En Mercantil, tiene una tasa de congestión de 4,14 y en Violencia, de 2,85, frente a 1,45
SPJ-USO exige la vuelta del complemento de penosidad a los funcionarios implicados en Violencia contra la Mujer
Los juzgados del Principado están más saturados que la media nacional tanto en lo Mercantil como en Violencia contra la Mujer. En concreto, “Asturias padece una tasa de congestión en Mercantil que triplica la nacional, con 4,14 con respecto a 1,45; y en Violencia contra la Mujer, duplicándola, con 2,85”, denuncia Javier Toro, secretario general de SPJ-USO.
Son datos extraídos del informe sobre el colapso de la Justicia que se presentará en el 6º Congreso de la Federación de Empleados Públicos de USO, que hoy comienza en la localidad onubense de Isla Cristina, y que dará pie a una resolución especial “para instar a los poderes públicos a aplicar con urgencia un plan ‘anticrisis’ que cree órganos judiciales en las jurisdicciones más congestionadas para mejorar tiempos de respuesta; que se aumenten las plantillas de funcionarios en función a la carga y a las nuevas funciones atribuidas; y que se instaure de manera definitiva, pero con la calidad que permita una celeridad y eficacia reales, el expediente digital”, expone Javier Toro, secretario general de SPJ-USO.
Estas peticiones son producto “de las elevadas ratios que soporta la Justicia en materia de resolución de los expedientes que ingresan en un período; la pendencia o casos pendientes y resueltos al final de período; y la de congestión, que suma todo: los pendientes al empezar un período, los nuevos ingresos y los resueltos. En los tres casos las cifras son alarmantes. La tasa de pendencia ha subido en todo el país un 9,1% de 2017 a 2018; la de congestión, un 2,7%; y la tasa de resolución ha bajado un 1,4%”, continúa Toro.
El reparto de estos aumentos es dispar, afectando sobre todo a Primera Instancia, Mercantil, Penal y Violencia sobre la Mujer, que duplican esa subida general. Pero también ha subido en estos años, “desde el inicio del efecto de los recortes a los funcionarios, en 2012, el tiempo de respuesta en todos los ámbitos judiciales. Por ejemplo, en lo Social y lo Mercantil, hemos pasado, respectivamente, de 6,4 meses de espera en 2009 a 9,2 en 2018; y de 9 meses a 14,5”, añade Toro.
Y en Asturias, “además de hacer una llamada, por tener las competencias transferidas, de que la Justicia ya está desbordada y hay que tomar medidas urgentes para evitar el colapso total, queremos reclamar la extensión de la penosidad a los juzgados de lo Penal y la Sección III de la Audiencia Provincial. Tras recuperarse para Violencia contra la Mujer, debe tenerse en cuenta que son estos dos órganos los que celebran los juicios y ejecutan las sentencias, pasando los funcionarios por los mismos trances que los compañeros de Violencia”, reclama Carmen Peláez, delegada de SPJ-USO en Asturias.
