La norma, que se remitirá a la Junta General para su tramitación, agiliza la gestión del salario social básico y blinda las ayudas en vivienda, discapacidad y dependencia
- El Consejo de Gobierno autoriza una partida de 3,3 millones para impulsar la nueva convocatoria del programa Joven Ocúpate, destinado a mejorar la inserción laboral de desempleados
- El Ejecutivo destina 702.187 euros a los trabajos preparatorios de 21 concentraciones parcelarias en oriente y occidente
El Gobierno de Asturias ha aprobado hoy el proyecto de Ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales, que blinda las principales medidas para dar cobertura a personas en situación de vulnerabilidad. La norma, que se remitirá a la Junta General para su tramitación, permitirá asegurar, consolidar y agilizar los apoyos económicos destinados a aquellos colectivos que más lo necesitan. La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar aspira a crear un sistema más eficiente, que evite las duplicidades e impulse la cooperación interadministrativa.
En este sentido, con el fin de recortar los plazos de tramitación, se promoverá la gestión simplificada, el régimen de concesión directa de subvenciones y la administración electrónica. El texto legal incluye medidas para acelerar el pago del salario social básico, así como exenciones para los ingresos provenientes del trabajo y de determinadas pensiones. También prevé la actualización de los programas personalizados de incorporación social y laboral ligados a esta renta mínima. Además, plantea apoyos adicionales para familias con menores y jóvenes, miembros con discapacidad y dependencia.
La norma propone, asimismo, medidas para garantizar la cobertura de las necesidades básicas de menores en acogimiento familiar, al tiempo que recoge las garantías jurídicas para abonar las compensaciones económicas a estos hogares de manera directa. En el ámbito de la vivienda, aspira a asegurar el derecho de toda la sociedad a un hogar digno. Con esa finalidad, simplifica la concesión de ayudas, que pasarán a otorgarse de forma directa. También garantiza unos mínimos comunes en todo el territorio en relación con las ayudas de emergencia social que gestionan las entidades locales y pone especial énfasis en la atención a la infancia, así como en los apoyos para el acceso y mantenimiento en la vivienda y contra la pobreza energética.
El texto cuenta con el visto bueno del Consejo Asesor de Bienestar Social y de la Comisión Asturiana de Administración Local. También ha sido presentado a los agentes sociales en el ámbito de la concertación, a los grupos parlamentarios, a la comisión ejecutiva de la Federación Asturiana de Concejos (FACC) y a las entidades del tercer sector. Por otra parte, se ha enriquecido con algunas alegaciones recibidas durante la fase de información pública. El proyecto de ley fue aprobado por el Consejo de Gobierno en la pasada legislatura, concretamente el 14 de noviembre de 2018. No obstante, como su tramitación en la Junta General no se completó, la iniciativa decayó en el pasado mandato, por lo que resulta preciso retomarla.
Mejora de la empleabilidad de la población joven
El Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto de 3.328.458 euros para impulsar una nueva convocatoria del programa Joven Ocúpate, que persigue mejorar la inserción laboral de desempleados jóvenes mediante un modelo que combina formación teórica con periodos de prácticas. Los jóvenes, especialmente aquellos que no cuentan con formación, afrontan mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo, por eso constituyen uno de los colectivos de atención prioritaria para el Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa). La iniciativa Joven Ocúpate consiste en un programa de 6 meses de duración que alterna la formación con el empleo.
Este modelo permite que muchos jóvenes obtengan formación profesional en competencias clave. Además, facilita la adquisición de habilidades para su inserción laboral, a través del fomento de actitudes positivas que refuerzan la iniciativa, el interés y el afán de superación. En los dos últimos años, a través de este programa, 50 entidades han desarrollado 85 proyectos de formación e inserción que han beneficiado a 870 jóvenes desempleados.
En total, en periodos de seis meses, se impartieron más de una veintena de especialidades formativas en familias profesionales relacionadas con actividades agrarias, edificación y obra civil, electricidad, electrónica, seguridad y medio ambiente. Estas actuaciones cuentan con financiación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ), en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil para el periodo 2014-2020. En 2017 y 2018, el Servicio Público de Empleo destinó 4,71 millones al programa Joven Ocúpate y los fondos aprobados hoy cubrirán la convocatoria de este año y el próximo.
Becas de formación para cursos de formación para el empleo
El Ejecutivo ha autorizado dos expedientes de gasto para el abono de becas destinadas al alumnado desempleado que ha participado en cursos y actividades de formación para el empleo. Se trata de ayudas de transporte, manutención, alojamiento y conciliación; estas últimas dirigidas a facilitar la asistencia a quienes tienen a su cargo a menores de 12 años o familiares dependientes. Además de estas modalidades, se contemplan, con carácter excepcional, becas para determinados colectivos de desempleados y personas con discapacidad.
Para este año y el próximo se destinarán 175.855 euros en concepto de becas y ayudas para alumnado de centros de formación profesional para el empleo y otros 148.324 para el de centros integrados de FP.
Impulso a las concentraciones parcelarias en occidente y oriente
El Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto de 702.188 euros para los trabajos preparatorios de 21 concentraciones parcelarias que se llevarán a cabo desde este año y hasta 2021. Estas actuaciones cuentan con financiación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader). Las concentraciones parcelarias a las que va destinada la inversión han sido declaradas de utilidad pública, interés social y urgente ejecución, con el fin de mejorar la gestión de la propiedad y los accesos a fincas. Estos procesos son fundamentales para superar la histórica fragmentación de la propiedad en Asturias, un condicionante que dificulta el crecimiento de las explotaciones agrarias, el uso de maquinaria y el aprovechamiento de la tierra.
A través de las concentraciones se logra la ordenación de la superficie agraria, que permite un uso adaptado a las necesidades agrícolas, ganaderas y forestales de cada zona. Las concentraciones parcelarias a las que se destinan los fondos son las siguientes:
- Adralés-Villar de Adralés-Carballedo-Amago (Cangas del Narcea).
- Grandamarina (El Franco).
- La Braña (El Franco).
- La Artosa (Valdés).
- Merillés-Tueres-Combarcio (Tineo).
- Montes de Abres y Guiar (Vegadeo).
- Montes de Fabal y Lamisqueira (Taramundi).
- Monte de Villayón (Villayón).
- Ponticiella (Villayón).
- Sarceda (Santa Eulalia de Oscos).
- Villamartín (Santa Eulalia de Oscos).
- Arcallana (Valdés).
- Castro-Pereda-Villar de Ayones (Valdés).
- Faedo de Ayones (Valdés).
- Folgosa (Grandas de Salime).
- Huerres- La Isla (Colunga).
- Lagúa (Ibias).
- Mones- La Mortera-Faedal-Espiniella (Valdés).
- Piedrafita-Jalón (Cangas del Narcea).
- Tablado-Francos (Tineo).
- Villar de Bergame (Cangas del Narcea).
Cesión al Ayuntamiento de Boal de tres locales en La Pilella
El Ejecutivo ha aprobado la cesión gratuita al Ayuntamiento de Boal de tres locales ubicados en los sótanos de las viviendas de protección autonómica de La Pilella. El concejo utilizará los locales, que suman una superficie total de 243,88 metros cuadrados, para almacén municipal y archivo de documentación.
Cese del gerente del Servicio de Emergencias del Principado
El Consejo de Gobierno ha acordado el cese, a petición propia, del gerente del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (Sepa), Eugenio García. También ha aprobado las bases de la convocatoria para cubrir esta plaza, que se publicarán mañana en el Boletín Oficial del Principado (Bopa).