La norma permitirá que la referencia al sexo se aporte de manera voluntaria, garantiza la libre expresión de la identidad y favorece la plena inclusión social de las personas transexuales

La ley de garantía del derecho a la libre expresión de la identidad sexual y/o género favorecerá que la referencia al sexo en la documentación administrativa se aporte con carácter voluntario y que se puedan solicitar acreditaciones acordes con la identidad. Además, las personas trans no verán mermados sus derechos para ser beneficiarias del salario social, dado que a aquellas que tengan que abandonar temporalmente la comunidad por situaciones de maltrato o tratamiento médico no se les computará el plazo de residencia fuera de Asturias.  

Estas son algunas de las medidas que contempla la nueva normativa, que aborda desde una perspectiva integral las necesidades de este colectivo con el fin de promover su plena inclusión social en condiciones de igualdad y combatir cualquier vulneración de derechos que coarte su libertad. El consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez, ha presentado hoy en la Junta General las líneas generales del texto, que sienta las bases para racionalizar y universalizar la atención médica y social a las personas trans y plantea la aplicación de medidas contra la discriminación en los ámbitos educativo, laboral y cultural, con el fin de asegurar sus derechos.  

Para elaborar la norma con un amplio nivel de acuerdo, el Principado impulsó un proceso participativo en el que han colaborado activamente el movimiento asociativo, representado por la Asociación Asturiana de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (Xega), y cuatro de los seis grupos parlamentarios. El proyecto, aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 14 de noviembre, eleva a rango de ley los servicios médicos que actualmente se ofrecen en la Unidad de Tratamiento de Identidad de Género del Hospital San Agustín de Avilés y garantiza acompañamiento y apoyo psicológico a las personas trans y sus familias.  

La norma identifica hasta ocho tipos de situaciones de discriminación, entre las que figuran la marginación directa, el acoso y la represalia, e incorpora un régimen de sanciones e infracciones con multas que oscilan entre los 200 y los 45.000 euros: leves (de 200 a 3.000 euros), graves (de 3.001 a 20.000) y muy graves (de 20.001 a 45.000).  

Medidas transversales  

Entre otras medidas, prevé la puesta en marcha de un comité consultivo, con participación de diferentes departamentos de la Administración y representantes de asociaciones, con el fin de recabar propuestas que permitan avanzar en la igualdad. Este órgano, participativo y plural, tendrá como modelo de organización el Consejo Rector de la Juventud.  

En el ámbito educativo, promueve la incorporación en los currículos de contenidos sobre orientación sexual, identidad y género, la implantación de un protocolo de atención en todos los centros y la prestación de apoyo psicopedagógico.  

En el campo laboral, establece la incorporación de criterios de igualdad de oportunidades en las convocatorias de fomento del empleo y medidas de bonificación fiscal o subvenciones para la integración laboral de las personas trans.  

Asimismo, en cuanto al ámbito social, apuesta por el diseño de un programa de actuación para la inserción de personas en grave riesgo de exclusión, con especial atención a los menores expulsados de sus hogares. Además, garantiza la no discriminación en procesos de adopción y acogimiento.  

Por último, plantea la elaboración de un protocolo de atención policial para casos en que las personas transexuales sean víctimas de agresiones, acoso o coacciones, al tiempo que recoge que las políticas de cooperación al desarrollo deberán impulsar proyectos que promuevan la  no discriminación por expresión de género en países en que estos derechos no son respetados.