Ante el anuncio del aplazamiento de la COP26, prevista para noviembre en Glasgow, Greenpeace advierte de que esto no debería tener impacto en los compromisos del Gobierno español ni del resto de países para abordar la emergencia climática. A raíz de la crisis de Covid-19, la ONU ha decidido hoy retrasar la conferencia mundial del clima hasta 2021.

Tras el anuncio, la directora ejecutiva de Greenpeace International, Jennifer Morgan, ha declarado: “La respuesta a la crisis del Covid-19 debe ser resiliente para nuestra salud y para el clima. El objetivo de los gobiernos ahora es cuidar a su ciudadanía, estabilizar y reconstruir, y deben hacerlo de una manera que generemos un mundo justo y seguro para el clima, porque la salud ambiental y nuestro propio bienestar son interdependientes. La suspensión de la COP26 debería hacer que los gobiernos dupliquen sus esfuerzos para garantizar una ruta verde y justa en la gestión de esta crisis de salud y la emergencia climática. Volver a hacer lo de siempre cuando pase la emergencia sanitaria sería completamente inaceptable: esta pandemia muestra que hay grandes lecciones que aprender sobre la importancia de escuchar a la ciencia y la necesidad de una acción global colectiva urgente”.

El director ejecutivo de Greenpeace España, Mario Rodríguez, ha dicho que: “Estamos enfrentando una crisis sin precedentes, de consecuencias muy dolorosas para la sociedad, especialmente para las personas más vulnerables. En este contexto, posponer las negociaciones sobre el clima de la ONU es comprensible. Lo que no cambia es la obligación de los países europeos, y del Gobierno español en cuanto sea viable, de seguir liderando la lucha contra el cambio climático, empezando por aumentar su objetivo climático para 2030 antes del fin de este año.”

Por su parte, el responsable del Programa de Cambio Climático de Greenpeace España, José Luis García Ortega, ha afirmado: “Se necesita una acción colectiva basada en la ciencia, independientemente de que la COP26 se reúna en Glasgow en noviembre o no. Ambas crisis, sanitaria y climática, necesitan una respuesta coordinada y solidaria de los Gobiernos europeos. Los líderes de la UE deben cumplir sus promesas y aprovechar este momento para garantizar que los fondos públicos se destinen al cuidado de las personas, a construir comunidades resilientes y a reducir las emisiones y otras formas de contaminación”.

Las medidas presentadas hasta ahora por el Gobierno español (borrador de ley de cambio climático y Plan Nacional Integrado de Energía y Clima) no contienen objetivos suficientemente ambiciosos para prevenir un cambio climático enormemente dañino. El proyecto de ley climática presentado por la Comisión Europea no incluye medidas para aumentar la reducción de emisiones para 2030, mientras que la propuesta de la Comisión para aumentar el objetivo de 2030 se ha retrasado hasta septiembre. Según el acuerdo climático de París, los gobiernos deben presentar planes climáticos para 2030 nuevos o actualizados antes de fin de este año.

Según los científicos de la ONU, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en los próximos diez años es fundamental para el éxito, o el fracaso, de la acción climática. Un informe reciente de la ONU calculó que para restringir el calentamiento global a 1.5 °C, las emisiones globales deberían reducirse en un promedio de 7.6% al año. Esto significa que la UE debe comprometerse a reducciones anuales de al menos un 7,6% entre 2020 y 2030, alcanzando un recorte de las emisiones de poco más del 65% para 2030, en comparación con los niveles de 1990. España debería contribuir con una reducción de al menos un 55% en los mismos plazos. Mientras más esperen los gobiernos para reducir las emisiones, más abruptos y más duros deberán ser estos recortes.