Los ayuntamientos disponen de un mes para presentar sus propuestas a la Consejería de Derechos Sociales    

El Gobierno de Asturias ha hecho pública esta semana la convocatoria de financiación de las Áreas de Renovación y Regeneración Urbana (ARRU) por un importe de 815.000 euros. Los ayuntamientos deberán dirigir sus propuestas a la Dirección General de Vivienda, dependiente de la Consejería de Derechos Sociales, para lo que disponen de un plazo de un mes a partir del 25 de febrero, en que la resolución fue publicada en el Boletín Oficial del Principado (BOPA).  

Esta línea de financiación que regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 subvenciona obras de rehabilitación en edificios y viviendas, incluidas las unifamiliares, de urbanización o reurbanización de espacios públicos y de construcción de edificios en sustitución de otros demolidos, dentro de este tipo de zonas de renovación urbana o rural previamente delimitadas. Los ARRU también impulsan el desarrollo sostenible de las edificaciones y una mayor eficiencia energética de las viviendas.  

Las actuaciones realizadas en el marco de estas ayudas se desarrollan siempre contando con la opinión de los vecinos, que aportan parte de los fondos para su ejecución.   En  junio de 2018 se autorizó la firma del convenio de colaboración entre el Principado y el Ministerio de Fomento para ejecutar el plan estatal. Doce ayuntamientos asturianos, de menos de 5.000 habitantes, llevaron a cabo obras al amparo de esta actuación en 2019.  

Este tipo de medidas van encaminadas a mejorar las oportunidades en la zona rural asturiana y a reforzar sus servicios. Según el director general del Vivienda, Fermín Bravo, la experiencia de años anteriores en la aplicación de este programa demuestra que “nuestra inversión se multiplica por tres en estos municipios pequeños”.  

La nueva convocatoria admite proyectos para el mantenimiento de edificios y viviendas; la mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad; la reforma de las fachadas, azoteas, cubiertas y cimentación; la adecuación de interiores de los pisos; la urbanización o reurbanización de espacios públicos; los trabajos para una mayor eficiencia ambiental en materia de agua, energía, gestión de residuos y protección de la biodiversidad, y las obras de demolición de edificios.