La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad en funciones, Carmen Calvo, ha destacado el papel de las administraciones locales en políticas preventivas en su reunión con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad en funciones, Carmen Calvo, elevará mañana al Consejo de Ministros el reparto de los 20 millones de euros destinados a luchar contra la violencia de género destinado a los ayuntamientos y las entidades locales.

"Son determinantes en políticas de prevención porque son las administraciones más cercanas", ha señalado Calvo, quien ha recordado la importancia de haber devuelto a los ayuntamientos, en agosto del pasado año, las competencias en materia de igualdad y lucha contra la violencia de género.

FEMP

La vicepresidenta, tras la reunión mantenida con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, ha hecho hincapié en la coordinación de las fuerzas de seguridad del Estado con las policías locales, y para ello "es muy importante que haya cada vez más ayuntamientos en el Sistema VioGén" porque así "se ponen en marcha los protocolos que activan los mecanismos de prevención que pueden evitar los asesinatos".

"Es importante que este país, para mejorar su democracia, afronte la lucha contra la violencia de género con más coordinación y eficiencia" ha señalado Calvo, quien ha insistido en "seguir reforzando el mensaje de que las mujeres tienen que denunciar. Las mujeres no tienen, no deben, no pueden vivir en una democracia como la nuestra en situaciones que atropellan sus derechos y ponen en riesgo su vida. Ese es sin duda el peor rostro de un país democrático como el nuestro".

Por otro lado, la vicepresidenta ha solicitado al presidente de la FEMP, Abel Caballero, la constitución de un grupo de trabajo que contribuya a la elaboración de una normativa contra la trata con fines de explotación sexual, un delito que afecta a mujeres y menores que "viven una situación de secuestro y atropello de todos y cada uno de sus derechos". Trabajar para acabar con esta situación de esclavitud, ha añadido, es una cuestión de "dignidad de nuestro modelo de vida, de nuestro modelo de convivencia y en definitiva de nuestra democracia".