Los presidentes de Galicia, Asturias y Castilla y León participaron hoy lunes, 28 de enero, en Santiago, en un encuentro junto a los sectores económicos y sociales de las tres comunidades para impulsar el Corredor Atlántico Noroeste.

La Ciudad de la Cultura acoge esta reunión en la que, además de los tres gobiernos autonómicos, participan las asociaciones de empresarios de las tres autonomías, la Plataforma Atlántico Noroeste, la Federación Gallega de Municipios y Provincias y representantes sindicales, con el objetivo de escenificar la unidad existente en Galicia, Asturias y Castilla y León a favor de la inclusión de su red ferroviaria y de sus puertos y plataformas logísticas, en el Corredor Atlántico de Mercancías, como forma de acceder a la financiación necesaria para garantizar su competitividad.

Los participantes en el encuentro aportaron los argumentos a favor de la inclusión del Noroeste en el Corredor Atlántico de Mercancías y de las inversiones necesarias para fortalecer la red ferroviaria, como camino imprescindible para garantizar la competitividad logística y económica de las tres comunidades autónomas y para aumentar su contribución a la dinamización de los mercados europeos.

INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, JAVIER FERNÁNDEZ  Encuentro para el impulso del Corredor Atlántico NoroesteEl Estado autonómico es un punto de eterno retorno en nuestro debate político. A su alrededor reúne partidarios, detractores, reformistas, críticos feroces y entusiastas, gentes que quieren superarlo por fractura y otras que quieren reducirlo por compresión al centralismo. Da para opiniones de toda laya que hoy y aquí no toca discutir. Lo que está fuera de duda es que nuestro modelo territorial, nuestro peculiar federalismo del revés, ya ha producido sus propias realidades. En 1978, algunas comunidades tenían rasgos como surcos y una personalidad muy identificable, blasonaran o no de nacionalismo; otras, ofrecían apenas unas señas y unas fronteras confusas, si no ignoradas. Pues hoy, cuarenta años después, todas tienen ya su identidad labrada y sus credenciales en regla. Las autonomías no son parcelas administrativas de un Estado común, sino actores de ese Estado.Conviene recordar estas cosas de cuando en cuando y más cuando se traban acuerdos entre gobiernos autonómicos. Del mismo modo que conviene tener en cuenta que la distribución territorial del poder efectivo no es homogénea. Al contrario —y como ocurre en todos los Estados federales—, la heterogeneidad es manifiesta. Por ejemplo, Asturias es la más pequeña de las tres regiones presentes en este encuentro. Menos tamaño, menos población, menos presupuesto, menos de muchas cosas, hasta menos escaños en las Cortes, con todo lo que ello implica (y, sin embargo, tenemos una fortísima identidad; tanta, que si rebasáramos el confín de nuestros límites para hacernos más grandes, dejaríamos de ser quienes somos).No es lo mismo ni puede serlo una comunidad uniprovincial que otra que suma ocho provincias, ni una que supera los siete millones de habitantes que otra que raspa el millón, ni la que está en el centro de todos los caminos por su condición de capital del reino que otras situadas en la periferia, balconadas sobre el mar. De estas diferencias y de sus efectos ya se percataron los gobernantes de la Transición. De hecho, en el caso de Asturias llegó a plantearse una autonomía conjunta con León, algo así como una alianza protésica para compensar nuestra fragilidad. Me temo que, de haberlo hecho, hubiera sido más bienintencionado que útil. Pero dejemos lo que acaso pudo ser y atengámonos a lo que realmente es.

