El Gobierno de Asturias se compromete a resolver en plazo todos los expedientes de dependencia y salario social

El Principado impulsará un plan de choque para simplificar la tramitación de ayudas y evitar duplicidades

El departamento que dirige Melania Álvarez reorganiza las áreas asistenciales del ERA e incorpora una nueva centrada en la calidad, la seguridad y la atención sociosanitaria

El Ejecutivo retoma el proyecto de Ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales, que llevará al Parlamento en el primer periodo de sesiones

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, ha asumido hoy el compromiso de resolver en plazo todos los expedientes relacionados con las ayudas a la dependencia y el salario social, para dar cobertura lo antes posible a las personas que solicitan alguna de estas prestaciones. 

La titular del área ha reconocido retrasos en la tramitación administrativa y ha pedido disculpas a la ciudadanía. “En política, como en la vida, es bueno pedir disculpas, y hoy quiero hacerlo por la demora en las valoraciones de la dependencia y en la gestión del salario social”, ha señalado.

Álvarez ha comparecido esta mañana en la Junta General para exponer el programa de gobierno de su área y ha detallado las medidas que llevarán a cabo para reducir las esperas. Así, ha anunciado mejoras en la gestión y avances en la adaptación a las nuevas demandas sociales a través de renovados modelos de atención. También se impulsará un plan de choque con el fin de simplificar la tramitación y evitar duplicidades.

La consejera ha explicado que durante este mandato se desarrollará la Ley Integral de Personas Mayores, orientada a mejorar su calidad de vida, facilitar su atención sociosanitaria, su participación social y su acceso a la cultura. “No se puede gobernar de espaldas a un colectivo que representa más del 25% de la población asturiana”, ha advertido.

En relación con la atención a mayores, ha anunciado cambios en la estructura del organismo autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA), que incorpora una nueva área asistencial centrada en la calidad, la seguridad y la atención sociosanitaria.

Emancipación de jóvenes

Las prioridades en materia de vivienda se centrarán en la lucha contra la exclusión residencial, para lo que Derechos Sociales trabajará en colaboración con los ayuntamientos. El principal objetivo es cubrir las necesidades de los colectivos de emergencia social e implantar modelos innovadores como el Housing first (viviendas para personas que viven en la calle), favorecer el acceso a la vivienda a precios asequibles y  ayudar a emanciparse a la población menor de 35 años.

Prioridad legislativa

El Ejecutivo retomará el proyecto de Ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales, que llevará al Parlamento en el primer periodo de sesiones. Esta iniciativa permitirá consolidar y mejorar el salario social básico.

Además, antes de que finalice el año, presentará la Estrategia de atención a personas con diversidad funcional, que defiende un nuevo modelo de atención basado en la persona. “No escatimaremos esfuerzos en este ámbito”, ha afirmado la consejera.

Atención a la infancia

Por su parte, el Instituto Asturiano para la Atención Integral a la Infancia y a las Familias reforzará los programas de acogimiento temporal y permanente de menores de 0 a 3 y de 4 a 6 años. En el mismo sentido, se reforzarán los programas de transición, para favorecer la incorporación de menores tutelados a la vida autónoma.

Estrategia de lucha contra la pobreza y la exclusión

La consejera ha informado de que su departamento trabaja en el desarrollo de la Ley de Acción Concertada con entidades de iniciativa social y de que ya se han sentado las bases para avanzar en la definición de una Estrategia de lucha contra la pobreza y la exclusión. Asimismo, se ha comprometido a abordar la reforma de la Ley de Servicios Sociales.

Álvarez ha añadido que uno de sus principales propósitos será hacer más comprensible y sencilla la terminología de los expedientes, de modo que la ciudadanía pueda entender sin dificultad el lenguaje ante cualquier trámite. Se trata de apostar por la lectura fácil y mejorar los canales de comunicación con la población.

INTERVENCIÓN de LA CONSEJERA DE Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez

Junta General del Principado de Asturias

Agradezco la oportunidad que nos brinda esta Cámara de comparecer ante la máxima representación de las asturianas y los asturianos para presentar nuestro compromiso con la búsqueda de respuestas a los desafíos presentes, y con la definición y puesta en marcha de soluciones de futuro para Asturias.

