El acuerdo suscrito con la Federación Asturiana de Concejos y el Consejo General de Poder Judicial se consolida como medida de atención a las personas en exclusión social 

 El Gobierno del Principado ampliará durante cuatro años más el convenio suscrito con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Federación Asturiana de Concejos (FACC) para responder ante emergencias sociales derivadas por desahucios. Este acuerdo, que se firmó en marzo de 2018 con una duración de un año prorrogable, es una de las medidas más eficaces para dar respuesta e información a las personas en riesgo de exclusión social. Debido a su eficacia, el Ejecutivo acordó en la última reunión del Consejo de Gobierno, ampliar su vigencia en cuatro años prorrogables, por medio de una adenda de modificación. Además, también se ha dado luz verde a otros cambios para adaptar este convenio a las leyes de Protección de Datos y del Régimen Jurídico del Sector Público. Este convenio se incluye dentro de una de las líneas de actuación del Programa de Garantía Habitacional que implantó el Principado en 2016 y engloba, a su vez, el acuerdo firmado en julio de este año entre el Gobierno autonómico y el Colegio de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales. Con este documento se puede valorar qué personas o familias se encuentran en riesgo de perder su vivienda (ya sea por impagos de los recibos de alquiler o por ejecución hipotecaria) y se informa, orienta, valora y coordina a las personas con impagos o cuyas situaciones conlleven una previsible pérdida de sus hogares. También se recoge la asistencia de los servicios sociales, en caso de que sea necesario, para asistir a los afectados. Para el desarrollo de estas actuaciones y para atender a los afectados, la comunidad cuenta con atención presencial en tres sedes judiciales, ubicadas en Oviedo, Gijón y Avilés, donde se encuentran  los servicios de atención e información a las personas afectadas por desahucios judiciales. Se considera que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad o exclusión social aquellas unidades de convivencia en las que hay menores, alguna persona con discapacidad, mayores de 65 años, víctimas de violencia de género o todos los miembros de más de 18 años que se encuentran en situación de desempleo.