Yo, como presidente de Asturias, he de ser consciente de las fortalezas y debilidades del Principado. Lo mismo que les sucede a Juan Vicente Herrera en Castilla y León y a nuestro buen anfitrión, Alberto Núñez Feijóo, aquí, en Galicia. Y ya que estamos juntos los tres, podemos preguntarnos qué comparten nuestras comunidades. Lo obvio es un ángulo geográfico, un cartabón en el mapa peninsular. Más soterrada, una vocación atlántica, tal vez una manera de entender la vida. Dicho con menos pretensiones, también compartimos fronteras, unas lindes que nos obligan a ponernos de acuerdo para mejorar carreteras, ofrecer asistencia sanitaria, no solapar servicios, prestarnos ayuda en caso de emergencias. Son cosas propias de los buenos vecinos. Nos prestamos la sal cuando hace falta, lo cual siempre es de agradecer.Y, sin embargo, creo que lo que más nos engarza hoy es la conciencia de nuestras debilidades compartidas. Una conciencia espacial común acendrada por nuestras debilidades. Las carencias en las comunicaciones, el envejecimiento, la fragilidad demográfica; incluso, y sobre las diferencias ideológicas, una concepción similar del Estado, que hemos expresado con nuestros criterios sobre la financiación autonómica. Intento decirlo de otro modo. Nos ata la cercanía, la vecindad geográfica, los ríos que nos cruzan y las mismas cordilleras que nos separan, pero nos une la conveniencia de aliarnos para superar las mismas debilidades. Ayuda mutua, que predicaban los libertarios. Durante los últimos años hemos edificado pactos importantes, abiertos a otras comunidades. Acabo de aludir al sistema de financiación. También puedo referirme a la demografía, la transición energética, los problemas industriales, la promoción turística o la lucha contra los incendios forestales.Ese caudal de entendimientos es un activo muy importante que se debe preservar. Estoy pensando en las próximas legislaturas y lanzando un llamamiento expreso a que continúe esta colaboración fértil. Lo analizo desde distintas perspectivas:— Por un lado, es una forma leal y constructiva de contribuir al desarrollo del Estado. Aquí nadie exhibe una vocación disgregadora ni insolidaria, no hay trazas de afán de supremacía: no lo hace Galicia, tampoco Castilla y León ni mucho menos Asturias. Que varios gobiernos autonómicos dialoguen, consensúen y planteen propuestas responde a la lógica de nuestro modelo cuasifederal. Al actuar así, las comunidades se comportan responsablemente como lo que son, como sujetos del Estado. — Por otro, ofrece un punto de encuentro frente a la polarización del debate político, algo que siempre es conveniente. En un momento en el que se impone la dinámica de bloques, en el que las posiciones moderadas parecen sucumbir a la atracción de los extremos, resulta positivo que las instituciones demuestren su capacidad de interlocución y consenso. Las instituciones y las banderías casan mal.— Y, por último, está la importancia en sí de los acuerdos concretos. Por ejemplo, sobre la relevancia económica y logística del corredor atlántico para las tres comunidades no caben dudas. Tampoco puede ni debe haberlas sobre la importancia de garantizar su conexión con los puertos de Gijón, Avilés, A Coruña y Vigo, como hoy volvemos a reivindicar. En España existe desde hace décadas un riesgo de descompensación territorial en la red de infraestructuras, achacable a varias causas, como la pujanza económica del área mediterránea. No creo que nadie que ponga la vista sobre el mapa de las comunicaciones en España cuestione la necesidad de conjurar ese peligro. La conexión con el corredor atlántico (y de los puertos atlánticos y cantábricos entre sí) es una de las mejores maneras de hacerlo. Este acto da pie a otra reflexión para hablar del papel que le corresponde a eso que se llama la sociedad civil. Hasta ahora me he ceñido al ámbito de la cooperación institucional, sin reparar en que nos acompañan representantes empresariales, sindicales y políticos. Les aplaudo. En España tenemos ejemplos de que la implicación decidida de los empresarios, los sindicatos y los partidos redunda a favor de los objetivos que se persiguen. Supongo que no hará falta aclarar que estoy aludiendo al corredor mediterráneo.Así que hoy aquí, en Santiago, podemos celebrar una triple buena noticia. La cooperación entre gobiernos autonómicos, la involucración de la sociedad civil y, espero, el resultado que deseamos: el compromiso del Ministerio de Fomento para hacer realidad nuestra reivindicación sobre el corredor atlántico, porque es razonable, porque es necesaria, porque es constructiva y porque ayudará a hacer una España más equilibrada y competitiva.