Presentaré un programa de legislatura ambicioso al tiempo que realista. Un relato posible, que responde a las expectativas de una sociedad en cambio, como hilo conductor del trabajo, intenso, que pilotarán las personas que me acompañan en esta comparecencia y que forman parte del consejo de dirección de la consejería, junto a las responsables de los órganos desconcentrados y autónomos que recaen bajo la responsabilidad de esta consejería. Mujeres y hombres comprometidos con Asturias, con sus dificultades y con sus oportunidades: Gadea Badal Ortiz, Secretaria General Técnica; Jimena Pascual Fernández, directora general de Planificación, Ordenación y Adaptación al Cambio Social; Trinidad Suárez Rico, directora general de Servicios Sociales y Mayores; Paula Álvarez Herrera, directora general de Gestión de Derechos Sociales; Fermín Bravo Lastra, director general de Vivienda; Carlos Becedóniz Vázquez, director del Instituto Asturiano para la Atención Integral a la Infancia y a las Familias, y Ana Suárez Guerra, gerente de Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA).

Se trata de un equipo en buena medida renovado, con conocimiento, experiencia, energía y entusiasmo suficientes para afrontar los retos que nos esperan en esta legislatura. Un equipo a la altura de las circunstancias que conoce, dialoga y actúa, elementos todos ellos clave a la hora de poner en marcha todas las iniciativas que desde la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar hemos identificado como prioritarias para consolidar el sistema asturiano de servicios sociales. A todos ellas mi agradecimiento por haber respondido positivamente a nuestra petición de formar parte de este Gobierno.

Y hago extensivo también mi sincero agradecimiento a las personas responsables de estas áreas en la anterior legislatura, que se esforzaron y trabajaron duramente para mejorar la vida de las personas y la eficacia del sistema de apoyo social.

Si algún territorio ha sido capaz de defender un “contrato social global que no deje a nadie atrás” tal como se define en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, ese territorio ha sido Asturias. Deberíamos sentir el orgullo colectivo de haber sido capaces de afrontar un período de crisis atroz como el que hemos vivido, y de cuyas consecuencias aún no hemos sido capaces de recuperarnos, afianzando un sistema de servicios sociales que, sin duda, ha contribuido a mitigar sus efectos entre los colectivos más vulnerables, haciendo el mayor de los esfuerzos para proteger a aquellas familias que más lo necesitaban.

No será seña de identidad de este equipo mirarse al ombligo, créanme. De ahí que tome como referencia los datos que recoge el último informe AROPE, que, concluye que, en 2017, en Asturias “la tasa de pobreza se había reducido un 6 por ciento con respecto a la experimentada en el año anterior. Asturias continúa por segundo año su proceso de reducción de la tasa de pobreza, que se sitúa actualmente en el 12,6 por ciento y es la cuarta comunidad autónoma con la tasa más baja” -la segunda si excluimos a las autonomías con régimen foral-, y “una de las seis regiones que ha conseguido reducir su pobreza por debajo de la registrada en el último año anterior a la crisis”. Esto se traduce, Señorías, en que, según dicho estudio, “en Asturias hay unas 130.000 personas en riesgo de pobreza, 12.000 menos que en el año 2008”.

Recordando las palabras del Presidente en su discurso de investidura, cito textualmente, “conseguirlo no ha sido fácil: el presupuesto dedicado al salario social básico se ha multiplicado. En 2018 se elevó a 124 millones y en mayo de este año la cobertura superaba las 45.000 personas. Cantidades que retratan una Asturias solidaria, que planta cara a la desigualdad y se afana en evitar la exclusión. Durante este mandato mantendremos este compromiso, al tiempo que favoreceremos la inclusión sociolaboral de quienes la perciben y, sobre todo, pondremos en marcha las políticas capaces de generar actividad y empleo para abordar el problema desde la raíz.”

Por lo tanto, a pesar de las dificultades, que son todavía muchas y de envergadura, hay lugar para el reconocimiento del esfuerzo realizado por el conjunto de la sociedad asturiana. Un esfuerzo compartido y con enfoque multidisciplinar en el que juegan, cada día, un papel más que relevante los y las profesionales de los servicios sociales, ya sean éstos del ámbito municipal o autonómico o que desarrollen su labor dentro o fuera de las administraciones públicas.

