El Consejo de la Sindicatura de Cuentas aprobó el 29 de enero el informe sobre el sector público local del Principado de Asturias, que está integrado por 133 entidades locales (ayuntamientos, mancomunidades y parroquias rurales) y 44 entidades dependientes (consorcios, organismos autónomos, sociedades mercantiles y fundaciones). Los trabajos se centraron en fiscalizar el cumplimiento de la obligación de rendición de las cuentas y el suministro de información en materia de contratación y de convenios a la Sindicatura relativa al ejercicio 2018 y en analizar las principales magnitudes presupuestarias, económicas y financieras.

De las 133 entidades locales con obligación de presentar sus cuentas generales, un 79,7 por ciento lo hizo en plazo (106); el resto incumplió con su obligación legal al remitirla fuera de plazo (Castrillón, Ponga, Teverga y la mancomunidad de Parres y Piloña) o no presentarla (doce ayuntamientos y once mancomunidades). Hay que destacar, no obstante, que el grado de cumplimiento de rendición de cuentas en plazo es el más alto de los últimos cuatro ejercicios, con la excepción de las mancomunidades.
La Sindicatura analizó además el proceso de las entidades locales para aprobar sus presupuestos y constató que de las 106 que rindieron cuentas, un total de 46 (44 ayuntamientos, una mancomunidad y una parroquia rural) no lo aprobó dentro del periodo máximo establecido por la Ley -antes de comenzar el ejercicio referido-, lo que pone de manifiesto una elevada utilización de la prórroga presupuestaria. Respecto a la aprobación de la liquidación, un 89,62 por ciento lo hizo dentro del plazo legal.

La liquidación de los presupuestos analizados (106 de las entidades locales y 40 de las dependientes) da como resultado que el gasto ejecutado en 2018 fue de 976.280.340 euros. Los ayuntamientos gestionaron el 91,36 por ciento de ese gasto y los organismos autónomos, el 7,76 por ciento. Los gastos de los capítulos de personal y de bienes corrientes y servicios son los que acumulan los mayores presupuestos: un 62,4 por ciento del total. El gasto total por habitante de todos los municipios ascendió a 940 euros. Los concejos de menos de 5.000 habitantes son los que más destinan a gasto por vecino: 1.169 euros.

Respecto a los ingresos, las entidades analizadas acumularon en el pasado ejercicio 1.026.972.801 euros. Los ayuntamientos generaron el 91,51 por ciento de los ingresos totales y los organismos autónomos, el 7,59 por ciento. Estos ingresos procedieron, en su mayoría, de impuestos directos y transferencias corrientes (el 72,2 por ciento).

La Sindicatura constata que, en el conjunto de las entidades, tanto el resultado presupuestario del ejercicio como el remanente de tesorería fueron positivos. El superávit por habitante en los ayuntamientos fue de 101 euros.
Las cuentas generales presentadas por todas las entidades dentro del plazo legal establecido (146) contenían 406 incidencias. De las explicaciones facilitadas por los afectados, la Sindicatura no aceptó 242 por resultar incoherentes y/o insuficientes. Con respecto a las cuentas de ejercicios anteriores (2006-2017), al cierre de los trabajos todavía estaban pendientes de rendir a este órgano de control externo un total de 145. Son, fundamentalmente, cuentas de mancomunidades (41,38 por ciento) y de consorcios (36,55 por ciento).
En materia de remisión de información de contratos del ejercicio 2018, de las 177 entidades que tienen la obligación de remitirla a la Sindicatura, lo hizo un total de 123. Respecto a la remisión de la información en materia de convenios, envió la documentación un total de 88 entidades.

La Sindicatura reitera varias recomendaciones a las entidades locales, entre ellas:
-La falta de actividad de forma continuada en los últimos ejercicios de algunas mancomunidades, consorcios, organismos autónomos y sociedades mercantiles hace poco recomendable que continúen existiendo, por lo que se aconseja que se inicien o culminen los respectivos procesos de liquidación y disolución.
-Las entidades locales deberían adoptar los procedimientos necesarios para garantizar que el presupuesto cumpla con su función de instrumento efectivo de la planificación de su actividad económico-financiera.
-Las entidades locales que incumplen con la obligación legal de rendición de cuentas tendrían que establecer mecanismos y procedimientos internos que aseguren un adecuado seguimiento de los procesos de rendición de sus cuentas generales para que culminase dentro de los plazos legalmente establecidos.