La Ley, con efectos retroactivos, anula el Decreto sobre reordenación de créditos y obliga al Ejecutivo a transferir a la RTPA los créditos aprobados en la anterior legislatura

Los portavoces de los grupos parlamentarios del PSOE, PP e IU han pactado una Ley, ya presentada en la Junta General el pasado día 21, que retira al Gobierno que preside Francisco Álvarez-Cascos las competencias que tenía el anterior Gobierno de Areces para reordenar el sector público asturiano, devolviéndolas al Parlamento y con efectos retroactivos que, entre otros, incluyen la anulación del Decreto del pasado día 4 por el que se recortaba el crédito a la TPA. Eso siginifica, en la práctica, que el Gobierno de FORO habrá de seguir concediendo crédito y pagando al Ente Público tal y como había acordado el Ejecutivo de Álvarez Areces, lo que puede incidir negativamente también sobre los objetivos de cumplimento del déficit de la Autonomía Asturiana, dificultando o imposibilitando así su consecución.

Los tres portavoces han explicado que llegaron a ese acuerdo ante la postura del Gobierno de acogerse a la legalidad para continuar con su plan de reducción de las empresas públicas dependientes de la Administración Autonómica, con especial referencia a la defensa de la TPA respecto a la que afirman que el Gobierno no tiene postestad para reducir los pagos y créditos. "Ahora se volverá a ejercer la labor de orientación y control del Gobierno por la Junta General", aseguraron tanto Lastra como Pérez-Espinosa e Iglesias.

Jesús Iglesias matizó que "ésta es una medida excepcional", pero tomada "ante una situación excepcional", ya que la Disposición que en la Ley de Presupuestos vigente se había aprobado "lo fue para un Gobierno que tenía mayoría en la Cámara, y éste no la tiene". Lastra, por su parte, incidió en que el Gobierno tenía derecho a exponer su postura, "pero en el Parlamento, cosa que hasta ahora no ha hecho", mientras que Isabel Pérez-Espinosa insistió en que "éste no es un pacto contra el Gobierno de Foro, no quiere decir que todos vayamos a votar siempre lo mismo", aunque dada la composición de la Junta General es evidente que el Gobierno de Álvarez-Cascos no podrá llevar adelante, con sus votos, ninguna medida de recorte o ajuste del déficit, teniendo que continuar con los pagos o créditos planificados por el anterior Gobierno, al menos hasta que se aprueben unos nuevos presupuestos, para los que tampoco tiene mayoría.

La proposición de Ley, cuya aprobación en el primer Pleno que se celebre está garantizada por el pacto PSOE, PP e IU, se refiere en el punto 5 de la exposición de motivos a que "ha podido constatarse que el Ejecutivo se ha servido de la letra de la propia Ley de Presupuestos Generales para, contrariando su espíritu (...) privar al Ente Público de Comunicación  del Principado de Asturias y sus sociedades de la suficiencia financiera que garantiza la Ley del Principado de Asturias 2/2003, comprometiendo (...) el normal desenvolvimiento del servicio público de comunicación social que aquellos prestan, y generando incluso litigiosidad judicial(...)