Decía Jean Paul Sartre que “el compromiso es un acto, no una palabra”. Y esa será la máxima de este equipo a la hora de afrontar la tarea que tenemos por delante. A cada compromiso, una acción. Volcaremos todos nuestros esfuerzos en agilizar la respuesta de nuestro departamento a los problemas de la ciudadanía; problemas que especialmente en esta consejería tienen rostros, nombres y apellidos.

La lucha contra la desigualdad será uno de los ejes de Gobierno, y los derechos sociales y la igualdad de oportunidades serán elementos vertebradores de su acción.

Para ello partimos de dos objetivos estratégicos que guiarán la acción de gobierno en materia de derechos sociales y bienestar a lo largo de los próximos cuatro años: la imprescindible simplificación de la gestión de los derechos sociales, y la necesidad de adaptarnos como sistema a los nuevos cambios sociales que condicionarán, sin lugar a dudas, el futuro del mismo.

Antes de continuar quiero aprovechar esta oportunidad para hacer autocrítica. Como saben, somos un gobierno cercano, que trabajará con humildad y sensibilidad, y como tal conocemos los problemas reales de la sociedad asturiana. Además, creemos que en política, como en la vida, es decente pedir disculpas, y hoy quiero hacerlo ante la ciudadanía asturiana por la demora que presenta la gestión de valoraciones de la dependencia, que hago extensivas también a las referidas al Salario Social Básico. Es un dato objetivo y la mayor preocupación de esta consejera, que hoy se compromete a reducir al máximo las listas de espera en dependencia y salario social básico. De tal manera que, en un año, todos los expedientes se resolverán en plazo.

Como les decía, a cada compromiso, una acción, y de éste rendiremos cuenta periódicamente, en esta Cámara, informando con detalle sobre la evolución de las propuestas de mejora que, de manera inmediata, pondremos en marcha.

El compromiso adquirido se traduce en la introducción de mejoras en la gestión, y en avanzar en la adaptación a las nuevas demandas sociales a partir de la definición de nuevos modelos de atención.

El primer paso ha sido orientar la estructura de la consejería a la consecución de estos objetivos estratégicos. Para ello, ya se ha modificado la distribución funcional de las competencias en materia de gestión de la dependencia, coordinando todas ellas bajo la Dirección General de Gestión de Derechos Sociales, desde la valoración hasta la evaluación y control de la prestación, pasando por la gestión de reconocimiento y revisiones posteriores.

Dependencia

Procedo ahora a describir a grandes rasgos la situación de partida a la que nos enfrentamos en relación al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en nuestra región.

La anterior legislatura ha venido - sin duda -, marcada por la plena implantación del Sistema que supuso la entrada en vigor del derecho de las personas dependientes con Grado I en el mes de julio de 2015, poniéndose fin a la moratoria decretada por el Gobierno central en 2012. Esto ha conllevado un notable aumento tanto en el número de personas reconocidas como dependientes como en la inversión.

Otro de los aspectos relevantes es el de la sostenibilidad del Sistema. Asturias ha defendido activamente, junto a otras comunidades autónomas, la necesidad de reclamar las cantidades que dejamos de percibir desde 2012 y de un nuevo sistema de financiación finalista, que tenga en cuenta el coste de las prestaciones y un reparto equitativo entre Administraciones. La ausencia de Gobierno central ha frustrado la adopción de las medidas previstas para continuar con la recuperación del nivel de financiación.

Pese a la clara insuficiencia de la financiación estatal al Sistema, este año se ha recuperado su carácter universal en Asturias, con la publicación en el mes de junio de la resolución por la que se establece un importe garantizado para las prestaciones económicas. Esto implica que desde el pasado uno de mayo nadie pueda percibir una prestación económica por un importe inferior a los señalados en dicha resolución.

A las luces que suponen la plena implantación y la recuperación del carácter universal, se le contraponen dos sombras que vienen acechando desde el inicio al Sistema: la financiación insuficiente, ya mencionada, y las listas de espera.

Evitar la incertidumbre, el desasosiego, la frustración y la impotencia; en suma, los graves perjuicios que esta espera acarrea a las personas dependientes y a sus familias, será el gran objetivo de la presente legislatura. Para ello, pondremos en marcha un Plan de Choque, con una duración de dos años, durante los que se irán adoptando una batería de actuaciones a corto, medio y largo plazo.

En primer término, se adoptarán medidas urgentes para la optimización de los procesos y de los medios personales y materiales existentes. Se procederá también a eliminar duplicidades y a simplificar la tramitación, y se apelará a la colaboración y coordinación con las entidades locales y demás recursos en el territorio, principalmente, del ámbito de la salud.

