La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar ha activado una línea de ayudas directas al alquiler destinada a personas afectadas económicamente por la crisis del coronavirus. La ayuda se concederá durante seis meses y se abonará en un único pago con un máximo de 500 euros por mes.
Las solicitudes de esta subvención, publicada hoy en el Boletín Oficial del Principado (Bopa), podrán presentarse desde el lunes 20 de abril hasta el 30 de septiembre y se tramitarán por orden de petición. Los fondos irán destinados al abono de las mensualidades desde abril a septiembre y se pagarán directamente a los propietarios de los inmuebles, con el fin de ofrecer seguridad al arrendador y garantizar el destino de las ayudas. La tramitación se hará mediante un sencillo formulario en el que se incluirá una declaración responsable y que podrá cumplimentarse desde el ordenador o el móvil a través de la siguiente dirección: https://sede.asturias.es/
Podrán acogerse a estas subvenciones los siguientes grupos de personas:
- todas aquellas que hayan quedado en paro a partir del 1 de marzo,
- las afectadas por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) desde el 1 de marzo,
- los autónomos que hayan tenido que cesar o reducir su actividad por tener que hacerse cargo del cuidado de otras personas desde el 1 de marzo.
- y los hogares cuyos ingresos familiares no superen los 400 euros desde el 14 de marzo. “Para esta consejería, garantizar que la población más vulnerable tenga acceso a una vivienda siempre ha sido una de nuestra prioridades y lo es, más si cabe, en estos momentos de crisis” ha destacado la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez.
Medidas complementarias
La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar está trabajando en otras medidas complementarias a estas ayudas al alquiler. Entre ellas, la implantación de nuevos programas de acceso a la vivienda para colectivos vulnerables que darán prioridad a las víctimas de violencia de género y trata, a las personas sin techo, a los jóvenes extutelados y a las personas que hayan estado en un centro penitenciario.
“No es casualidad que sea el director general de Vivienda, Fermín Bravo, el representante de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar en el Grupo de Emergencia de Acción Social. Queremos conocer de primera mano los problemas de las personas vulnerables, para también poder coordinar y articular mejor nuestras respuestas a través de los alojamiento de emergencia con los que cuenta nuestra región”, ha afirmado la consejera.
Melania Álvarez también ha avanzado que se está colaborando estrechamente con el Gobierno central para impulsar acciones que prevengan los desahucios por impagos de hipoteca o alquiler.
