La Agencia Tributaria ha completado una extensa investigación desarrollada durante más de un año que ha permitido desarticular una compleja organización de fraude en el sector de los hidrocarburos que adquiría en diversos países de la Unión Europea gasóleo de automoción modificado ligeramente en su composición para evitar los controles fiscales comunitarios.

Este producto se vendía finalmente en diversas CCAA a estaciones de servicio 'low cost' o de 'marca blanca', con un doble beneficio fiscal: el impago del Impuesto de Hidrocarburos gracias a la adulteración del producto, y también el del IVA, no ingresando el impuesto repercutido a sus clientes. Todo ello a partir de una estructura empresarial que incluía gran número de sociedades instrumentales y testaferros.

La Oficina Nacional de Inspección e Investigación de Aduanas de la Agencia Tributaria (ONII) inicia la operación, denominada 'Copérnico', en el año 2018, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 2 de Orihuela (Alicante), si bien a la vista de los hechos puestos de manifiesto durante la investigación, el caso se traslada a la Audiencia Nacional, que continúa la instrucción en la actualidad, participando también la Fiscalía Anticorrupción.

Gasóleo opaco y modificado

La organización estaba especialmente implantada en la provincia de Alicante, en la que se encontraba su dirección, si bien su acción se extendía a ocho CCAA: Comunidad Valenciana, Cataluña, Aragón, Galicia, Andalucía, Murcia, Castilla La Mancha y Navarra.

Para desarrollar su actividad de fraude organizado en el sector de los hidrocarburos, adquiría en otros estados miembros de la UE productos de características prácticamente idénticas al gasóleo de automoción, pero diseñados especialmente para poder circular con destino a España al margen de los procedimientos de control fiscal comunitarios, de manera que se recibían en nuestro país de forma opaca.

Una vez el producto se encontraba ya en España, la trama distribuía el gasóleo a estaciones de servicio 'low cost' sin haber pagado el Impuesto Especial de Hidrocarburos. La elusión del impuesto les permitía adquirir una posición muy ventajosa en el mercado al poder ofrecer precios muy competitivos. Paralelamente, la organización hacía suyo el IVA repercutido y cobrado de los clientes, en lugar de ingresarlo a la Hacienda Pública.

Para ello, la organización disponía de toda una red de empresas y colaboradores que atendían las distintas necesidades del negocio: empresas facturadoras del producto y receptoras del dinero en otros estados miembros, sociedades instrumentales para emitir las facturas y cobrar de los clientes finales, empresas de transporte nacional e internacional, instalaciones de descarga, aprovisionamiento de aditivos y aromatizantes, así como toda una red de comerciales, contando también con varios testaferros para la ocultación de los verdaderos responsables de la actividad.

Elusión de controles de calidad y amenazas

Para lograr los fines de la organización, el producto circulaba al amparo de documentos de circulación con destinatarios falsos, o con datos incompletos para evitar ser localizados. Además, se recibía en instalaciones ajenas al sistema de control de la distribución de los hidrocarburos para, desde allí, distribuir el producto a las estaciones de servicio.

El uso de este tipo de instalaciones supone también que el producto no es sometido a los controles de calidad de sus especificaciones técnicas, pudiendo su uso continuado causar, incluso, daños en los vehículos que repostan en las estaciones de servicio desde las que se hace la distribución minorista final, con el consiguiente fraude al consumidor. De hecho, la trama llegaba a utilizar aromatizantes para dar al producto apariencia de gasóleo de calidad normal.

Además, la organización no dudaba en utilizar la coacción y amenazaba con acciones violentas para la consecución de sus objetivos, llegando, incluso, a acudir con este fin a la conocida organización 'Ángeles del Infierno', considerada a nivel internacional como una auténtica organización criminal.

Detenciones y registros

La investigación se extiende a más de 100 personas físicas de diversos países (España, Polonia, Estonia, Bulgaria, Rumanía, Lituania y Armenia), así como a 90 personas jurídicas españolas y de otros estados miembros de la UE (Estonia, República Checa, Portugal, Bulgaria, Austria, Alemania, Dinamarca, Malta y Lituania).

En el marco de la investigación se realizaron diversas actuaciones de entrada y registro en hasta 19 oficinas, instalaciones y domicilios particulares, en las que participaron más de 150 funcionarios de la Agencia Tributaria, tanto de Vigilancia Aduanera como de la inspección de Aduanas e Impuestos Especiales y de las Unidades de Auditoría Informática.

Resultaron detenidas 43 personas, ordenándose el ingreso en prisión de 10 de ellas, y se incautaron cerca de 300.000 euros en efectivo, además de inmuebles, más de un centenar de cuentas bancarias, vehículos de alta gama y objetos de lujo.

Todas las actuaciones han sido coordinadas por la ONII, contando con Vigilancia Aduanera de Alicante en funciones de policía judicial y con funcionarios específicamente designados en labores de auxilio judicial.

En la actualidad continúan los trabajos tendentes a ultimar la instrucción y la cuantificación definitiva del fraude tributario cometido, que los investigadores sitúan en un mínimo cercano a los 11 millones de euros. Tratándose de una causa judicial con amplias ramificaciones internacionales, se ha abierto un expediente de cooperación judicial internacional en el marco de Eurojust, y se han tramitado varias órdenes europeas de investigación de movimientos de dinero y embargos de cuentas bancarias en el extranjero.