ashington D.C.- La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato de los periodistas mexicanos Francisco Romero y Telésforo Santiago Enríquez. Observa con preocupación que se trata del sexto asesinato contra periodistas en lo que va del año, y que la mayor parte de ellos podrían estar vinculados al ejercicio de su función, un indicador doloroso de que persiste la violencia contra los comunicadores en diversas regiones del país. La Relatoría Especial insta al Estado mexicano a que investigue de forma completa, efectiva e imparcial estos crímenes, esclarezca sus móviles y determine la relación que pudieran tener con la actividad periodística. Al mismo tiempo, el Estado debe revisar e implementar medidas decisivas para fortalecer el mecanismo de protección de periodistas en línea con las recomendaciones realizadas por los Relatores para la Libertad de Expresión en su reciente Informe Especial sobre la Situación de la Libertad de Expresión en México.

De acuerdo a reportes preliminares de público conocimiento, Francisco Romero, administrador y director de la página informativa de Facebook "Ocurrió Aquí", contaba con medidas de protección del Mecanismo de Protección de la Secretaria de Gobierno de México, debido a agresiones previas. El cuerpo del periodista fue encontrado en la ciudad de Playa del Carmen, Quintana Roo el 16 de mayo junto a su motocicleta, con un tiro en la cabeza y señales de golpes en el cuerpo.

Según información proporcionada por el Estado de México, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo comunicó que inició las investigaciones respecto al asesinato de Romero tomando en cuenta todas las líneas de investigación, incluyendo su labor como periodista.

Por otra parte, el 3 de mayo, mientras se celebraba el Día Mundial de la Libertad de Prensa, los medios de comunicación en México informaron de un nuevo ataque contra la prensa en el municipio de San Agustín Loxicha (Oaxaca) que culminó con el asesinato del periodista Telésforo Santiago Enríquez, fundador de la radio comunitaria indígena “El cafetal de San Agustín” y defensor de las lenguas indígenas. Con una larga trayectoria, el comunicador era conocido por sus análisis y cobertura crítica de las autoridades municipales por supuestos desvíos de recursos. Asimismo, fue candidato a la presidencia municipal de su región en varias ocasiones.

El Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de México, Jesús Ramírez Cuevas, reconoció la labor del periodista y se comprometió con la investigación del crimen en su cuenta de Twitter: “Telésforo Santiago Enríquez fue asesinado esta tarde. Fundó la radio comunitaria El Cafetal de San Agustín Loxicha, municipio de la sierra sur de Oaxaca. Desde el Gobierno de México asumimos el compromiso de hallar a los responsables que atentaron contra el periodismo mexicano”.

Estos aberrantes crímenes, se suman a varios otros casos de comunicadores que perdieron la vida en el presente año: Santiago Barroso Alfaro, el 15 de marzo en San Luis Río Colorado, Sonora; Reynaldo López, el 16 de febrero en Hermosillo, Sonora; Jesús Eugenio Ramos Rodríguez, el 9 de febrero en Emiliano Zapata, Tabasco y José Rafael Murúa Manríquez, el 19 de enero en Mulegé, Baja California Sur, quienes fueron presuntamente asesinados debido a la labor periodística y comunicacional que desarrollaban.

El Estado de México informó a la Relatoría Especial que lamenta la sucesión de casos de periodistas asesinados y expresó que se están haciendo esfuerzos de investigación por parte de las distintas Fiscalías. Además, indicó que entiende que no todos los casos reportados podrían estar relacionados con la actividad periodística.

Según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), varios Estados mexicanos presentan un panorama de grave violencia y silenciamiento contra periodistas y comunicadores desde el año 2000. En ese sentido, los Estados más peligrosos para el ejercicio periodístico son Veracruz (22 asesinatos), Tamaulipas (16), Guerrero (16), Oaxaca (16) y Chihuahua (14).

“Siguen sucediendo los casos alarmantes de periodistas asesinados en México, tal como venía ocurriendo en años anteriores, esto es un llamado urgente para que el Estado adopte medidas decididas para fortalecer el mecanismo de protección de periodistas y reforzar la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE)", explicó el Relator Especial de la CIDH, Edison Lanza.

Los Relatores para la Libertad de Expresión de la CIDH y de Naciones Unidas presentaron meses atrás el Informe Especial sobre la Situación de la Libertad de Expresión en México, producto de la visita aceptada por el Estado en diciembre de 2017. Sus conclusiones y recomendaciones subrayan que los ataques contra periodistas "persisten, acompañados de un sentido continuo de inseguridad e impunidad". "La naturaleza sistemática de esta violencia requiere no sólo medidas individuales específicas sino también medidas de naturaleza estructural". […] "El cumplimiento por la PGR de su responsabilidad de identificar e investigar los riesgos que enfrentan los beneficiarios debería percibirse como un aspecto esencial de todo programa de protección", agregaron.

Una señal positiva en ese sentido es la reactivación del Plan de Contingencia para prevenir agresiones a periodistas y activistas que se implementa en México para el Estado de Chihuahua. "Instamos al Gobierno mexicano a intensificar las iniciativas de alerta temprana y otras medidas preventivas, en consonancia con sus obligaciones internacionales, tomando en cuenta la naturaleza específica de los riesgos y sus contextos particulares”, explicó Lanza.

En lo que respecta a justicia e impunidad, la Relatoría Especial recuerda que en las conclusiones y recomendaciones presentadas en el Informe Especial sobre la Situación de la Libertad de Expresión en México 2018 debería “dar prioridad a la investigación de una serie de casos de periodistas cuya contribución resultó fundamental para sus comunidades”.

Tanto la Comisión como la Corte IDH se han referido en varias oportunidades al efecto amedrentador que tienen los crímenes contra periodistas y otros profesionales de medios de comunicación, así como para los ciudadanos que pretenden denunciar abusos de poder o actos ilícitos de cualquier naturaleza.

El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala: "[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.