El Consejo de Ministros ha acordado solicitar al Congreso de los Diputados una nueva prórroga del estado de alarma hasta el 7 de junio a las cero horas.
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha hecho un llamamiento a las fuerzas parlamentarias para que apoyen hoy la petición, que les trasladará el presidente Pedro Sánchez. Montero ha afirmado que el estado de alarma es el único instrumento jurídico que permite restringir la movilidad de la población, un factor clave para "luchar contra la pandemia del COVID-19 y salvar vidas".
En el mismo sentido se ha pronunciado el ministro de Sanidad, Salvador Illa: "Es imprescindible el estado de alarma hasta el final del proceso de escalada, que va a seguir estando guiado por la prudencia, la cautela y la seguridad; cada paso que demos será un paso seguro".
Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa
Illa ha explicado que el texto aprobado consolida los principios de cogobernanza con los que se está dirigiendo la desescalada y reduce al Ministerio de Sanidad las autoridades delegadas competentes, bajo la superior dirección del presidente del Gobierno. Asimismo, deroga la disposición adicional segunda del Real Decreto del 14 de marzo para que vuelvan a contar los plazos procesales, de prescripción y la caducidad de derechos y acciones a partir del 4 de junio. También desde el 1 de junio volverán a contar los plazos administrativos.
Uso obligatorio de mascarillas
El ministro de Sanidad ha confirmado que el uso de la mascarilla será obligatorio, además de en el transporte público como hasta ahora, en espacios cerrados, y en la vía pública siempre que no se pueda mantener la distancia interpersonal de seguridad de dos metros. Así lo ha decidido el Comité Técnico para la desescalada tras una reunión con el pleno de la Conferencia Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. La medida entrará en vigor cuando la orden correspondiente sea publicada en el Boletín Oficial de Estado, "posiblemente mañana", ha dicho Illa.
Buena evolución de los datos
Salvador Illa ha repasado los últimos datos de contagios, que ha calificado de "buenos", ya que revelan un porcentaje de incremento que no supera el 0,5% diario, en línea con los objetivos marcados. Aun así, ha reiterado que hay que seguir actuando con máxima responsabilidad individual y cumpliendo las instrucciones y recomendaciones de las autoridades sanitarias.
El ministro ha anunciado que las peticiones de las comunidades y ciudades autónomas para cambiar de fase en la desescalada ya han sido remitidas al Ministerio de Sanidad y que el miércoles y el jueves se celebrarán las reuniones bilaterales para analizarlas desde un punto de vista técnico y acordar sus términos, que se harán públicos el viernes.
Cambio climático y transición energética
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El Gobierno ha aprobado la remisión a las Cortes del proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética con el fin de alcanzar la neutralidad de emisiones antes de 2050.
María Jesús Montero ha destacado que, a juicio del Ejecutivo, la transición energética o la lucha contra la emergencia climática son dos ejes sobre los que pivotará la reconstrucción del país. Además, ha celebrado que este asunto se haya plasmado en el plan de trabajo de la Comisión para la reconstrucción social y económica tras el COVID-19, que se ha constituido en el Congreso de los Diputados.
En el mismo sentido, la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha defendido que "no podemos volver al modelo anterior", sino que hay que promover un modelo de desarrollo sostenible e inclusivo, que tenga en cuenta a los más desfavorecidos, evite el incremento de las desigualdades, "genere empleo decente", modernice la economía y la industria, permita vivir en ciudades más saludables, reconozca el valor del desarrollo rural y proteja la biodiversidad.
Objetivos para la neutralidad climática
La vicepresidenta ha explicado que el texto, cumpliendo el Acuerdo de París, y en coherencia con el criterio científico y las demandas de la ciudadanía, determina que España deberá alcanzar la neutralidad de emisiones antes del año 2050, y que el sistema eléctrico también tendrá que ser cien por cien renovable antes de esa fecha.
Teresa Ribera ha apuntado que el proyecto de ley fija que, en 2030, España tendrá que haber reducido sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% respecto al año 1990, "lo que en la práctica supone retirar una de cada tres de las toneladas que emitimos en la actualidad", tal y como se recoge en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.
