La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha presidido la segunda reunión de coordinación por videoconferencia con los responsables de Hacienda de las Comunidades Autónomas para coordinar la respuesta económica a la situación de emergencia creada por el COVID-19.

Montero trasladó que el Gobierno trabaja para que las comunidades autónomas cuenten con recursos adicionales para incrementar el gasto sanitario y combatir el COVID-19. En este sentido, el Ejecutivo español está defendiendo ante las autoridades europeas una propuesta para flexibilizar los fondos europeos para que las comunidades autónomas puedan utilizar estos recursos para destinarlos en el área de salud con el objetivo de sufragar las necesidades de gasto derivadas del Coronavirus.

La postura de España es avanzar hacia una mayor intervención de la UE que no solo permita una mayor flexibilización de los fondos, sino que cristalice en un ambicioso plan de inversiones públicas que, como señaló el presidente del Gobierno, es fundamental para abrir un proceso de reconstrucción en el ámbito social y económico una vez concluya la actual situación de emergencia.

La ministra de Hacienda recordó también que el Consejo de Ministros celebrado ayer acordó la distribución del Fondo Social Extraordinario que el Gobierno aprobó el pasado 17 de marzo para reforzar sus políticas sociales y de atención a familias, especialmente aquellas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.

Este fondo, dotado con 300 millones, se distribuirá por criterios objetivos. La población será la variable principal, aunque se tienen en cuenta otros factores como la dispersión o el porcentaje de población mayor de 65 años.

Reparto del Fondo Social Extraordinario

Este fondo, junto con otras medidas como la posibilidad de que los ayuntamientos puedan destinar hasta 300 millones de euros del superávit de 2019 a financiar los gastos de inversión en el área de servicios sociales y promoción social, contribuyen a dotar de mayores recursos en un momento en que la emergencia sanitaria puede generar tensiones de liquidez.

En este sentido, Montero defendió que el Ministerio de Hacienda está realizando un esfuerzo para que las comunidades autónomas cuenten con recursos. De hecho, este lunes las comunidades recibieron el primer pago de la actualización de las entregas a cuenta de las comunidades autónomas y que asciende a 1.434 millones. La ministra de Hacienda recordó que los recursos que las comunidades recibirán este año por el sistema de financiación autonómica no se están viendo perjudicados por el impacto negativo que el COVID-19 está teniendo sobre la economía. Las comunidades autónomas recibirán este año 115.887 millones de euros, la mayor cifra jamás registrada y un 7,32% más que el año anterior.

Aplazamiento extraordinario de préstamos

La ministra de Hacienda avanzó que el Gobierno reforzará el intercambio de información con las comunidades autónomas para tener datos precisos sobre el impacto presupuestario del COVID-19. Montero se mostró partidaria de flexibilizar las reglas fiscales, aunque señaló la importancia de prestar especial atención al Período Medio de Pago (PMP) en el ámbito de la salud para evitar cualquier problemática en el flujo comercial de los productos sanitarios.

El mayor intercambio de información se incluirá próximamente en un Real Decreto-Ley, que también contemplará otros cambios normativos beneficiosos para el sector productivo. Así, la reunión de hoy ha puesto de manifiesto que existe acuerdo en permitir que las empresas y trabajadores autónomos afectados por el Coronavirus puedan solicitar el aplazamiento del pago de principal y/o interés a satisfacer en lo que resta de 2020 de los préstamos concedidos por un organismo dependiente de las comunidades autónomas.

Además, también se acordó adoptar medidas de flexibilización en procedimientos tributarios para los contribuyentes que se relacionan con las Administraciones Tributarias autonómicas. Se trata de una medida que iría en línea con lo aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 17 de marzo y que concede un mayor margen de respuesta al contribuyente y contempla, en cuanto a la suspensión de plazos en el ámbito tributario, un horizonte temporal a favor del contribuyente.