María Jesús Montero anuncia también la aprobación de dos nuevos impuesto: sobre las Transacciones Financieras y sobre Determinados Servicios Digitales, para “modernizar el sistema tributario, hacerlo más justo y redistributivo, y adecuarlo a la nueva realidad económica”.
Madrid/Oviedo.-El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la derogación del artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores, que permitía a las empresas despedir a trabajadores y trabajadoras que estuviesen de baja por causas médicas justificadas.
Así lo han anunciado en rueda de prensa en Moncloa la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tras la reunión del Consejo de Ministros, que por segunda vez en la historia se ha celebrado en Zarzuela presidido por el Jefe del Estado.
Díaz explicó que con esta medida “estamos reparando una anomalía que tenía nuestro país en relación con otros países de nuestro entorno” y servirá para “reparar los derechos de los trabajadores y trabajadoras, que pueden sentirse tranquilos”, porque “a partir de hoy nadie va a ser despedido teniendo causa justificada de baja por enfermedad”.
En definitiva, la ministra de Trabajo ha subrayado que esta derogación –“que también supone ir desmontando la reforma laboral del PP”-, “da seguridad a los trabajadores de nuestro país”.
El #CMin deroga la posibilidad de despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo, aunque estas fueran bajas por enfermedad de duración inferior a 20 días.
Se deroga el Art. 52.d del Estatuto de los Trabajadores.
Esta medida beneficiará particularmente a las personas con discapacidad o con enfermedades de larga duración, que suelen tener más bajas de corta duración por razones vinculadas a sus patologías.
Impuestos a Transacciones Financieras y Servicios Digitales
Por su parte, María Jesús Montero anunció la aprobación de dos nuevos impuestos: el Impuesto sobre Transacciones Financieras y el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, para “avanzar hacia un sistema tributario más justo, redistributivo y que se adecúe a la nueva realidad económica”.
En cuanto al anteproyecto de ley del Impuesto sobre Transacciones Financieras, la llamada Tasa Tobin, explicó que este impuesto, de carácter indirecto, grava con un 0,2% la adquisición de acciones de sociedades españolas cotizadas con una capitalización bursátil superior a los 1.000 millones de euros. Es decir, “no afectará al campo de acción de las pymes, sino que recaerá sobre el intermediario financiero que ejecute la orden de adquisición”. Montero ha avanzado que la recaudación prevista de este impuesto asciende a 850 millones de euros anuales.
