El Consejo de Ministros acaba de aprobar el Real Decreto de Autoconsumo que, entre otras cosas, permite a las comunidades de vecinos producir su propia electricidad con renovables Por primera vez, se establece la remuneración de los excedentes de producción, reconociendo el valor de la electricidad producida por la ciudadanía
Madrid.- A la espera de poder acceder al texto definitivo del Real Decreto de Autoconsumo, Greenpeace celebra que se haya abierto hoy la puerta a la simplificación administrativa para el autoconsumo de pequeño tamaño a instalaciones colectivas, como bloques de viviendas y autoconsumo de proximidad. Esto significa un paso importante para la democratización de la energía.
La participación ciudadana en las energías renovables es esencial para acelerar la transición energética, por lo que Greenpeace valora positivamente que el Gobierno haya acabado, en el Consejo de Ministros de hoy, con los trámites para ejercer libremente el derecho al autoconsumo con energías renovables, tanto de forma individual como colectiva, y que se hayan eliminado las mayores barreras administrativas y económicas para su desarrollo.
“Destacamos sobre todo el potencial impacto positivo del autoconsumo colectivo en la lucha contra el cambio climático, en un país en el que el 65% de la población reside en pisos. Que bloques de vecinos o empresas de polígonos industriales puedan colaborar para autoabastecerse de electricidad renovable corrige la norma anterior que lo limitaba, de facto, a viviendas unifamiliares” asegura Sara Pizzinato, responsable de la campaña de Energía de la organización.
Greenpeace aplaude también el avance en lo relativo al autoconsumo de proximidad, que la organización ha defendido reiteradamente. Que los excedentes del autoconsumo puedan ser intercambiados con otros usuarios cercanos a la instalación, da la posibilidad a aquellas personas que no tienen acceso a un tejado en propiedad de autoconsumir energías renovables.
Greenpeace lamenta que la definición que se ha aprobado por el Gobierno del autoconsumo de proximidad excluya de esta modalidad a todas las instalaciones conectadas en media o alta tensión, incluyendo por lo tanto, la gran mayoría de los edificios de la administración como, entre otros, los colegios. Este hecho hace imposible, para la administración, usar los excedentes de sus instalaciones de autoconsumo para poder donar esa electricidad a familias vulnerables a la pobreza energética, y dar así una solución estructural a esta lacra, tal y como Greenpeace ha pedido reiteradamente. Este hecho llama especialmente la atención, cuando se está presentando al mismo tiempo la Estrategia Nacional de lucha contra la pobreza energética.
Es especialmente destacable que se haya reconocido el derecho a que la electricidad excedentaria cedida a la red eléctrica por una instalación de autoconsumo tenga que ser remunerada y no cedida gratuitamente, como ocurría hasta ahora en los casos de instalaciones particulares, en línea con los estudios de Greenpeace.
Como nuevo elemento a destacar, se ha aprobado un mecanismo para poder compensar, en la factura eléctrica de los pequeños autoconsumidores no empresariales, la electricidad que inyectan a la red, sin que esto se considere actividad económica: la compensación simplificada. Greenpeace considera que es un instrumento de valor para eximir a los particulares de gravosos trámites administrativos o a darse de alta en actividades económicas tan solo para poder gestionar su autoconsumo. Sin embargo, el hecho de que la compensación se haya de efectuar en un periodo de un mes, limita innecesariamente la cantidad que se pueda compensar.
Además, la simplificación administrativa de la que van a disfrutar las instalaciones de menos de 100 kW es clave para el despegue del autoconsumo en España, ya que acerca a las familias y personas no expertas la posibilidad de acortar y abaratar trámites.
La organización pide ahora al Gobierno que establezca un objetivo de energías renovables en manos de la ciudadanía en su Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.