De manera paralela, revisaremos la normativa sobre el procedimiento, todo ello a la vista del resultado de las medidas adoptadas.

También continuaremos exigiendo y colaborando para la mejora de financiación del sistema, ya que, sin la misma, cualquier meta que nos marquemos requerirá de nosotros mucho más esfuerzo, y el riesgo de incumplirla será mayor.

La gestión de los derechos sociales se ha visto complementada en la estructura de la consejería con las competencias en materia de inspección y acreditación, con el objetivo de incrementar el número, la eficiencia y eficacia de las visitas de inspección, de manera que, en estos cuatro años, todos los centros hayan sido inspeccionados; revisar la normativa sobre autorización y acreditación de centros y servicios, para simplificar la tramitación y velar por la calidad real de la atención que exige el Sistema de Dependencia, y continuar explorando y apoyando fórmulas innovadoras de atención, como la de los alojamientos colaborativos para personas mayores.

La gestión de la dependencia tiene que ver en gran medida con la gestión de las políticas destinadas a las personas mayores, tanto en la dimensión de prevención como en la necesaria intervención. El dato objetivo nos sitúa ante una realidad social en la que más del 25 por ciento de la población asturiana cumple más de 65 años, y de ahí la relevancia que hemos querido aportar a las políticas de mayores, que recaerán fundamentalmente en la ahora denominada Dirección General de Servicios Sociales y Mayores.

Durante la presente legislatura, teniendo en cuenta la tendencia demográfica, se incidirá en la adaptación al cambio de perfil de las personas mayores en Asturias a través de la creación de canales y cauces de participación, y en el acercamiento de servicios como medida imprescindible para alcanzar la equidad en el acceso a los recursos desde el mundo rural.

No se puede gobernar de espaldas a un colectivo que representa más del 22 % del total de la población en las áreas urbanas y que en algunas zonas rurales llega al 40%. Es importante diseñar políticas transversales que tengan en cuenta las necesidades de las personas mayores, que tengan en cuenta al colectivo de familias cuidadoras y a las y los profesionales que desarrollan su trabajo en este campo. Es necesario fortalecer los servicios y recursos de proximidad ampliando la cartera de servicios ofrecidos a través del Plan Concertado de Servicios Sociales, y potenciar la ampliación de los programas Rompiendo Distancias y los de Envejecimiento Activo.

Otro reto para la presente legislatura es la elaboración de la Ley Integral de Personas Mayores, con el objetivo de mejorar su calidad de vida en aspectos como el sociosanitario, de participación social, de acceso a la cultura y a los recursos, residan en el lugar que residan, y que posibilite nuevas formas de convivencia.

En este marco, la batalla contra la soledad no deseada en las personas mayores será uno de los principales desafíos que abordará la consejería. El desarrollo de la Estrategia de Envejecimiento Activo (ESTRENA) 2018-2021 constituye una oportunidad para ampliar esa visión protagonista del colectivo de personas mayores y dotarles de un papel relevante.

Como parte de esta estrategia, impulsaremos los resultados del trabajo realizado en el marco de la iniciativa Reference Site Asturias, que coordina la Comisión Europea, y que fue puesta en marcha en 2016 con la colaboración de otros agentes públicos y privados. Esta iniciativa nos permite potenciar proyectos innovadores en relación con el envejecimiento y la ampliación de los servicios de proximidad que favorezcan la permanencia de las personas mayores en el entorno de vida habitual. Cabe recordar que hace dos días recogimos en Dinamarca la máxima distinción de este programa, lo que nos consolida como un referente a nivel europeo y nos anima y motiva a seguir trabajando por mantener este nivel de excelencia.

Conscientes del importante papel que asumen las entidades locales como agentes activos en las políticas de personas mayores, apoyaremos la Adhesión a la Red Mundial de Entornos y Ciudades Amigables con las personas mayores de la Organización Mundial de la Salud.

ERA

En Asturias, la política de personas mayores está indiscutiblemente ligada a la evolución del organismo autónomo ERA.

