-       Los cambios en el texto facilitarán que el profesorado actúe ante posibles conflictos de convivencia como el acoso escolar 

 -       La norma pretende asegurar el reconocimiento institucional, el prestigio social y el respaldo legal a la labor de los profesionales 

-     El Principado aprueba la renovación del convenio suscrito con el Consejo General del Poder Judicial y la Federación Asturiana de Concejos para detectar casos de vulnerabilidad en procesos de desahucio  

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la primera modificación del Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, por el que se regulan los derechos y deberes del alumnado y las normas de convivencia en los centros no universitarios sostenidos con fondos públicos. El cambio persigue reforzar la autoridad del profesorado, por lo que el nuevo texto detalla sus competencias frente a conductas inapropiadas y las medidas disciplinarias que podrá aplicar directamente. 

El Ejecutivo pretende asegurar que los docentes realicen con éxito su tarea, para lo que se incorporan en la norma distintos aspectos en desarrollo de la ley autonómica 3/2013, de 28 de junio, de Medidas de Autoridad del Profesorado. Por ejemplo, se hace referencia expresa a la necesidad de mostrar respeto por los derechos y la dignidad de todos los miembros de la comunidad educativa, con el fin de asegurar un clima positivo de convivencia. Además, el ámbito de aplicación del decreto no se limita a las actividades que tienen lugar en el centro educativo y a aquellas que, aunque se celebren fuera de estos recintos, están directamente vinculadas a la vida escolar, sino también a las actividades complementarias y extraescolares que requieren la presencia del profesorado.

La norma actualizada facilitará también que los docentes ofrezcan una respuesta proporcionada ante posibles conflictos como las situaciones de acoso escolar derivadas, por ejemplo, del mal uso de las tecnologías. También refuerza su función como pilar esencial del sistema educativo, con el fin de que cuenten con prestigio social, reconocimiento institucional a su labor y respaldo legal a su autoridad. 

El Principado considera que todas estas medidas son imprescindibles para avanzar en un sistema de educación equitativo y de calidad, que garantice el clima de respeto imprescindible para el ejercicio de la función docente, prime el mérito y el esfuerzo personal y eduque en la convivencia, los valores democráticos y la responsabilidad. 

La modificación materializa una de las actuaciones prioritarias previstas en el Plan estratégico para la mejora de la convivencia y la participación en los centros educativos del Principado de Asturias que, a su vez, desarrolla la Ley de Medidas de Autoridad del Profesorado. Esta última norma atribuye a los docentes la condición de autoridad pública, al tiempo que establece la presunción de veracidad de los hechos que constaten y expresen por escrito en el ejercicio de sus competencias correctoras y disciplinarias. 

En definitiva, el decreto se adapta ahora a las necesidades actuales y futuras del sistema educativo y refuerza la autoridad de los docentes como medio para garantizar la calidad de la enseñanza. La norma, que fomenta también la resolución pacífica de conflictos, cuenta con informes favorables del Consejo Escolar del Principado y del Consejo Consultivo. 

Protocolo de actuación ante lanzamientos hipotecarios 

El Ejecutivo ha autorizado la renovación del convenio suscrito en marzo de 2018 con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Federación Asturiana de Concejos (FACC) que establece un protocolo para detectar supuestos de vulnerabilidad en procesos de desahucio de viviendas por impago de créditos hipotecarios o alquileres. La comisión de seguimiento del convenio acordó el pasado octubre incluir en el nuevo acuerdo una cláusula para afianzar la identificación de cualquier situación de riesgo.

Por esta razón, el texto incorpora ahora una adenda por la cual los órganos judiciales, en los expedientes por impago de hipotecas y alquileres, adoptarán las medidas oportunas para propiciar la detección temprana de situaciones excepcionales y comunicarlas a los servicios sociales municipales. 

Se trata de evitar situaciones de desprotección para quienes se hallen inmersos en procesos de pérdida de su vivienda habitual. Además, con el fin de lograr una mayor eficacia de las actuaciones, la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana trabaja ya en la redacción de un nuevo convenio de colaboración con el Colegio de Trabajo Social para habilitar en las sedes judiciales de Oviedo, Gijón y Avilés un servicio que, en coordinación con la autoridad judicial y los departamentos de servicios sociales municipales, realice las gestiones necesarias para ofrecer una respuesta rápida a las personas afectadas por procedimientos de desahucio.

Los presupuestos del Principado para este año incluyen una partida de 99.000 euros para esta actuación.