-        La norma consolida el salario social básico y agiliza su tramitación 

-        Incluye medidas para reforzar el apoyo a las familias con menores y favorecer el acceso a la vivienda 

-         La Junta General ha iniciado hoy la tramitación parlamentaria del texto con la comparecencia de la consejera Pilar Varela 

El proyecto de Ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales,  cuya tramitación ha comenzado hoy en la Junta General, permitirá ordenar e integrar todas las ayudas destinadas a cubrir las necesidades básicas de personas en situación de vulnerabilidad. La norma persigue ofrecer una respuesta más ágil y coordinada por parte de las diferentes administraciones.

El texto legal pretende consolidar y mejorar el salario social básico, para lo que incluye medidas dirigidas a agilizar la prestación, exenciones para los ingresos provenientes del trabajo y de determinadas pensiones, y la actualización de los programas personalizados de incorporación social y laboral ligados a la renta mínima. Además, recoge complementos vitales con el fin de atender de manera diferenciada las nuevas necesidades, al tiempo que plantea apoyos adicionales para familias con menores y jóvenes, miembros con discapacidad y dependencia, o para el alquiler de vivienda, así como un complemento específico a las pensiones no contributivas para quienes viven solos.

La consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, quien ha encabezado esta mañana la ronda de comparecencias en el Parlamento asturiano, ha destacado la importancia de  la nueva norma con  la que el Ejecutivo logrará hacer más eficaz y eficiente la prestación de apoyos sociales, incluido el salario social básico, principal instrumento de inclusión en el Principado. 

Asturias se mantiene como la comunidad del régimen general de financiación con mayor cobertura de la renta mínima, con 22.485 familias beneficiarias a finales de 2018. De ellas, el 35% tienen menores a cargo, el 17% cuentan entre sus miembros con personas con discapacidad o dependencia, y otro 8% dispone de ayuda al alquiler. Asimismo, cobran el salario social alrededor de 1.700 perceptores de pensiones no contributivas que viven solos. Todos ellos pasarían a beneficiarse de los nuevos complementos vitales, lo que implicará menos cargas administrativas y mayor agilidad en el acceso a la prestación.

Por otro lado, la futura ley trata de asegurar la cobertura de las necesidades básicas de menores en acogimiento familiar y recoge las garantías jurídicas para abonar las compensaciones económicas de manera directa.

En el ámbito de la vivienda, aspira a garantizar el derecho de toda la población a un hogar digno y adecuado. Para ello, entre otras medidas, simplifica el procedimiento de concesión de ayudas, que pasarían a concederse de forma directa.

Además, el texto garantiza unos mínimos comunes en todo el territorio en relación con las ayudas de emergencia social que conceden las entidades locales y pone especial énfasis en la atención a la infancia, así como en los apoyos para el acceso y mantenimiento en la vivienda y contra la pobreza energética.

Desde el punto de vista de la gestión, aspira a aumentar la agilidad en la concesión de prestaciones mediante la homogeneización de conceptos, el establecimiento de criterios comunes para la determinación de la capacidad económica de los beneficiarios y la modernización de procedimientos. En este sentido, prevé el uso de herramientas como la declaración responsable, la tramitación simplificada, el régimen de concesión directa para las subvenciones o la administración electrónica.

El texto contó  para su aprobación con el visto bueno del Consejo Asesor de Bienestar Social y de la Comisión Asturiana de Administración Local y en su fase de tramitación fue presentado a los agentes sociales en el ámbito de la concertación, a los grupos parlamentarios, a la comisión ejecutiva de la Federación Asturiana de Concejos (FACC) y a las entidades del tercer sector de acción social. Asimismo, ha sido enriquecido con algunas de las alegaciones recibidas durante la fase de información pública (alegaron el sindicato Comisiones Obreras y el Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Asturias).