Derivado del trabajo jurídico penal del Fiscal de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) y del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Delegación de PGR en el Distrito Federal, se obtuvo del Poder judicial de la Federación en la causa penal 35/2006, sentencia condenatoria para cuatro integrantes de la banda que secuestró a Hugo Alberto Wallace Miranda.

Lo anterior, en virtud de que el Magistrado del Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, considero fundados los agravios hechos valer por la Representación Social de la Federación y modificó, al resolver el Toca Penal 321/2011, la sentencia emitida por el Juzgado Décimo Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, e impuso a los sentenciados las penas que se señalan a continuación:

? A Juana Hilda González Lomelí o Sandra Jiménez Gutiérrez, 78 años, 9 meses de prisión y cuatro mil doscientos noventa y dos días de multa, por su responsabilidad en los delitos de Privación ilegal de la Libertad en la modalidad de Secuestro, Delincuencia Organizada, Posesión de arma de fuego uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, Posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea.

? A César Freyre Morales o José Antonio Hernández Lozano, 131 años de prisión y veinte mil novecientos ochenta y siete días de multa, por su responsabilidad en los delitos de Privación ilegal de la Libertad en la modalidad de Secuestro, Delincuencia Organizada, Portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea.

? A Tony Castillo Cruz, 93 años, 6 meses de prisión, y una multa de siete mil setecientos setenta y cinco días, por su responsabilidad en el delito Privación ilegal de la Libertad en la modalidad de Secuestro y Delincuencia Organizada.

? Y Alberto Castillo Cruz, 93 años, 6 meses de prisión, una multa de siete mil setecientos setenta y cinco días, por su responsabilidad en el delito de Privación ilegal de la Libertad en la modalidad de Secuestro y Delincuencia Organizada.

De esta manera el Gobierno Federal a través de la Procuraduría General de la República, refrenda su compromiso de aportar los elementos jurídicos necesarios a Jueces y Magistrados del Poder Judicial de la Federación, para sancionar a quienes se separen de la legalidad y colaboren en cualquier forma con la delincuencia organizada