El ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunció este martes la puesta en marcha de tres nuevas órdenes ministeriales –dos de Sanidad y una de Interior- con el propósito de que “todo el esfuerzo que hemos hecho no se malogre” con la llegada de personas contagiadas por Covid-19 provenientes de otros países.

Concretamente, se restablecen temporalmente controles en las fronteras interiores aéreas y marítimas, y se restringe del 15 al 24 de mayo la entrada al territorio nacional de quienes no sean residentes en España, salvo que sean trabajadores transfronterizos, sanitarios o que cuiden a mayores, acrediten una causa de fuerza mayor o vengan por razones exclusivamente laborales.

Como medida complementaria y con las salvedades antes indicadas, se establece asimismo la obligatoriedad de pasar una cuarentena de 14 días en su domicilio en España a aquellas personas que entren en el país, pudiendo eso sí salir con mascarilla para abastecerse de productos de primera necesidad o acudir a centros médicos.

Asimismo, Sanidad ha emitido otra orden para requerir a las CCAA la adaptación de los datos que suministran a la nueva etapa de desescalada con información sobre los casos sospechosos, dado que “los mecanismos de vigilancia precoz” y confirmación del contagio mediante PCR son ahora muy importantes de cara a poder aislar a estos pacientes.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Illa ha vuelto a realizar un llamamiento a la prudencia y al cuidado en la nueva fase I a la que desde ayer accedieron varias comunidades, recordando la necesidad de mantener “la distancia interpersonal de dos metros, extremando la higiene y el lavado de manos” entre otras recomendaciones, pues “no debemos perder el respeto al virus”.

Real decreto-ley de medidas en defensa del empleo

Por su parte la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha informado de la aprobación en Consejo de Ministros del real decreto-ley de medidas sociales en defensa del empleo -fruto de las negociaciones entre el Gobierno, los sindicatos y los empresarios-, que prorroga hasta el 30 de junio las condiciones de los ERTE por fuerza mayor para aquellas empresas que no puedan reanudar su actividad.

El texto normativo, suscrito ayer en Moncloa por el jefe del Ejecutivo, los secretarios generales de UGT y CCOO y los presidentes de CEOE y de CEPYME, “aúna los intereses de todos, de los trabajadores, de los empresarios y obviamente también del Gobierno, en la defensa de la viabilidad, del modelo de negocio y al mismo tiempo de la recuperación de la actividad con las mejores facilidades”.

Montero ha recordado que la cifra de beneficiarios de prestaciones por desempleo está en torno a los 5,2 millones, “y algo más de 3 millones son, justamente, trabajadores que están inmersos en un ERTE por fuerza mayor”. Un dato que pone de manifiesto “la eficacia que ha tenido esta medida y, por tanto, la importancia de poder mantenerla durante el tiempo que dure el decreto de alarma y, posteriormente, en aquellas actividades económicas donde así se decida”.

Destacó igualmente que el decreto contemple su adecuación a la desescalada, al incluir una nueva categoría de ERTE denominada “de fuerza mayor parcial”, que permite a las empresas reincorporar a parte de su plantilla y mantener a otra parte con su contrato suspendido, manteniendo exoneraciones en las cuotas de ambos, que será mayor para el trabajador que se reincorpore con idea así de incentivarlas.

Expresó además el deseo del Gobierno de que la colaboración con los agentes sociales no se detenga aquí, y de ahí la creación de una Comisión de Seguimiento tripartita del proceso de desconfinamiento en el que estarán representados los ministerios de Trabajo y Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, CEOE, CEPYME, CCOO y UGT, “que serán consultados sobre la posibilidad de prorrogar los ERTE más allá del 30 de junio”.

Comisión de Reconstrucción

En este punto, Montero ha subrayado la importancia de llegar a acuerdos, pues “España necesita el concurso de todos” y “nadie sobra” en la tarea de aportar ideas y propuestas para salir de la crisis; al tiempo que recordó que, en toda negociación, “cada uno deja una parte en el camino, para poder continuar todos juntos”.

“Una premisa que estará presente esta semana en el Congreso de los Diputados”, en el día en que se reúne la mesa de la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social, antes de que se produzca su primera sesión y se establezca una metodología de trabajo, de tal manera que “también las fuerzas políticas podamos recorrer este camino que ha realizado el diálogo social”.

Fondos contra la violencia de género y lucha frente a la elusión fiscal

Asimismo, la ministra portavoz ha informado de la aprobación del proyecto de ley por el que se modifica la Ley General Tributaria para la trasposición de la Directiva europea conocida como DAC 6, cuyo objetivo es la lucha contra la elusión fiscal en el marco comunitario, y que establece la obligación por parte de los intermediarios fiscales de declarar las operaciones en el ámbito internacional que puedan considerarse como planificación fiscal agresiva.

“Para este Gobierno siempre ha sido una prioridad la lucha contra el fraude y la elusión fiscal. Pero en un momento como el que vivimos actualmente, es más necesario que nunca proteger nuestro sistema tributario de prácticas ilegales o abusivas que lo debiliten e impidan obtener los recursos necesarios y, sobre todo, que sea injusto para aquellos que contribuyen”. “No puede haber justicia social si no hay justicia fiscal, y esta una herramienta que se añade a nuestro ordenamiento”, afirmó Montero.

Anunció igualmente la adopción por parte del Consejo de Ministros de los criterios de reparto de los fondos del Pacto de Estado para la lucha contra la Violencia de Género del ejercicio presupuestario 2020, por importe total de 100 millones de euros, así como de tres créditos correspondientes a la Delegación del Gobierno Contra la Violencia de Género que suman 9.500.000 €.