La mayoría de estas suspensiones, que afectan a 4.684 personas ya reincorporadas a sus puestos de trabajo, se corresponden con ERTE por causas de fuerza mayor 

El Principado ha tramitado 12.218 solicitudes de ERTE, cerca del 99% de las presentadas desde el inicio de la emergencia sanitaria  

Un total de 765 empresas han comunicado en los últimos días a la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica la suspensión, por finalización, desistimiento o renuncia, de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que estaban aplicando desde el inicio de la emergencia sanitaria. Estas suspensiones corresponden a ERTE tramitados directamente por la Dirección General de Empleo y presentados por compañías o empleadores autónomos con sede en Asturias.

Según los datos de la autoridad laboral, implican a 4.684 personas, de las cuales 4.525 estaban afectadas por expedientes por fuerza mayor (749) y 159 por otros atribuibles a razones económicas, técnicas y organizativas (16). Hasta ayer, se tramitaron 12.218 solicitudes que involucran a 51.013 trabajadores, el 98,88% de las peticiones presentadas en Industria desde mediados de marzo.

De estos expedientes, 11.283 tienen la consideración de fuerza mayor, con 40.824 personas afectadas, y los 935 restantes, por otras causas, llevaron a 10.189 empleados a la suspensión de empleo o a la reducción de la jornada laboral. De esta manera, desde el 11 de marzo se han recibido 12.356 solicitudes de ERTE. Esta cifra varía respecto a la comunicada la semana pasada, al haberse realizado una corrección a la baja en el número total (-195), tras detectar la consejería que algunos asientos de entrada en registro no correspondían a nuevas peticiones, sino a anulaciones, desistimientos, desafectaciones parciales o fines de expedientes. 

La incidencia sectorial de los ERTE se mantiene y los servicios, con 10.555 solicitudes y 37.574 personas implicadas, encabezan las reducciones de jornada o suspensiones de empleo. A continuación, se sitúan la industria, con 1.296 expedientes, y la construcción, con 266. Por actividades económicas, restauración y hostelería, comercio minorista, fabricación de productos metálicos y establecimientos de peluquería y estética son, por este orden, las que se han visto obligadas a regular a más personas.