Desde la última regulación de su estructura, el ERA ha experimentado una notable ampliación en todos sus ámbitos de gestión, tanto en el volumen de recursos económicos y recursos humanos que lo sirven como en el número de centros propios o el de plazas concertadas en centros ajenos. Teniendo en cuenta esta realidad, y una vez está a punto de finalizar el procedimiento de revisión y gestión de liquidación y recaudación de deuda, se hace imprescindible adecuar dicha estructura a una nueva realidad poblacional y de dependencia con criterios de eficacia, eficiencia, calidad, seguridad, evidencia y servicio a los ciudadanos.

Para ello planteamos una reorganización de las áreas existentes incorporando una nueva, de calidad, seguridad y atención sociosanitaria, que se ocupará entre otras de la implantación y desarrollo de las buenas prácticas basadas en la evidencia, en potenciar entornos seguros y participativos, en la realización de auditorías, diseño, análisis y evaluación de indicadores para una adecuada monitorización y gestión de la calidad, y en asegurar una atención centrada en la persona con criterio sociosanitarios.

La seguridad y la humanización en nuestros entornos de atención directa a los y las residentes serán otros de los pilares, que se verán acompañados de un plan de formación.

El cuidado del profesional desde la participación, para favorecer la motivación y la profesionalización, será otro objetivo al que se prestará especial atención.

También potenciaremos la participación de los residentes, de los familiares o cuidadores y de otros movimientos asociativos, como elemento integrador de las mejoras llevadas a cabo. Desde un punto de vista intersectorial, y en colaboración con Salud, desarrollaremos un programa de formación y apoyo a las personas cuidadoras, especialmente con aquellas cuyo familiar esté en una plaza temporal.

Realizaremos un análisis detallado de la necesidad de plazas según demanda real y el perfil poblacional. Asumiendo inicialmente la necesidad de aumentar el número de plazas, habilitaremos 66 plazas más en el Centro Polivalente de Recursos del Naranco, lo que implicará un incremento en el número de personal contratado. A estas plazas se sumarían las 120 vinculadas al centro residencial de Lugones.

Salario social

Pasamos a continuación a hablar del Salario Social Básico, principal instrumento en nuestra región de lucha contra la exclusión social.

Con la aprobación de la Ley Asturiana de Salario Social Básico, en 2005, y de la Ley estatal de Promoción de la Autonomía Personal en 2006, el Sistema de Servicios Sociales pasó a garantizar los derechos sociales y la universalidad en la atención.

La firme apuesta por la consolidación de estos derechos ha supuesto un gran avance social y de cohesión para la región, que se ha posicionado en el conjunto del Estado como una de las comunidades autónomas con mayor desarrollo en estas materias. La realidad, Señorías, es que Asturias es la tercera región con mayor cobertura de rentas mínimas del Estado español, sólo por detrás de País Vasco y Navarra.

El gran reto de la presente legislatura será el blindaje de ambos derechos mediante la creación del Sistema Asturiano de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales y el refuerzo del Sistema de Dependencia.

Aunque se ha producido una estabilización en los últimos años del número de perceptores y de la prestación (alrededor de 22.500 perceptores al año y un presupuesto en 2018 de 124 millones de euros), se ha generado por el contrario un importante aumento de las revisiones: cada mes, más de 1.850 personas comunican variaciones en su situación que pueden repercutir en su derecho al salario o en su cuantía.

Solucionar los problemas generados por este volumen de trabajo exige avanzar con el Proyecto de Ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales. Para ello, remitiremos el proyecto de ley nuevamente a esta Cámara en este primer periodo de sesiones de la legislatura, para su debate y aprobación.

De ser aprobada, se podrán poner en marcha diferentes medidas que paso a resumirles a continuación.

·         Primarán las medidas de agilización como el uso de la declaración responsable, la tramitación por urgencia, y la simplificación de los procedimientos de concesión, revisión, suspensión y extinción.

·         Se introducirán exenciones para los ingresos provenientes del trabajo, con el objeto de incentivar el acceso a un empleo de las personas beneficiarias, y asimismo, se reforzarán las medidas de integración laboral.

·         Se prestará una atención diferenciada a las personas mayores, a través de la exención a ingresos provenientes de pensiones, y de la creación de un complemento a las pensiones no contributivas para personas que vivan solas.

·         Se regularán los denominados complementos vitales, que implican un incremento de la cuantía del salario social básico, destinado al apoyo a las familias con menores y jóvenes, a las personas con discapacidad o dependencia, y a sufragar los gastos del alquiler de vivienda.