El texto recoge que el 35% del consumo final de energía, incluidas todas las fuentes, debe ser de origen renovable y el 70% de la energía que genere el país debe proceder de fuentes renovables. "Con este objetivo se activa el despliegue de las energías limpias, que son ya la fuente de energía más barata, más sencilla, más productiva y la que tiene una cadena de valor industrial más interesante para nuestro país", ha dicho la vicepresidenta.
Ribera ha afirmado que, en el año 2030, España habrá aumentado de manera significativa su eficiencia energética, lo que permitirá liberar recursos para que sean empleados en otras políticas públicas.
El objetivo del Gobierno, ha mantenido, es reducir en, al menos, el 35% el consumo primario de energía gracias a las medidas de eficiencia energética, que serán especialmente importantes en el sector de la edificación.
Además, la norma sienta las bases para una movilidad sostenible y establece un marco para que el mundo de las finanzas se oriente hacia inversiones sostenibles. Se trata, ha dicho Ribera, de "no desperdiciar un euro, y que cada una de las decisiones públicas o privadas de inversión vayan en la dirección correcta, movilizando el cambio y evitando que el dinero acabe en la basura".
La norma también introduce obligaciones de reporte del riesgo de cambio climático en mercados regulados, entidades de crédito, aseguradoras, en el sistema financiero y energético. Promueve la inclusión de la educación ambiental en los currículos y apuesta por la capacitación en empleos del futuro vinculados a una economía baja en carbono.
La mitigación de las emisiones de efecto invernadero se aborda, ha precisado Ribera, desde una perspectiva sectorial, identificando áreas clave, como la hidrológica, territorial, urbanística, el desarrollo urbano, la edificación de infraestructuras del transporte, la agraria forestal y la de conservación de la biodiversidad.
La vicepresidenta ha hecho un llamamiento a los grupos parlamentarios para que durante la tramitación de la futura ley enriquezcan el texto: "Si sentamos las bases de un nuevo modelo de prosperidad, respetuoso con los límites ambientales y centrado en el bienestar de las personas, seremos capaces de proveer empleos de calidad, estables, en el sistema económico, industrial, puntero, líder de la economía baja en carbono".
Avales a pymes y autónomos
El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo por el que se activa un nuevo tramo de 20.000 millones de euros de la Línea de Avales ICO íntegramente destinado a pequeñas y medianas empresas y autónomos afectados por los efectos económicos del COVID-19.
Estos avales garantizan el 80% de los nuevos préstamos y renovaciones de operaciones solicitadas por autónomos y pymes y tiene una vigencia igual al plazo del préstamo concedido, con un máximo de cinco años.
La línea de avales fue aprobada el 17 de marzo y dotada con 100.000 millones de euros. De los 84.500 liberados hasta la fecha en distintos tramos, 60.000 se han reservado para pymes y autónomos, lo que, ha señalado Montero, está en consonancia con la política del Gobierno de priorizar "de forma especial a pymes y autónomos en cada una de las medidas económicas que adopta".
La ministra ha detallado que, hasta el pasado domingo, se habían cerrado 394.543 operaciones de financiación, (un 98% de ellas para pymes) con un importe avalado de 38.631 millones de euros.
500.000 millones desde Europa
La portavoz del Gobierno ha celebrado la propuesta conjunta que han hecho pública Alemania y Francia para que se habilite un fondo de 500.000 millones de euros en transferencias directas de la Unión Europea, no reembolsables, a los Estados miembro para paliar los efectos de la crisis del COVID-19 y contribuir a sentar las bases de la reconstrucción. Montero ha señalado que no solo este acuerdo coincide con la posición española, sino que ha sido impulsado "de forma especial por nuestro país".
La ministra ha considerado que, con este paso adelante, la Unión Europea se aparta de "las soluciones clásicas" que aplicó a las crisis pasadas y pone el acento en que "los más vulnerables no se queden atrás en el proyecto de construcción europea".
