La Sindicatura recomienda al Principado que dote de más personal y medios materiales al servicio que gestiona la contratación centralizada si pretende fomentar la racionalización en la adquisición de bienes, obras o servicios

El Consejo de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias aprobó el 29 de agosto el informe de fiscalización sobre contratación centralizada, ejercicio 2017.

La contratación centralizada es un sistema para agrupar la adquisición de productos, obras o servicios en un mismo contrato para racionalizar los recursos y mejorar la eficiencia de la administración. En el caso del Principado de Asturias, la regulación de la contratación centralizada es de aplicación en la Administración autonómica y en sus organismos aunque, previa solicitud, las entidades y los entes públicos pueden adherirse al sistema para cada suministro, obra o servicio declarado de necesaria uniformidad.

Los expedientes de contratación centralizada existentes en el Principado en 2017 son el de servicios postales, el seguro de riesgos derivados del uso de vehículos, el suministro de energía eléctrica y el seguro de daños materiales en inmuebles. Además, el Principado adjudicó a lo largo de 2018 y 2019 los acuerdos marco para el suministro de carburante, para la prestación del servicio de agencia de viajes y para el suministro de material de oficina no inventariable. También declaró suministro de necesaria uniformidad en el ámbito de la Administración del Principado de Asturias y de sus organismos autónomos el de gas natural.

El objetivo general de la fiscalización realizada por la Sindicatura fue la verificación del cumplimiento de los principios y la aplicación de las previsiones contenidas en la Ley de Contratos del Sector Público sobre contratación centralizada. Además, también se analizaron la adecuación de las actuaciones preparatorias y los pliegos de los contratos así como los procedimientos de licitación, formalización y ejecución.

La Sindicatura emite una opinión de cumplimiento con salvedades respecto a esta fiscalización ya que, aunque hay algunos incumplimientos, las actividades, las operaciones presupuestarias, las financieras y la información reflejada en lo referente a la contratación centralizada en el ejercicio 2017 resultan conformes, en todos los aspectos significativos, con la normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos.

Durante el análisis de la documentación, la Sindicatura constató algunos incumplimientos. Así, por ejemplo, verificó que ninguno de los órganos participantes en el acuerdo marco de servicios postales había adjudicado contratos basados en ese precontrato, por lo que incumplió algunos artículos de la Ley de Contratos del Sector Público. Como consecuencia, tampoco se pudo fiscalizar el gasto originado por ese servicio en ninguna de las fases, excepto en la Consejería de Sanidad, por lo que se incumplió lo previsto en el decreto que desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención General del Principado.

La auditoría comprobó, además, que en los acuerdos marco para el suministro de energía eléctrica y para la contratación del seguro de vehículo se aprobaron los pliegos con anterioridad a la emisión del informe favorable de Intervención.

La Sindicatura encontró también algunas limitaciones a la hora de realizar la fiscalización. En ese sentido, no fue posible determinar con exactitud el importe de la ejecución del contrato de suministro de energía eléctrica en 2018 debido a que las facturas, en algunos casos, incluyen facturaciones de varios meses pero no de diciembre; en otros, la facturación no se separa en función del tipo de tensión facturada, y, en otros, no se han aportado las facturas por problemas con su conformidad.

La Sindicatura de Cuentas realiza estas recomendaciones:

1.-Si se pretende fomentar la racionalización de la contratación en el Principado, convendría aumentar la dotación de medios, tanto humanos como materiales, en el servicio encargado de su gestión. Este servicio, además, debería destinar sus esfuerzos únicamente a ese fin.

2.-Para una mejor coordinación entre todos los implicados en el acuerdo marco, y en aras a colaborar en el control de su ejecución, sería recomendable designar un único responsable de cada contrato basado por cada consejería, organismo autónomo, ente o entidad. Así se facilitaría la comunicación tanto con el responsable del acuerdo marco como con los adjudicatarios y se evitarían posibles diferencias de trato y criterio.

El informe ya ha sido remitido a la Junta General del Principado y al resto de interesados para que lo puedan analizar.