El Consejo de la Sindicatura de Cuentas aprobó el informe de las entidades del sector público autonómico que no forman parte de la cuenta general el 3 de abril.

Constituyen el ámbito subjetivo los entes, entidades, fundaciones y empresas públicas, con participación mayoritaria o dominio efectivo del Principado de Asturias, así como la Universidad de Oviedo, sus organismos, entes, entidades, fundaciones y empresas, independientemente de que se rijan por el derecho público o privado, y las cámaras de comercio, industria, servicios y navegación.

Al cierre de 2017, el censo estaba integrado por un total de 48 unidades: 5 entes públicos, 2 entidades públicas, 23 empresas públicas, 14 fundaciones, 3 cámaras de comercio y la universidad pública.

En opinión de la Sindicatura de Cuentas, los incumplimientos significativos señalados en el informe son los siguientes:

- Ocho entidades (16,67% del total) incumplieron la obligación de presentar en plazo sus cuentas de 2017. Entre ellas, cuatro rindieron fuera de plazo: Consorcio del Museo Etnográfico de Grandas de Salime, Fundación Barredo, Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología (Ficyt) y Fundación Universidad Oviedo. Las otras cuatro incumplidoras no habían rendido sus cuentas al cierre del informe: Desarrollo Integral de Taramundi, Fundación Instituto Tecnológico de Materiales (ITMA), Fundación de la Sidra y Fundación Observatorio Económico del Deporte.

- El Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias y la Entidad Pública Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (Serida) han sido rendidas por el Principado de Asturias como integrantes de su cuenta general, contraviniendo la ley de régimen económico y presupuestario.

- Al igual que en ejercicios anteriores y, pese haberlo manifestado de forma reiterada en informes de esta Sindicatura de Cuentas, el Serida y el Patronato Real de la Gruta y Sitio de Covadonga elaboran sus cuentas con un plan diferente al que les correspondería, según la normativa aplicable a cada caso.

- En lo relativo a obligaciones de información sobre contratos públicos, 27 entidades (56,25% del total) no cumplieron la obligación de envío en plazo de una relación certificada de la contratación formalizada en el ejercicio anterior (23 entidades no la han remitido y 4 lo hicieron fuera de plazo).

- En el expediente de contratación de la Universidad de Oviedo que ha sido tramitado por procedimiento negociado sin publicidad por razón de exclusividad, no queda acreditada la obligada negociación prevista en la ley.

- El contrato tramitado por Fasad está sujeto a regulación armonizada, lo que implica que debería haberse aplicado un régimen jurídico distinto a aquel conforme al cual se licitó y adjudicó, con las consecuencias derivadas sobre el cumplimiento, entre otros, de los principios de publicidad y concurrencia.

- En el contrato tramitado por Fasad se han producido modificaciones contractuales que, siendo previsibles, deberían haberse incluido en el pliego y en el anuncio de licitación. En consecuencia, su importe no se ha tenido en cuenta para el valor estimado, pudiendo afectar a la publicidad y la concurrencia. Su tramitación tampoco se ha ajustado a las circunstancias legales para modificaciones imprevistas, careciendo así de amparo legal.

Se señalan a continuación otras cuestiones significativas que no afectan a la opinión:

- En 2017 la Fundación Barredo procedió a la enajenación a una empresa privada, la sociedad Gabinete de Servicios Técnicos de Inspección de Cables S.L.U., de la que poseía el 100% de su capital social, y en consecuencia, pública. Una vez analizado el expediente, esta Sindicatura de Cuentas entiende establecida la vinculación directa de la sociedad con el cumplimiento de los fines fundacionales de la Fundación Barredo. En consecuencia, la operación de venta debería de haber contado con la autorización previa del Protectorado de Fundaciones, sin que conste que se haya dado cumplimiento a dicho trámite.

- Si bien durante 2017 la Universidad de Oviedo ha continuado con la realización de actuaciones encaminadas a la implantación de los sistemas de contabilidad analítica, ésta aún no se ha culminado, incumpliendo así los plazos legales.

Junto a todo lo anterior, las recomendaciones del informe son las siguientes:

- Tal y como se viene reiterando en diversos informes y resoluciones de la Junta General del Principado de Asturias, se hace necesaria la reforma urgente del 3 marco normativo autonómico en materia económica, financiera, presupuestaria y contable. Esta reforma debería incluir una delimitación de las unidades del sector público autonómico que deberían formar parte de la cuenta general, así como la fecha límite para la rendición a la Sindicatura de Cuentas (preferiblemente, antes del 30 de junio del ejercicio siguiente).

- Se recomienda a la Administración del Principado de Asturias que, en condición de administración tutelante de las cámaras de comercio de Asturias, en uso de la potestad que la ley le otorga, establezca unas instrucciones comunes para la elaboración de los presupuestos y las liquidaciones de estas tres corporaciones.

- Si bien en el contrato negociado sin publicidad tramitado por la Universidad de Oviedo la constitución de la mesa de contratación no es obligatoria, sería recomendable el establecimiento de un órgano de valoración que asista al de contratación, velando por una adecuada garantía de la objetividad y la transparencia en la selección de la oferta económicamente más ventajosa.

- Dado que la restricción injustificada de los medios de presentación de ofertas, puede suponer un obstáculo a la concurrencia, sería recomendable que los pliegos habiliten todos los medios posibles para que la presentación de las proposiciones sea lo más amplia posible.