actual para adaptarla a los nuevos objetivos de reducción de emisiones que la Unión Europea se ha marcado como contribución al Acuerdo de París, y que se concretan en, al menos, un 40% en 2030 con respecto a los valores de 1990.

Montero ha afirmado que este proyecto, junto a la Estrategia de economía circular, el Real Decreto de traslados de residuos y el anteproyecto de ley de Residuos y Suelos Contaminados recientemente aprobados, demuestran que la crisis del COVID-19 no ha apartado al Gobierno de la lucha contra el cambio climático, uno de los temas prioritarios de su agenda: "El cambio a un sistema productivo más sostenible y respetuoso con el medioambiente es una oportunidad para fortalecer nuestro tejido productivo y España no va a perder el tren de la revolución verde".