Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) condenan hechos de represión violenta en Venezuela y urgen al Estado a garantizar los derechos humanos de la población frente a la crisis política, económica y social. 

La CIDH recabó información sobre la ocurrencia de graves hechos de violencia en Venezuela el 23 de febrero de 2019, en el marco de las acciones dirigidas a intentar ingresar ayuda humanitaria desde distintos puntos fronterizos en Colombia y Brasil. En la represión actuaron funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB); Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y colectivos civiles armados. 

Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), cuatro personas fueron asesinadas en Santa Elena de Uairén, Bolivar, todas por heridas de bala: José Hernández de 26 años, Emir Barreto de 20 años y Cheo Alexis Fernández Suárez de 40 años y Kliver Alfredo Pérez Rivero de 24 años. La CIDH recibió información sobre otras cuatro personas que podrían haber sido asesinadas en los estados de Bolívar y Táchira, pero sin que hayan sido identificadas hasta el momento. A su vez, el OVCS informó sobre 295 heridos en al menos 12 estados por heridas de armas de fuego, sustancias tóxicas y diversas formas de agresiones. También sobre la quema de dos camiones que estaban intentando ingresar a territorio venezolano con ayuda humanitaria. 

El Foro Penal también registró 32 arrestos, los cuales se produjeron en los estados de Zulia (16), Bolívar (6), Lara (4), Anzoátegui (3), Táchira (2) y Aragua (1). De las personas detenidas, 10 son indígenas pemones, de los cuales 9 fueron de la comunidad Kumaracapay y 1 en Santa Elena de Uairen, Gran Sabana, estado de Bolívar. 

A su vez, el día 22 de febrero la CIDH recibió información sobre la muerte de 1 persona y al menos otras 15 heridas en la comunidad indígena Kumaracapay, en San Francisco de Yuruaní, Bolivar, cuando camiones con efectivos del Ejército y de la Guardia Nacional Bolivariana que se dirigían a la frontera con Brasil, habrían abierto fuego contra integrantes de la comunidad.

La Comisión observa con preocupación que los hechos registrados en los últimos días se enmarcan en el contexto de la represión a protestas ocurridas en los meses de enero y febrero; la represión y el uso de la fuerza letal en el marco de las manifestaciones, la persecución y estigmatización de personas opositoras y ciudadanos; las denuncias de allanamientos sin orden judicial y detenciones arbitrarias efectuadosdurante y con posterioridad a las protestas; la expulsión y detención de periodistas y las violaciones a la libertad de expresión de la población mediante el bloqueo o suspensión de sitios web, plataformas y de internet. 

Durante este periodo, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) y PROVEA registraron un total de 35 muertes en el contexto de las protestas en 10 estados del país, entre el 22 y 28 de enero. Todas las víctimas fatales fueron heridas por armas de fuego. En aproximadamente 80% de los casos, se documentó la presencia de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Según datos del Foro Penal, entre el 21 de enero y el 21 de febrero se registró un total de 1.122 arrestos arbitrarios en el marco de las protestas, 141 mujeres y 141 menores de edad, de las cuales 1.030 habrían sido presentadas ante tribunales, 636 permanecen detenidas, incluyendo 75 mujeres. A ello se han sumado, en especial en las últimas semanas, información sobre detenciones y campañas de estigmatización y hostigamiento hacia las personas defensoras de derechos humanos y quienes realizan labor humanitaria en el país. 

Según el OVCS, durante el 2018, el 89% de las protestas registradas en el país tendrían relación con la falta de garantía de los DESCA. Sólo durante el mes de enero de 2019, el Observatorio contabilizó 2.573 manifestaciones, lo que equivale a 86 protestas diarias en todo el país. De ellas, en aproximadamente el 36% se demandó por el derecho a la salud, a la alimentación, derechos laborales y el acceso a servicios básicos. La pérdida del poder adquisitivo hace que el sueldo mínimo oficial en Venezuela sea de 6 dólares por mes. 

La CIDH y su REDESCA advierten que los hechos de represión y violencia se enmarcan en una situación general de crisis permanente, en especial en cuanto a la garantía efectiva de los derechos a la alimentación y a la salud, que ha afectado de manera diferenciada a personas y colectivos en situación de vulnerabilidad. En los últimos dos años, la producción de alimentos ha disminuido, los costos de los mismos se han incrementado y existen limitaciones para el acceso, generando graves consecuencias para la población. Un estudio de la organización católica Cáritas estableció que, para noviembre de 2018, un 57% de 4.103 niños y niñas de 5 años evaluados tenía algún tipo de desnutrición y 7,3% desnutrición severa. Entre los factores que hacen que niños, niñas y adolescentes (NNA) sufran especialmente las consecuencias del desabastecimiento, se encontrarían la escasez y altos costos de productos esenciales para su adecuada nutrición como la leche y sus derivados, alimentos de alto valor biológico, cereales, proteínas, complementos vitamínicos y suplementos alimenticios. Asimismo, las mujeres se habrían visto especialmente afectadas por la crisis alimentaria; la malnutrición las afecta especialmente durante el embarazo y la lactancia, momentos cruciales para la vida saludable de la mujer y el feto, por lo cual muchas mujeres han optado someterse a operaciones de esterilización. 

Por su parte, la situación de emergencia humanitaria que se vive en Venezuela también afecta a pueblos indígenas con difícil acceso a los bienes, servicios y recursos económicos. La malaria, gripe y sarampión, así como otras enfermedades infectocontagiosas, han llegado a comunidades como las de Warao en el Estado Delta Amacuro y los Yanomami en la frontera con Brasil. La inaccesibilidad a centros asistenciales en esos casos, constituye riesgo mortal. Esas barreras de tipo geográfico, exigen que se lleve la atención médica y alimentaria hasta los territorios más alejados y, por lo tanto, que se cuente con una logística de transporte muy bien articulada. La falta de comunicación entre los prestadores de servicio y las comunidades indígenas, así como de la comprensión de sus realidades y representaciones socioculturales, es otro gran inconveniente.

