La Sindicatura de Cuentas detecta que las memorias económicas de los precios públicos de Cultura no responden a un estudio de costes riguroso y exhaustivo

El Consejo de la Sindicatura de Cuentas aprobó el 24 de septiembre el informe definitivo de fiscalización sobre tasas y precios públicos autonómicos en materia de Educación, Cultura y Deporte, ejercicio 2017. La recaudación por esas ordenanzas fiscales fue de 4,6 millones de euros en el año 2017, lo que representa el 0,12 por ciento del total de ingresos de la Administración del Principado de Asturias.

Con esta fiscalización, la Sindicatura de Cuentas empieza a cumplir su objetivo de auditar los ingresos de la administración autonómica. Los objetivos de esta fiscalización fueron verificar el cumplimiento de la legalidad vigente en el establecimiento y modificación de las tasas y precios públicos en materia de Educación, Cultura y Deportes; examinar el sistema de gestión, liquidación y control establecido para la exigencia de esas tasas y precios públicos, y analizar las cuentas presupuestarias en las que se registran esos ingresos para emitir una opinión sobre la razonabilidad de los derechos reconocidos netos por los ingresos derivados de esas tasas y precios públicos.

La Sindicatura emite una opinión de cumplimiento con salvedades respecto a esta fiscalización. Aunque hay algunos incumplimientos, el establecimiento, la gestión y liquidación de las tasas y precios públicos en materia de Educación, Cultura y Deporte resultan conformes con la normativa aplicable.

Además, la Sindicatura emite una opinión financiera favorable ya que considera que los derechos reconocidos netos por las tasas y precios públicos se han preparado, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación.

Durante la fiscalización, la Sindicatura de Cuentas ha detectado cuatro incumplimientos significativos:

1.      En el expediente relativo al establecimiento de la tasa por expedición de títulos académicos y profesionales no queda acreditado que las tarifas propuestas cubran, sin exceder de él, el coste total de la actividad, como exige la Ley de Tasas y Precios Públicos del Principado de Asturias.

2.      Las memorias económicas de los expedientes de establecimiento de los precios públicos analizados en materia de Cultura no responden a un estudio de costes riguroso y exhaustivo. En consecuencia, las previsiones en las que se basan los precios públicos propuestos no se realizan en base a estimaciones reales del coste del servicio que se retribuye.

3.      En dos de los tres precios públicos que regulan la actividad museística -el del Parque de la Prehistoria y el del MUJA- se aprobó un precio que no cubre el coste del servicio sin que quede debidamente motivado en el expediente el interés público que justificaría tal extremo. Hay que tener en cuenta que se trata de actividades no obligatorias y cuyo sobrecoste se debería entender como una excepción.

4.      El procedimiento utilizado por el Principado para actualizar los precios públicos (excepto los de carácter estacional) es el de establecer un porcentaje fijo e igual para todos. Este hecho impide conocer la cuantía exacta de sobrecoste que la administración soporta por la prestación de cada uno de los servicios y, en consecuencia, las disponibilidades presupuestarias precisas que debería adoptar para la cobertura de la parte subvencionada, tal y como exige la Ley de Tasas y Precios Públicos del Principado de Asturias.

La Sindicatura realiza varias recomendaciones, entre ellas:

-        Hasta que la Administración del Principado no disponga de una contabilidad analítica que dé soporte a los estudios de costes para determinar la cuantía de las tasas y de los precios públicos sería recomendable que se dictasen instrucciones a todos los centros gestores así como la adopción de medidas que garanticen su aplicación efectiva. El objetivo es homogeneizar y perfeccionar el contenido de las memorias económicas elaboradas para la fijación o modificación de las cuantías de referencia y evitar así las divergencias detectadas durante la fiscalización.

-        Los planes de auditoría realizados por la Intervención General del Principado de Asturias deberían incluir actuaciones específicas en materia de tasas y precios públicos.

-        La Sindicatura recomienda que el Principado de Asturias dé impulso a la tramitación del Anteproyecto de Ley de Tasas que se ha incluido en el Plan Normativo de la Administración del Principado de Asturias para el primer trimestre de 2019.