ADICAE considera que es urgente reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para los delitos económicos con múltiples afectados y consumidores, para no encontrarse con problemas como los que señala el auto del Juzgado Central de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional sobre las personaciones en el caso Popular-Santander.

ADICAE, que representa a casi 1,000 afectados, pequeños accionistas-ahorradores del Banco Popular, y que es una organización legitima y representativa de los consumidores y usuarios, tiene que estar necesariamente representada en la causa por su carácter cualitativo, de lo contrario impugnaría el procedimiento en las instancias pertinentes por violar el derecho de los consumidores a la tutela judicial efectiva, señalado en especial en la ley general de consumidores y usuarios en relación a la especial legitimación de las asociaciones de consumidores en estos fraudes.

Los problemas planteados por el juez instructor tienen por causa la proverbial falta de medios para estos casos en la justicia española, y/o los intereses particulares de algunas personas o entidades en intervenir en este tipo de procedimientos y que debería de ser resuelto con otras medidas.

Mas allá estos problemas burocráticos y de la complejidad del asunto es la gravedad y transcendencia del caso Popular que afecta a más de 300.000 familias y en el que el determinante informe de los peritos del Banco de España señalaba las irregularidades y el engaño en torno al caso.

Dicho informe pericial corroboró la tesis descrita por ADICAE en sus querellas presentadas hace más de año y medio, y que observan que ni el folleto de la ampliación de capital ni la ampliación misma reflejaban la realidad contable del Banco Popular.

Esa misma realidad dibujaba entonces un escenario de futuro para los accionistas poco realista, además de dejar constancia de las irregularidades contables en las que incurría el banco mucho antes incluso de esa ampliación de capital.