El Ejecutivo autonómico solicita al estatal que precise cuáles serán las limitaciones a los desplazamientos en esta primera etapa  

El Principado ha propuesto formalmente al Gobierno estatal que Asturias entre en la fase 1 de la desescalada a partir del lunes. A juicio del Ejecutivo autonómico, la comunidad reúne los requisitos necesarios para poder iniciar esta etapa, la primera de las previstas para avanzar hacia la normalidad. Al tiempo, ha solicitado que se precisen cuáles serán las limitaciones a los desplazamientos durante ese período.  

El Gobierno del Principado considera que tanto la evolución de la epidemia como las condiciones sanitarias de la comunidad -aparte de otros indicadores relacionados con la movilidad y la estructura económica- permiten entrar sin problemas en la fase 1. De hecho, el Ejecutivo autonómico entiende que hay 13 concejos -repartidos entre los Valles del Oso y la comarca de Los Oscos- que pueden ya situarse de inmediato en la segunda etapa. En la zona occidental son nueve: San Martín, Santa Eulalia y Villanueva de Oscos, Boal, Pesoz, Illano, Grandas de Salime, Taramundi y San Tirso de Abres. Los cuatro restantes -Santo Adriano, Proaza, Teverga y Quirós- forman parte de los valles del Oso.  

La entrada en la fase 1 conllevará cambios respecto a la situación actual. A día de hoy, rige el decreto que regula el estado de alarma, que ha impuesto determinadas restricciones. Esa normativa impide, por ejemplo, los desplazamientos dentro de la misma provincia, salvo supuestos muy determinados. A este propósito, el Gobierno de Asturias ha solicitado al estatal que detalle si esas limitaciones seguirán en pie durante la primera fase, dado que por el momento no existe una norma que lo especifique. El Principado responde así también a la inquietud manifestada por numerosos ciudadanos que han expresado sus dudas al respecto.  

Mientras se mantenga el estado de alarma, ya prorrogado hasta el 25 de mayo, el Gobierno de España asume el mando único. Por lo tanto, las administraciones autonómicas carecen de potestad para regular cuestiones como la movilidad. La decisión corresponde en exclusiva al Ejecutivo estatal.