A la luz de las normas y estándares internacionales vigentes, la CIDH y su REDESCA recuerdan que el derecho a la alimentación se hace efectivo cuando las personas tienen acceso físico y económico a una alimentación adecuada o a medios para obtenerla en todo momento. En ese marco, el Estado Venezolano debe redoblar esfuerzos para garantizar niveles esenciales para proteger a su población del hambre, incluso ante situaciones de limitaciones graves de recursos.

La escasez y desabastecimiento de medicamentos, insumos, material y tratamiento médico en Venezuela se viene agravando desde el 2014. De acuerdo a las cifras generadas por PROVEA y CodeVida, en la actualidad existiría un 90% de escasez de medicinas e insumos a nivel nacional. Habría un colapso de la infraestructura hospitalaria a nivel nacional, dado que el 50% de quirófanos estarían inactivos y el 80% de servicios de diagnóstico estarían inservibles, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Hospitales. El desabastecimiento crónico de medicinas estaría afectando especialmente a personas que sufren enfermedades crónicas como VIH, diabetes, deficiencia renal, cáncer y a personas con esclerosis múltiple. Entre los hospitales especialmente afectados por la crisis del sector salud están el JM de los Ríos (Caracas), la Maternidad Concepción Palacios (Caracas) y el Hospital Universitario de los Andes (Iahula). 

Según información recabada por la REDESCA, más de 11 mil personas con insuficiencia renal se encontrarían en riesgo, debido a la escasez y dificultades en el acceso a insumos adecuados, la falta de mantenimiento de máquinas y el faltante de los servicios de luz y agua. A su vez, se habría disminuido las horas de terapia semanales como medida de contingencia ante la falta de insumos, por lo que las personas estarían recibiendo diálisis solo una vez a la semana y por menos tiempo del necesario. De acuerdo a la información recibida, entre octubre de 2017 y junio de 2018 habrían fallecido 2.486 personas que recibían regularmente la hemodiálisis en el país, sin que se cuente con datos actualizados. Asimismo, la Comisión ha recibido información sobre pacientes con insuficiencia renal que son dializados de manera regular en San José de Cúcuta, que han sido impedidos de acceder al tratamiento como consecuencia del cierre del paso fronterizo, viendo afectado su derecho a la salud. Al respecto, la CIDH y su REDESCA recuerdan que la salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio adecuado de los demás derechos humanos y que la obligación general de los Estados se traduce en el deber de asegurar el acceso de las personas a servicios esenciales de salud, garantizando una prestación médica de calidad y eficaz, así como de impulsar el mejoramiento de las condiciones de salud de la población. 

Asimismo, considerando que el acceso a medicinas es parte integral del derecho a la salud, dicho componente debe ser garantizado y respetado, entre otras acciones, proveyendo medicamente esenciales destinadas a enfrentar enfermedades que presenten un riesgo de salud pública o a aquellas necesidades prioritarias para la salud de la población en Venezuela. El proceso de selección de dichos medicamentos y priorización de enfermedades deberá, además, estar basado en evidencia, siendo transparente y participativo, en particular para los grupos más gravemente afectados. 

Como consecuencia de violaciones masivas a los derechos humanos, así como la grave crisis alimentaria y sanitaria que viene enfrentando el país, la CIDH ha observado con preocupación cómo millones de personas venezolanas se han visto forzadas a migrar hacia otros países de la región en los últimos años. Esta situación se ha convertido en la principal crisis de migración forzada que se ha registrado en la región y una de las mayores a nivel mundial en la actualidad. De acuerdo con cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), al 1 de febrero de 2019, había cerca de 3,4 millones de personas migrantes y refugiadas venezolanas, de las cuales 2.7 millones se encuentran en países de Latinoamérica y el Caribe, siendo los principales países receptores Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Argentina y Brasil. El referido contexto de crisis, también ha conllevado el desplazamiento forzado de los pueblos indígenas. 

La crisis en Venezuela alcanza a todos los derechos humanos en su indivisibilidad e interdependencia. La CIDH expresa su creciente preocupación por la situación de extrema vulnerabilidad que enfrenta el pueblo venezolano, dentro y fuera de las fronteras, debido a la pobreza generalizada y a las profundas restricciones de acceso a derechos tales como la alimentación, la salud, la educación, el trabajo o la vivienda, así como la referida represión estatal a las protestas y la libertad de expresión. 

La Comisión enfatiza su máxima preocupación por los nuevos hechos de represión que han venido ocurriendo y por la continuidad y escalada de la violencia, y urge al Estado a garantizar los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a la libertad de expresión, de asociación, reunión pacífica y a la participación social y política de la población. Asimismo, insta a las autoridades a que se abstengan de realizar campañas de hostigamiento hacia las personas defensoras de derechos humanos y quienes realizan labor humanitaria en el país. La CIDH hace un llamado al Estado al cese de toda forma de violencia y a que no se utilice la fuerza letal bajo ninguna circunstancia. Asimismo, la CIDH insta al Estado venezolano y a todos los actores a reducir las tensiones y evitar una mayor escalada de la violencia, cuyo impacto puede recaer sobre los sectores más vulnerables, en especial niñas y niños y pueblos indígenas. 

La REDESCA es una Oficina de la CIDH, especialmente creada para apoyar a la Comisión en el cumplimiento de su mandato de promoción y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el continente americano.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.