La organización lleva años denunciando la falta de transparencia y el desgobierno en torno a los pozos ilegales y la impunidad en el robo del agua

Según el Seprona, en los últimos cinco años se han cerrado solo 10 pozos ilegales, una cifra irrisoria comparada con el millón que se estima que hay

La sobreexplotación ilegal e indiscriminada del agua para regadíos y desarrollo urbanístico ha provocado la proliferación de pozos y sondeos ilegales en los últimos años

A través de una carta dirigida a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, Greenpeace ha vuelto a solicitar hoy al Gobierno que lleve a cabo un investigación para localizar y situar en un mapa los pozos ilegales existentes en todo el país y que proceda lo antes posible a su clausura. La organización, que lleva más de 10 años denunciando esta situación, ya realizó peticiones de información pública a las distintas confederaciones hidrográficas a comienzos y finales de 2018 sin obtener un dato confirmado, lo que constata la impunidad y desgobierno en torno a una cuestión tan relevante para la seguridad ciudadana y para la protección de un recurso fundamental para la vida: el agua.

Los últimos datos públicos son de 2006, cuando el Gobierno admitió la existencia de 510.000 pozos abiertos ilegalmente que podrían llegar a extraer hasta 3.570 hectómetros cúbicos de agua al año, el equivalente al consumo medio de 58 millones de habitantes; esto supondría que la mitad del agua bombeada de los acuíferos se extraería al margen de la legalidad. Sin embargo, en 2017, una filtración del gabinete de prensa del Ministerio de Medio Ambiente reconoció que podrían ascender a más de un millón.

“La extracción ilegal de agua es un delito tipificado en el Código Penal con multas e incluso penas de prisión, pero la falta de información y de medios de las fiscalías para perseguirlo contribuye a la impunidad. Un problema medioambiental que, como desgraciadamente hemos visto estos días, se ha revelado también como una amenaza para la seguridad ciudadana”, señala Julio Barea, responsable de la campaña de Aguas de Greenpeace.

A petición de la organización ecologista, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) ha informado de que en el periodo 2013-2017 recibió 1.146 denuncias por pozos ilegales detectados y tan solo se cerraron un total de 10, una cifra irrisoria si se compara con las estimaciones disponibles.

Ante la falta de transparencia de las administraciones, Greenpeace inició una investigación en 2018 para la que solicita la colaboración ciudadana y de profesionales que dispongan de información relevante a través de su plataforma de denuncias y filtraciones online. “Nuestro objetivo es conocer exactamente el número de pozos ilegales que hay en España y poner sobre la mesa cómo el robo del agua provoca que, mientras unos se quedan sin agua, otros obtienen importantes beneficios económicos infringiendo la ley”, asegura Barea.

España sigue siendo el país más árido de Europa y el 75% de su territorio es susceptible de sufrir desertificación. Sin embargo, en los últimos años, la sobreexplotación ilegal e indiscriminada del agua para regadíos y desarrollo urbanístico -muy especialmente del agua subterránea- ha provocado la proliferación de pozos y sondeos ilegales.

“Las previsiones de cambio climático para la península auguran un descenso significativo de las precipitaciones y de disponibilidad de agua en superficie. Será entonces cuando haya que aprovechar las aguas subterráneas. Pero dado el descontrol y desgobierno en la gestión de estas aguas, podemos encontrarnos con que ya no tengamos agua en los acuíferos y que la que quede esté contaminada”, concluye Barea.