(Comunicado ASP).- El pasado día 03 de junio comenzó la campaña electoral para el Consejo de Policía, cuyas votaciones tendrán lugar el día 19J Una campaña electoral no exenta de polémica por cuanto que la Junta Electoral en lugar de garantizar la transparencia y objetividad del proceso electoral, de manera que se respete el sufragio personal, libre, directo y secreto, como así le exige el Real Decreto 555/2011, de 20 de abril, por el que se establece el régimen electoral del Consejo de Policía, y garantizar que las organizaciones, federaciones, coaliciones o agrupaciones que presenten candidaturas dispondrán en cada dependencia de lugares reservados para la colocación gratuita de carteles de propaganda electoral, no solo no ha garantizado que en el inicio de la campaña los espacios no estuviesen habilitados en numerosas dependencias policiales del territorio nacional, sino que ha permitido, por no haber dado las instrucciones oportunas, que aquel personal que se presenta como candidato y suplente a las elecciones, disfruten durante el tiempo de duración de la campaña, jornada de reflexión y día de la votación, del permiso retribuido que le reconoce la norma; habiendo permitido que candidatos tuvieran que trabajar la jornada de inicio de la campaña electoral, aun habiéndose elevado las pertinentes observaciones y quejas al respecto por Alternativa Sindical de Policía, de la vulneración de los preceptos legales y de los derechos de los candidatos y suplentes afectados. 

Una polémica que se ve incrementada por la queja que interpone un candidato por la escala superior del cuerpo nacional de policía de otra organización sindical con respecto a la cartelería que Alternativa Sindical de Policía utiliza a modo de denuncia de la triste realidad que vive el Cuerpo Nacional de Policía, empleando para ello dos carteles en formato de viñetas con unas denuncias irónica, pero nunca menos cargada de esa realidad (no regulación de una jornada laboral para la Unidades Especiales como mandata la Circular de Jornada Laboral de 18 de diciembre de 2015, impidiendo la conciliación laboral y familiar; una escasez de vestuario que obliga a funcionarios a realizar servicios con pantalones rotos, botas inservibles, etc..; escasez de vehículos radiopatrullas y de personal que impide dar la protección ciudadana que se requiere en las ciudades; una mal llamada equiparación salarial que no disminuye la pérdida de poder adquisitivo; condecoraciones policiales pensionadas sin ajustarse a los requisitos de la ley que lo regula; comisiones de servicios irregulares, y un sinfín de situaciones más) que pretenden concienciar a los electores de que existen mejores opciones de elección, hoy por hoy, que la de los sindicatos que anclados en el pasado no han sabido resolver en el tiempo de su existencia sindical.

Presta ha estado la Junta Electoral y el resto de organizaciones sindicales que componen dicha Junta Electoral, para realizar una votación (no regulada en forma alguna por la norma jurídica de convocatoria electoral al Consejo de Policía, arrogándose una potestad que en modo alguno les corresponde) en la que se solicita se retire de la campaña electoral dicha cartelería; en nada ofensiva ni para la escala superior ni para la institución policial, como argumentan.

Existen otras causas de mayor gravedad que si pusieron y ponen de manifiesto que es la propia escala de mando (ejecutiva y superior) quienes con sus actuaciones y conductas desprestigiaron a la institución policial. Casos como la “Operación Zamburiña”; “Caso Romeo”; “Caso del Riviera y Saratoga”; “Operación Grapa”; “Caso Faisán”, y el más reciente de todos ellos y conocido como “Caso Villarejo”, son harto conocidas por el conjunto de la sociedad española, y de ellos se hicieron eco los medios de comunicación social, ya fuere por prensa, radio y televisión; escándalos que no dejaron de asombrar a la propia sociedad, sino a quienes muchos integramos el cuerpo nacional de policía y no que no hacemos sino obedecer el mandato de cumplir y hacer cumplir las leyes.

Unos carteles que como se puede apreciar en modo alguno ofenden a nadie; y si el candidato vio ofensa alguna (en lugar de intentar atentar contra la libertad de expresión y retrotraer a la sociedad moderna de hoy en día con conductas del pasado, la imposición de una censura a un mensaje que no es una denuncia primigenia, sino que estos mismos hechos ya han sido puestos en conocimiento de la propia administración policial, órganos del gobierno de la nación y órganos jurisdiccionales competentes.; debió acudir al órgano judicial competente por si de dichos carteles se pudiera derivar responsabilidad alguna.