La cifra representa casi dos veces el Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia, explicó el Mandatario durante la presentación de la Agencia de la Defensa Jurídica de la Nación. Señaló que al dividir el monto de las pretensiones económicas por esta demandas, entre los 46 millones de habitantes del país, a cada uno le correspondería asumir cerca de 22 millones de pesos.
Bogotá, (SIG). El Estado colombiano enfrenta más de 260 mil procesos judiciales con pretensiones económicas por 1.028 billones de pesos, reveló este martes el Presidente Juan Manuel Santos.
Durante la presentación de la Agencia de la Defensa Jurídica de la Nación, el Mandatario explicó que la cifra -que corresponde a un estudio elaborado este año por el Banco Interamericano de Desarrollo- representa casi dos veces el PIB de Colombia.
Además, dijo que si los mil billones se dividieran entre los 46 millones de habitantes del país, a cada uno le correspondería “22 millones de pesos de riesgo por las demandas contra el Estado”.
Sin embargo, el Presidente Santos aclaró que este cálculo incluye un antiguo proceso contra el Ministerio de Agricultura, cuya reclamación individual supera los 594 billones de pesos.
“Este proceso se encuentra actualmente en segunda instancia ante el Consejo de Estado, luego de que la Nación saliera victoriosa en la primera instancia”, resaltó el Mandatario.
Reveló que de acuerdo con el Ministerio de Hacienda, desde el año 2000 hasta la fecha la Nación ha pagado 3.6 billones de pesos como indemnización a particulares.
Al respecto manifestó que el Estado no ha tenido buenas políticas de defensa. “Según una encuesta reciente en las oficinas de asesoría jurídica, sólo la tercera parte de las entidades nacionales tienen políticas integrales de defensa documentadas, lo que hace patente la necesidad de un ente rector de la gestión jurídica del Estado”, dijo.
A esto se suma –de acuerdo con el Mandatario- la falta de información para realizar una adecuada planeación presupuestal basada en una valoración de la contingencia, por lo que más de una vez el Gobierno Nacional se ha visto obligado a endeudarse para cumplir con fallos judiciales que se encontraban por fuera del presupuesto.
“Por ejemplo, en 2006 el Estado tuvo que emitir títulos de deuda por 200 mil millones de pesos para cancelar una obligación judicial proveniente de un par de procesos que se perdieron en el sector transporte. Y en el 2008 fue necesario emitir bonos por otros 90 mil millones de pesos para los mismos fines”, afirmó el Presidente.
Agregó que lo evidente es que hay una sobrecarga de trabajo en los servicios jurídicos del Estado, que cuentan con capacidades técnicas limitadas y con pobres sistemas de apoyo a la gestión de los casos.
Citó, entre varios casos, el de una abogada en Medellín que lleva, ella sola, la representación de 3.400 procesos del Seguro Social.
Puntualizó que la creación de la agencia significa menos riesgos y menos egresos para las finanzas públicas, “que no son las finanzas del Estado, sino las finanzas de todos los ciudadanos que se alimentan con los impuestos de todos”