Todas estas medidas deberán ir acompañadas de la mejora de los medios personales y materiales, para que sean verdaderamente acordes al volumen de expedientes, y de acciones para una mayor coordinación y colaboración con otras administraciones y organismos públicos, lo que permitirá entre otras un mejor control y seguimiento de la prestación y la lucha contra el fraude.

Vivienda

Paso a continuación a abordar otra de las líneas de acción de este gobierno en materia de inclusión social, y concretamente la referida al derecho de acceso a una vivienda digna.

Permítanme que destaque tres rasgos relativos a la vivienda de Asturias. Por un lado, somos la segunda comunidad autónoma que más vivienda pública tiene en alquiler por habitante, concretamente 9.720 viviendas, con una renta media mensual de 82,83 euros, lo que hace también que nuestro mercado de alquiler privado sea más asequible. En lo referente a las ayudas al alquiler, destaca el notable incremento producido en la solicitud de ayudas en los últimos años, de 2.867 en 2013 a 13.345 en 2018.

En relación con la rehabilitación edificatoria, somos una de las comunidades autónomas, junto a Navarra y País Vasco, que más actividad rehabilitadora tiene por habitante, debido en gran parte a la apuesta por las ayudas públicas y a contar con un sector muy especializado y cualificado: baste de ejemplo indicar que tenemos a dos de las empresas rehabilitadoras de mayor tamaño de nuestro país.

Nuestra política de vivienda para esta legislatura se basará en tres ejes: consenso con el sector, con los ayuntamientos y con esta Cámara, la ejecución del Plan Asturiano de Vivienda 2018-2021, y asumir nuevos retos con la innovación como filosofía.

El Plan Asturiano de Vivienda 2018-2021 supone un inversión de 100 millones, con una aportación estatal de 52,8 millones, y se vertebra en 4 ejes: vivienda asequible, vivienda accesible y sostenible, garantía habitacional y lucha contra la exclusión residencial y actuaciones normativas y estudios.

Las acciones a favor de la vivienda asequible se basan principalmente en continuar promoviendo nuestro ejemplar parque de vivienda pública en alquiler y fomento del alquiler privado a precios asequibles. Además, tendrán continuidad las ayudas a la compra sostenibles y la búsqueda de otros accesos a vivienda asequible, como el modelo cohousing o cesión de uso temporal a largo plazo. Se potenciará el acceso a la vivienda a los jóvenes menores de 35 años y en todo el territorio asturiano, con el fin de contribuir a la lucha contra el despoblamiento de las zonas rurales.

Las acciones a favor de la vivienda accesible y sostenible se basan principalmente en las ayudas a la rehabilitación edificatoria, las áreas de regeneración urbana en zonas rurales y el mantenimiento del parque público.

Las acciones a favor de la garantía habitacional y lucha contra la exclusión residencial pretenden trabajar conjuntamente con los ayuntamientos asturianos para cubrir la necesidad de vivienda con mayor emergencia social, así como actuaciones en la gestión comunitaria de las viviendas, nuevos modelos sociales innovadores como el HousingFirst, y planificar actuaciones que beneficien a las personas mayores o con problemas de movilidad.

Discapacidad

Señorías, otra de las políticas en las que no escatimaremos esfuerzos es la que se dirige a las personas con discapacidad. Para ello, continuaremos la senda iniciada en la anterior legislatura y fortaleceremos la atención integral a estas personas poniendo en marcha, entre otras, las siguientes medidas:

·         Presentaremos antes de que finalice el año la Estrategia de Atención a Personas con Discapacidad, orientada a la reordenación de las actuaciones y los servicios bajo la perspectiva del modelo de atención centrado en la persona.

·         Ampliaremos la atención temprana, coordinando acciones desde salud, servicios sociales y educación.

·         Elaboraremos la Estrategia de accesibilidad universal y, en línea con esta iniciativa, pondremos en marcha un Consejo de Accesibilidad Universal.

·         Garantizaremos la inclusión escolar de niños y niñas con diversidad funcional, preservando los centros especiales para aquellos con dificultades de inclusión.

·         Fomentaremos el empleo para personas con diversidad funcional a través del impulso de los Centros Especiales de Empleo y del apoyo a su participación en proyectos europeos.

·         Desarrollaremos programas de Apoyo en el Entorno destinados a que las personas con diversidad funcional y sus familias tengan acceso a todos los bienes sociales sin restricciones.

