El Gobierno recupera el subsidio para desempleados mayores de 52 años y eleva la prestación por hijo a cargo para familias con bajos ingresos.

Madrid/Oviedo.-El Consejo de Ministros aprobó este viernes un Real Decreto Ley de medidas urgentes de protección social y lucha contra la precariedad laboral que, entre otras medidas, recupera el subsidio al desempleo para mayores de 52 años, eleva la prestación por hijo a cargo para luchar contra la pobreza infantil, incentiva la contratación de personas paradas de larga duración y establece el marco para que se pueda regular la obligación de que las empresas registren el inicio y el fin de la jornada laboral de sus trabajadores, como medida para combatir las horas extra no retribuidas.

Estas son las principales medidas que detalló la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio:

Se reduce la edad de acceso al subsidio de desempleo de los 55 a los 52 años. La medida beneficiará a 114.000 personas. Además, 266.000 personas que ya reciben esta ayuda pasarán a cotizar por el 125% de la base mínima de cotización, en lugar de por el 100%, como venía sucediendo hasta ahora. Los nuevos beneficiarios cotizarán desde el primer día por el citado 125%. Como tercer elemento, 12.000 personas que cobraban sólo parte del subsidio por hacer tenido contratos a tiempo parcial pasarán a recibirlo íntegro. Y, finalmente, se incrementa la duración máxima del subsidio, de modo que se podrá recibir hasta la edad legal de jubilación. Hasta ahora, se obligaba a los perceptores a prejubilarse, con la consiguiente reducción de la pensión.

La asignación económica por hijo a cargo pasa de 291 anuales a 341 euros, o a 588 euros en caso de familias en pobreza severa. La ministra Valerio subrayó que las tasas de pobreza infantil en España, con en torno a un 30% de menores en riesgo de pobreza, son “intolerables”, y subrayó que con esta medida 80.000 niños y niñas saldrán de esa situación de riesgo. “Es un objetivo como país erradicar las situaciones de pobreza infantil”, enfatizó

Se incentiva la contratación de personas paradas de larga duración mediante una bonificación a las empresas que contraten durante al menos 3 años a estos desempleados. La reducción de la cuota a la Seguridad Social será de 1.300 euros en caso de contratar a un hombre y de 1.500 si se contrata a una mujer. Valerio recordó que el 64% de las 1.326.000 personas que están en paro de larga duración son mujeres, y subrayó que es necesario reducir la “brecha de género” y “remover obstáculos” para la incorporación de mujeres al mercado laboral.

Las empresas podrán bonificarse cuotas a la Seguridad Social de las personas trabajadoras con contratos fijos discontinuos en los sectores del turismo, el comercio y la hostelería vinculados a la actividad turística durante los meses de febrero, marzo y noviembre para contribuir a la desestacionalización de la contratación en estos sectores.

Se recupera el fondo para la integración laboral, educativa y social de personas inmigrantes, que se dota con 70 millones de euros.

Se incrementan las cuantías mínimas de la pensión contributiva de las personas con incapacidad permanente y total, con fecha de efecto de 1 de enero de 2019.

Se reducen en un 14,6% las cuotas que abonan los trabajadores agrarios por cuenta ajena durante los periodos de inactividad.

Se facilita la conversión de contratos temporales en el sector agrario en contratos indefinidos.

Se establece que los jóvenes de entre 25 y 30 años puedan acceder a los beneficios del sistema de garantía juvenil, lo que permite invertir, también en ellos, hasta 600 millones de euros que provienen del Fondo Social Europeo y se destinarán a orientación, formación y fomento del emprendimiento.

Los artistas de espectáculos públicos que hayan trabajado al menos 20 jornadas en 2018 podrán solicitar en cualquier momento del año seguir cotizando. Hasta ahora, sólo podían cursar esa solicitud hasta el 31 de marzo.

El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo y previa consulta con los agentes sociales, podrá establecer que las empresas de determinados sectores están obligadas a registrar la hora de inicio y fin de la jornada laboral de sus empleados, como vía para evitar que se realicen horas extra que no se pagan y por las que no se cotiza.