Madrid.-La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, ha presentado, junto al director general de Políticas de Discapacidad, Jesús Celada, el informe de la Oficina de Atención a la Discapacidad (OADIS) 2017. Se trata de un órgano consultivo de ámbito nacional que promueve la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

"OADIS nació para reducir las desigualdades entre la ciudadanía", ha destacado la ministra. María Luisa Carcedo ha asegurado que por esta iniciativa, sumada a su legislación, en constante mejora, "España es un referente a nivel internacional en materia de discapacidad".

La Oficina, dependiente de la Dirección General de Discapacidad, recoge las quejas, consultas y denuncias de la ciudadanía en materia de discapacidad. Con ello, elabora un informe anual que presenta al Consejo Nacional de la Discapacidad, un órgano consultivo interministerial formado por las organizaciones representativas de personas con discapacidad.

Durante 2017, la oficina tramitó 751 expedientes, 180 más que el año anterior, lo que supuso un incremento del 31,5%. De ellos, 357 eran consultas; 391, quejas, y 3, denuncias.

Por procedencia, el 73,5% de las comunicaciones se realizaron desde Madrid. Casi la mitad, un 44,6%, se refirieron a relaciones con la Administración; el 21,4%, fue por falta de accesibilidad a espacios públicos urbanizados y edificaciones.

El 59,3% de las consultas las formularon mujeres y el 64,6% de las quejas fueron interpuestas por hombres.

Desde su puesta en marcha, la oficina ha recibido una mayoría de solicitudes relacionadas con el subtitulado, la audiodescripción y la lengua de signos en la televisión, la publicidad y las páginas web. También sobre las barreras arquitectónicas en el transporte público o la falta de ocio accesible. La OADIS asimismo ha recibido quejas sobre cuestiones como falta de accesibilidad a edificios y trámites, como la cita previa con el médico.

Carcedo ha destacado cómo varias de las demandas que se expresaban a la OADIS "han marcado parte de la agenda de los gobiernos". Es el caso del derecho al voto de personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo; la capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual o la supresión del término "disminuidos" de la Constitución, que el Gobierno ya ha aprobado.

La OADIS se puso en marcha en 2005, aunque hasta ahora sus informes no se habían presentado en un acto público. Con las quejas, consultas y denuncias que recibe, la OADIS elabora recomendaciones para prevenir situaciones de discriminación y hace un seguimiento de las mismas.

Aunque los informes de la OADIS no son documentos vinculantes, su presentación, conocimiento y utilización refuerza la visibilidad y utilidad de las políticas de discapacidad en España, que el próximo mes de marzo se someterá a examen ante la ONU, en su sede de Ginebra (Suiza).

Se trata de un instrumento al servicio de la ciudadanía, que cumple con el objetivo 10 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030, "por la igualdad de derechos de la ciudadanía", y con la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. España pretende renovar el premio Franklin D. Roosevelt que recibió en 2013 en la sede de la ONU.