Una buena parte de estas iniciativas se realizarán de la mano de las entidades de iniciativa social en el ámbito de la diversidad funcional y, por supuesto, fortaleciendo el papel de la Fundación Asturiana de Atención y Protección a Personas con Discapacidades (FASAD) y el de la Fundación Asturiana para la promoción del empleo y la reinserción sociolaboral de las personas con discapacidades y en grave riesgo de marginación social (FAEDIS).

Infancias y familias

Paso a relatarles las líneas de acción destinadas específicamente a la infancia y a las familias.

Consolidaremos la red de servicios de atención a la infancia, tanto a través de la necesaria cooperación de los Servicios Sociales autonómicos y comunitarios en el territorio como con la colaboración de las entidades sociales, con el objetivo principal de facilitar el acceso de las familias a las prestaciones y recursos que proporcionen a los y las menores entornos vitales seguros y adecuados.

En este sentido, otro de los objetivos será el refuerzo de los programas de acogimiento familiar temporal y permanente de menores de 0 a 3 y 4 a 6 años. Consideramos imprescindible dotar a las familias acogedoras de los recursos y apoyos de todo tipo para que presten a los niños y niñas acogidos las atenciones, educación y cuidados que proceden en cada etapa evolutiva.

Otro de los objetivos fundamentales en esta materia será la elaboración de una nueva Ley de Infancia del Principado de Asturias, para adaptarla a los cambios introducidos en la legislación estatal reformada en 2015.

Igualmente, está previsto ampliar los programas de parentalidad positiva y de apoyo a las familias, e incrementar los programas de transición a la vida adulta, para favorecer la incorporación de las y los menores tutelados a la vida independiente, con recursos propios o a través de entidades sociales especializadas. En esta línea, cobra especial atención el refuerzo de los recursos para la atención a los menores extranjeros no acompañados, para fomentar su plena integración y favorecer la transición a la vida adulta.

Consideramos necesario también actuar en la prevención de la transmisión de desventajas entre generaciones, con una especial atención a la infancia en situación de vulnerabilidad. Fortaleceremos las medidas contra la pobreza infantil coordinando las prestaciones del Salario Social con las que aporta el Gobierno de España, y desarrollaremos medidas que nos permitirán mejorar las acciones de protección de la infancia frente a la violencia y los abusos.

Señorías, desde el año 2004 esta consejería, a través del Instituto y del Observatorio de la Infancia, y en colaboración con los ayuntamientos, ha convertido a nuestra comunidad en modelo y referente en el desarrollo de políticas que promueven la participación infantil en el ámbito municipal y autonómico. El “modelo Asturias” de participación infantil está siendo replicado en muchos territorios. Ahora es momento de mantener y perfeccionar el trabajo realizado. Así, seguiremos trabajando en la ampliación de la iniciativa de Ciudades Amigas de la Infancia, pondremos en marcha el Consejo Autonómico de Participación Infantil y Adolescente del Principado de Asturias; activaremos el Pacto con la infancia, firmado por todos los grupos políticos parlamentarios de esta cámara, como instrumento para velar por el cumplimiento de los derechos de la infancia en esta comunidad autónoma, y se aprobará un Plan de Infancia.

Tercer sector

A día de hoy no se entendería el trabajo desarrollado desde el Sistema de Servicios Sociales aislado del que desarrollan otros actores, entre los que cobra un protagonismo esencial el Tercer Sector. Conscientes de ello, la consejería está definiendo el desarrollo de la Ley de Acción Concertada con Entidades de iniciativa social para la prestación de servicios sociales, y ya hemos sentado las bases para avanzar en el trabajo conjunto que nos lleve a definir, entre otras iniciativas, una Estrategia de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión.

Tampoco se puede obviar el papel que juega, en este ámbito, el voluntariado, y por ello, apoyaremos la labor que vienen desarrollando los Centros de Voluntariado y Participación Social, impulsaremos el Consejo del Voluntariado y pondremos en marcha el Observatorio Asturiano de Voluntariado.

Para este gobierno, las alianzas que el sistema asturiano de servicios sociales ha tejido con el conjunto de la sociedad asturiana hacen del trabajo colaborativo y en red una de las fortalezas del mismo.

