El CGPJ establece unos servicios mínimos del 10% solo para funcionarios, pues otros cuerpos pueden teletrabajar  USO reclama la desinfección de los juzgados que suponen un foco de infección según las indicaciones de Sanidad y la provisión de EPI para quienes deban estar presencialmente

Madrid.- El Sindicato Profesional de Justicia de USO se muestra “decepcionado e indignado” por la actuación de los máximos responsables de la Administración de Justicia Española frente a la crisis sanitaria
motivada por la expansión del coronavirus covid-19. “El Ministerio de Justicia sigue insistiendo en mantener contra y viento unos servicios mínimos más propios de una huelga que de un estado de alarma. Establece que un 10% del personal de la Administración de Justicia debe acudir a los centros judiciales, auténticos focos de contagio, como por desgracia ha quedado contrastado en numerosos puntos del país”, denuncia Javier Toro, secretario general de SPJ-USO. “No nos cabe en la cabeza que, con los plazos procesales en suspenso y el decaimiento de un 90% de la actividad judicial, reconocido por el propio Ministerio,no se redimensione la resencia física en consecuencia. Solo se están tramitando los asuntos que afectan a derechos fundamentales, y parte de los procesos pueden hacerse mediante teletrabajo”, explica Toro.
Para el secretario general de SPJ-USO, “los funcionarios de Justicia estamos sufriendo un trato discriminatorio con respecto a otras instancias, donde sí se permite el trabajo en domicilio. El propio Consejo General del Poder Judicial se lo autoriza al colectivo de Jueces y Magistrados. Nos chirría mucho que el CGPJ
proclame que alza la bandera de la tutela de los derechos cívicos en el Juzgado a costa del peligro para la salud de los funcionarios nada más. Nos conminan a estar presentes en las instalaciones de judiciales poniendo en riesgo nuestra salud, la de nuestras familias y la de las personas que acudan a los juzgados”.
Por todo ello, Javier Toro exige al Ministerio de Justicia “que proceda al cierre total de aquellas dependencias judiciales en las que no se prestan servicios esenciales, como el Registro Civil u otros órganos y servicios en funciones de guardia. Que sí se mantenga un régimen especial de disponibilidad y continua localización del resto de personal, con la única finalidad de atender de forma exclusiva las actuaciones urgentes y completamente inaplazables. Abogamos por el cierre absoluto e inmediato de todos los centros de trabajo que son foco de contagio y que se proceda a la desinfección prevista por el Ministerio de Sanidad”. Por último, el sector de Justicia de USO reclama que, aquellos que deban cumplir dichos servicios esenciales “sean dotados con equipos completos de protección individual. Y que las sedes cuenten con los productos de higiene y material desechable aconsejado para garantizar la seguridad”.