El Principado ha tramitado 17 contratos urgentes desde el inicio de la crisis con el fin de mejorar la seguridad, adquirir nuevos equipos y ofrecer soporte al personal que cumple con sus funciones desde casa  

El Gobierno de Asturias ha tramitado 17 contratos urgentes por importe de más de 800.000 euros desde que se decretó el estado de alarma por la pandemia del nuevo coronavirus para facilitar el teletrabajo del personal de la Administración autonómica.  

La mayoría de los contratos se destinaron a la compra de equipos portátiles, material informático y nuevos elementos de seguridad, con el fin de que la Administración pueda atender a las nuevas demandas de la ciudadanía con todas las garantías.  

También ha sido preciso reforzar la plantilla de profesionales informáticos para mejorar la gestión de las incidencias que se están produciendo como consecuencia del incremento del número de empleados públicos que durante el estado de alarma realizan  desde casa sus tareas.   En estos momentos, cerca de 20.000 trabajadores del Principado desarrollan su labor en jornada ordinaria o bien tienen la opción de acceder desde sus hogares a sus puestos de trabajo, como ocurre con muchos profesionales del Servicio de Salud (Sespa).   Además, otros 11.000 docentes de la Consejería de Educación tienen acceso a la aplicación Office 365, que contiene las herramientas necesarias para facilitar el aprendizaje a distancia del alumnado.  

La organización de estas medidas comenzó antes de la declaración del estado de alarma, con la elaboración de un plan de contingencia que, a la vista de lo que ocurría en otros países, facilitara la posibilidad de que muchas de las personas que trabajan en la Administración pudieran ejercer su labor sin necesidad de acudir a sus puestos de trabajo. El principal objetivo que se perseguía era mantener los servicios públicos minimizando el riesgo para la salud de los empleados públicos.    

El director general de Sector Público, Seguridad y Estrategia Digital,  Javier Fernández, señala que hubo que poner en marcha el plan antes de tenerlo finalizado, concretamente el fin de semana del 14 y 15 de marzo. “En tres días de trabajo ininterrumpido se activó la posibilidad de permitir que unas 6.000 personas trabajaran en remoto. En una semana ya podían hacerlo más de 11.000 y poco más tarde llegamos a superar los 19.000 usuarios”, explica.  

Para lograrlo, hubo que realizar trabajos de configuración e instalación de nuevas infraestructuras, ampliar y configurar otras existentes y elevar a la máxima capacidad elementos básicos de la arquitectura de sistemas. “Fue una dura prueba que se superó con éxito”, asegura Fernández.  

Relaciones laborales  

Otro de los retos que ha tenido que afrontar la Administración ha sido el de compensar la pérdida del modo presencial en las relaciones laborales. Para ello, se han implantado herramientas de trabajo colaborativo que facilitan el contacto virtual a través de vídeo o chat e incluso permiten trabajar sobre documentos de manera simultánea.  

Todas estas tareas se llevan a cabo a un ritmo sostenible, lo que permite el paso a una nueva fase: la de la consolidación del trabajo a distancia, que consiste en usar herramientas que ayuden a que procesos que se realizaban con documentación en papel y de forma presencial pasen a ejecutarse digitalmente.   

“Esto implica una gestión del cambio, de la manera de trabajar, para los gestores de los servicios. Esta es la fase en la que estamos ahora y la que ocupa a la mayor parte de los profesionales de la dirección”, asegura el director general de Sector Público.