Planificación y ordenación

Hace ahora cuatro años se creaba una dirección general que englobaba las tareas de planificación y ordenación, lo que facilitó la adaptación del Sistema Asturiano de Servicios Sociales al cambio social, así como promover una mejora de los procesos organizativos y de los procesos directamente asociados a la prestación de servicios y al acceso a los mismos por parte de la ciudadanía. Constatado el acierto de su creación y su eficacia, a través de la Dirección General de Planificación, Ordenación y Adaptación al Cambio Social vamos a proceder a un proceso de transformación profunda de dicho Sistema Asturiano, adoptando un enfoque centrado en la persona. Solo desde una perspectiva global que ponga a la persona en el centro de todas las decisiones seremos capaces de construir un modelo de protección social que responda a las necesidades individuales de cada persona usuaria del Sistema, que permitirá potenciar la autonomía y garantizar la igualdad en derechos, la cohesión y la coordinación de las prestaciones de calidad.

Paso a detallarles las principales acciones que pretendemos desarrollar en este marco.

Con el objeto de lograr la armonización y sentar las bases del nuevo modelo de atención integral y continua, diseñaremos un Plan de Atención Personalizada y la Cartera de Servicios y Prestaciones del Sistema Asturiano de Servicios Sociales, ambas actuaciones vinculadas a la nueva Ley de Servicios Sociales.

El desarrollo del Plan Sociosanitario del Principado de Asturias 2019-2021 asegurará una atención integral y centrada en las personas, con respeto a su autonomía, dando respuesta a la necesidad de cuidados y adecuada para la ciudadanía y el conjunto de los y las profesionales.

Al hilo del trabajo realizado en la coordinación sociosanitaria, que tan buenos resultados ha dado, impulsaremos la labor de las estructuras estables de coordinación con otros sistemas de protección, en concreto con el Servicio Público de Empleo y con Educación.

Pretendemos, por otro lado, que la Comisión de Gestión del Conocimiento cobre un mayor peso estratégico mediante la potenciación de la investigación en el campo de los servicios sociales, el aumento del cuerpo de conocimientos del sistema, y el incremento en la colaboración con universidades, centros de investigación y centros tecnológicos.

Otra de las acciones más relevantes que pretendemos llevar a cabo en esta legislatura es la adaptación del Sistema Asturiano de Servicios Sociales a la transformación digital. En este sentido, la Historia Social Única Electrónica constituye una pieza central de este proceso y un instrumento fundamental para la atención y la intervención social, que facilitará de manera apreciable la agilidad del sistema y la accesibilidad.

Recapitulando, Señorías, hago balance de las iniciativas normativas que requerirán de su esfuerzo y colaboración para llegar a buen puerto:

-          Presentaremos el proyecto de Ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales en este primer periodo de sesiones.

-          Remitiremos a esta cámara la Ley de Servicios Sociales.

-          Garantizaremos una cartera de servicios y prestaciones del Servicio Asturiano de Servicios Sociales.

-          Por último, adaptaremos la Ley de Infancia a la normativa estatal, y definiremos la Ley Integral de personas Mayores.

Finalizo ya, Señorías, con un asunto que podría parecer menor, pero que consideramos de enorme interés para los asturianos y asturianas: desde la consejería se van a activar diferentes medidas dirigidas a resolver los problemas que la complejidad del lenguaje administrativo ocasiona en la relación de las administraciones públicas con la ciudadanía. Poniendo interés en los casos de dependencia y discapacidad, regularemos los procedimientos y su terminología para hacerlos más comprensibles, además de incluir, en determinadas circunstancias, explicaciones adicionales que hagan más comprensibles los textos que se emiten desde nuestra administración, siguiendo los criterios de la lectura fácil.

Sin duda arranca una legislatura en la que tenemos la responsabilidad de acercar el Sistema Asturiano de Servicios Sociales a la ciudadanía, que dé respuestas a las nuevas realidades sociales y que se consolide como ese sistema de responsabilidad pública sólido y de amplio alcance, preparado para afrontar el futuro. No quiero concluir esta intervención sin antes detenerme en la necesidad de apelar al acuerdo, a la colaboración y a la lealtad de todos los grupos parlamentarios como mejores herramientas de trabajo. Haciendo nuestras las palabras de Samora Machel, “la solidaridad no es un acto de caridad, sino una ayuda mutua entre fuerzas que luchan por el mismo objetivo”.

Estén convencidas, Señorías, de que a este lado siempre encontrarán ese ánimo.