Recuerda que esta obra está incluida en el conocido como ‘Plan Junker’ a propuesta del Gobierno del PP cuya inversión ascendía a de 5.900 millones de euros para toda España.
Oviedo- El candidato del PP al Senado, Ramón García Cañal, advierte de que la validez de la declaración de impacto ambiental del proyecto para dotar de un tercer carril a la ‘Y’ caduca en 2019, “por lo que se corre el riesgo de que se retrase aún más la ejecución de esta obra”. Además, critica que el Gobierno Sánchez intenta hacer suyo en campaña electoral un proyecto que lleva retrasando más de un año tras paralizar el Plan de Inversiones para Europa, conocido como ‘Plan Junker’.
Así, recuerda que el Gobierno del Partido Popular dejó preparados en 2017 y susceptibles de incorporar al Plan de Infraestructuras de Carreteras los proyectos del Tercer carril A-8 Matalablima-Lugones y el de Gijón-Avilés; dos proyectos que ya contaban con la Declaración de Impacto Ambiental, vigente hasta diciembre de 2019, quedando pendiente de licitar la redacción del proyecto Gijón-Serín-Avilés para sus 18 kilómetros con un coste total de 93,7 millones de euros, de los cuales 38,4 millones se destinan a conservación y mantenimiento. Por lo que, alerta Cañal, “de no retomar de inmediato este proyecto, la Declaración de Impacto Ambiental puede caducar de acuerdo con la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental, y se corre el riesgo de retrasar aún más el proceso administrativo y su ejecución”.
El Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras diseñado por el Gobierno del Partido Popular y enmarcado dentro del Plan de Inversiones para Europa, preveía una inversión 5.900 millones de euros en cuatro años (2018-2021), mejorando o construyendo 25 grandes corredores y actuando sobre más de 2.000 kilómetros de carreteras. Además, su impacto sobre el empleo supondría como mínimo la creación de 150.000 puestos de trabajo. Ante la paralización por el gobierno Sánchez de los proyectos sin iniciar, agrega el candidato del PP, el Grupo Parlamentario Popular “presentó en el Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley instando a la tramitación del Plan Junker de todos los tramos que no se habían iniciado por el PP y que ahora tratan de anunciar como algo propio”.
Colaboración privada en la financiación
Cañal indica que la financiación de esta obra estaba basada en la colaboración con el sector privado mediante la utilización de fórmulas de pago por disponibilidad (Formulas PPD) y posibilitado por el compromiso de España de reducir el déficit público realizado en los últimos años, sextuplicando la capacidad de gasto que permite el presupuesto de un año. Contemplaba una serie de actuaciones sobre la Red de Carreteras del Estado consideradas prioritarias y susceptibles de ser gestionadas de forma indirecta por el Ministerio de Fomento en el marco recogido en la Ley 37/2015, de carreteras y la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). Todas las actuaciones recogidas pertenecen a la Red Transeuropea de Transportes, requisito imprescindible para poder ser cofinanciados por el Banco Europeo de Inversiones, a través del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, lo que abarata sus costes financieros. En este sentido, los proyectos del Plan Junker deben estar alineados con las políticas de la UE en materia de transporte (mejora de la seguridad vial y de las conexiones transfronterizas, eliminación de cuellos de botella…), y disponer de valor añadido, madurez y rentabilidad.
