El 44% de los trámites resueltos este año por la Administración proceden de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar
La gestión electrónica permite mantener el ritmo de la mayoría de los procedimientos y los objetivos del plan de choque para acabar con las listas de espera en el ámbito de la dependencia
Melania Álvarez anuncia un refuerzo de 30 empleados públicos para la tramitación y revisión de la renta mínima autonómica con cargo al fondo de la COVID-19, por un importe de 481.500 euros
“Ahora toca empezar a pensar en no bajar nunca la guardia, en que debemos consolidar lo aprendido”, dice la consejera respecto a las actuaciones en las residencias de mayores
La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, ha señalado hoy que los expedientes del salario social básico y de las ayudas a la dependencia han aumentado un 6,5% desde la declaración del estado de alarma, hasta llegar a los 392 diarios. En este sentido, ha subrayado que, pese al aumento de la demanda y los ajustes de la plantilla impuestos por el teletrabajo, la gestión electrónica ha permitido mantener el ritmo de tramitación de la mayoría de los procedimientos, así como los objetivos del plan de choque para acabar con la lista de espera en el ámbito de la dependencia.
“Cuando llegamos a esta consejería asumimos un compromiso con la ciudadanía y, pese a esta crisis sobrevenida, nos mantenemos en los plazos previstos. No daremos ni un paso atrás ni escatimaremos esfuerzos en este ámbito”, ha indicado Álvarez durante su participación en una videoconferencia con el grupo de trabajo constituido en la Junta General para el seguimiento del coronavirus. La titular de Derechos Sociales ha explicado que el 44% de los expedientes resueltos por la Administración autonómica desde el 1 de enero pertenecen a su departamento.
La mayoría están relacionados con la gestión de ayudas a la dependencia y el salario social básico (59%), la valoración de discapacidad (32%) y las ayudas a la vivienda (8%). En concreto, en los primeros 17 días de este mes se han tramitado 5.090 expedientes de dependencia y salario social básico.
A juicio de la consejera, es necesario continuar impulsando procesos que permitan ganar agilidad en la gestión y facilitar la presentación de solicitudes por parte de la ciudadanía. Álvarez también ha anunciado que reforzará con 30 empleados públicos más la plantilla que se encarga de la gestión y revisión de la renta mínima autonómica, lo que supondrá un gasto de 481.500 euros que se financiará con cargo al fondo COVID-19.
“De este modo, nos anticipamos para situarnos en el peor de los escenarios que podría producirse a partir de junio, con un incremento de la solicitudes de salario social básico del 100% y una media de 500 peticiones al mes, tal y como ocurrió en los momentos más delicados de la pasada crisis”, ha señalado.
Análisis de residencias
Por otra parte, la consejera ha analizado el impacto de la COVID-19 en las residencias de mayores y ha incidido en la necesidad de no bajar la guardia de cara al futuro. “Aunque hay una tendencia de mejora, debemos consolidar lo aprendido y seguir promocionando el cuidado de la salud y la coordinación con la parte sanitaria. Lo hemos hecho en un tiempo récord y lo seguiremos haciendo”, ha manifestado.
Durante su intervención, ha informado de que esta semana entrará en vigor un procedimiento que permitirá a las personas que viven en una residencia pasar esta crisis con sus familias en sus domicilios, si así lo desean, siempre que den negativo en coronavirus en la prueba de laboratorio PCR y bajo la firma de una declaración responsable.
“Pretendemos humanizar todos los procesos, pero ofreciendo siempre garantías y con el aval de la Consejería de Salud y del Servicio de Epidemiología”, ha agregado.