Desde Podemos Asturies se ha elaborado un paquete de medidas en materia de vivienda con 19 propuestas destinadas a afrontar la crisis habitacional existente en Asturias que, debido a la pandemia del COVID-19, se verá agravada en los próximos meses.

Como en otras ocasiones, este bloque de medidas ha sido remitido al Gobierno asturiano para que lo tomen en cuenta y viene a aportar un plus a las medidas extraordinarias aprobadas por el Ejecutivo asturiano el pasado 17 de abril como consecuencia del COVID-19.  

Dentro de ese bloque de medidas, "proponemos, por ejemplo, que se apruebe una Ley de Vivienda que reconozca y garantice el derecho -exigible ante los tribunales- de todas las personas que estén en situación de riesgo de exclusión a acceder a una vivienda digna a cambio de un alquiler social, que incluya el acceso a los suministros básicos. De tal manera, que la Administración asturiana asuma el compromiso de proporcionar vivienda a las personas que no puedan obtenerla en el mercado".  

"Consideramos importante duplicar el actual parque de vivienda pública en los próximos quince años, asignando la financiación necesaria para ello. De esta manera, Podemos Asturies apuesta por incrementar un 5,5% la inversión anual en materia de vivienda en los próximos quince años, para llegar a contar con 20.000 viviendas públicas. Esta medida no supondría un gasto inasumible, sino que con recuperar en cinco años la inversión existente en 2009 -cerca de 30 millones anuales- sería posible. Con esta medida se movilizarían 611 millones hasta el año 2035 para aumentar en 1.000 viviendas anuales (nueva construcción, rehabilitación y intermediación del alquiler)  

En la misma línea, es fundamental movilizar el parque de viviendas vacías y, para ello, proponemos tres medidas: un servicio público de intermediación que anime a las personas propietarias a alquilar sus viviendas a precios asequibles, con la garantía de la Administración asturiana; incentivar fiscalmente el alquiler de vivienda desocupados a precios por debajo del mercado; cesión obligatoria del uso de vivienda vacante propiedad de las entidades bancarias, estableciendo sanciones que incentiven que las viviendas estén en el mercado.  

Otra de las medidas que planteamos es declarar el carácter ampliable de los créditos del presupuesto del Principáu d’Asturies, necesarios para hacer efectivo el derecho a la vivienda, dando prioridad a las personas sin hogar y al resto de situaciones de exclusión residencial extrema. Además, exigimos que no haya ningún desahucio sin alternativa habitacional digna y adecuada.  

También vemos imprescindible promover planes de emancipación juvenil para hacer más asequible el precio de la vivienda a los jóvenes con menos recursos. Para tal fin, creemos conveniente que la Administración asturiana conceda avales en el pago del alquiler destinados a este colectivo.  

Para el medio rural planteamos el desarrollo de un programa piloto de acceso a la vivienda para familias en riesgo de exclusión residencial, activando las viviendas públicas vacías en los concejos por falta de demanda, así como edificios municipales", indican en nota de prensa.