El Presupuesto destina los mayores recursos para combatir la violencia machista, pone el foco en las familias y la conciliación al aumentar a ocho semanas el permiso de paternidad, que beneficiará a 190.000 familias, y promueve la universalización de la escuela de 0 a 3 años.

El Gobierno ha presentado en el Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2019. Unas cuentas públicas que fortalecen a la clase media con la recuperación y ampliación de derechos; apuestan por los jóvenes a través de medidas para dignificar el empleo y el acceso a una vivienda y, además, protegen a los colectivos más vulnerables al reforzar los servicios públicos esenciales con las mayores partidas de la democracia en pensiones, dependencia o becas. Los Presupuestos de 2019 blindan el Estado de Bienestar.

En el acto institucional celebrado esta mañana, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha entregado a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, el Proyecto de Presupuestos de 2019. En la presentación también han participado la subsecretaria de Hacienda, Pilar Paneque, la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, María José Gualda y la secretaria de Estado de Hacienda, Inés Bardón.

De esta forma, comienza hoy la tramitación en la Cámara Baja de unas cuentas públicas con las que el Gobierno espera recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Por eso, la ministra de Hacienda ha pedido "responsabilidad" a los partidos y les ha tendido la mano para negociar.

"Una vez que los Presupuestos han entrado en la Cámara llega el tiempo del diálogo y del debate sereno y franco con todos los grupos. Confiamos en que nadie se autoexcluya de las conversaciones", ha explicado Montero. La titular de Hacienda se ha mostrado convencida de que estos Presupuestos son la mejor herramienta para "construir un país más justo y suponen el mejor dique que se puede levantar contra los extremismos".

Montero ha insistido en que es difícil de justificar un rechazo a unos Presupuestos que avanzan hacia un modelo productivo más sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Unas cuentas que potencian la investigación para que España gane competitividad en un mundo globalizado y que incluyen un fuerte incremento de la inversión en infraestructuras y más recursos de financiación para las comunidades autónomas.

Para sufragar todas esas políticas sociales los Presupuestos contemplan un aumento de la recaudación tributaria del 9,5% (7,3% sin efecto del Suministro Inmediato de Información) gracias a una política fiscal basada en una mayor redistribución de la riqueza. Algo que debe producirse mediante una mejora de los ingresos públicos que acerque a España a la media de la presión fiscal de la zona euro, de la que se encuentra siete puntos de PIB por debajo (34,5%, frente a 41,4%, respectivamente). 

Además, se trata de unas cuentas públicas realistas que se ajustan a las previsiones económicas y cumplen con las reglas comunitarias de consolidación fiscal y reducción del déficit público. Unos Presupuestos que garantizan que España crecerá en 2019 por encima de la media de la UE y continuará con la creación de empleo para sumar 800.000 puestos de trabajo entre 2018 y 2019, lo que permitirá reducir la tasa de paro este año al nivel más bajo desde 2008.

Un 57% de gasto social

Estos Presupuestos, que contemplan un incremento del techo de gasto del Estado para 2019 del 4,4%, hasta los 125.064 millones de euros, apuestan por las políticas públicas al contener un gasto social que supone el 57% del total. La ministra de Hacienda ha resaltado que ese porcentaje da una idea del "esfuerzo" que el Gobierno está realizando "para que los ciudadanos disfruten de un Estado de Bienestar fuerte, que recupere su vitalidad después de tantos años de ajustes y que favorezca la cohesión social y la igualdad de oportunidades".

Entre las medidas más destacadas de este Presupuesto se incluyen iniciativas que fortalecen a la clase media, como la ampliación del permiso de paternidad de cinco a ocho semanas, con un impacto de 825 millones y 190.000 familias beneficiarias. También se dan los primeros pasos para universalizar la escuela infantil de cero a tres años, de manera que pueda ser considerada como una inversión financieramente sostenible para los ayuntamientos.

Para los empleados públicos se contempla una subida general retributiva del 2,25%, más un complemento variable derivado del incremento del PIB. Asimismo, el Gobierno continuará con la equiparación salarial de Policía y Guardia Civil y se generarán ofertas de empleo público que se deriven de la aplicación de la tasa de reposición al 100% como norma general para aquellas administraciones cumplidoras con los objetivos de estabilidad.

Apoyo a los jóvenes

Los Presupuestos recogen diversas medidas para mejorar las perspectivas de futuro de los jóvenes. Entre las políticas para atender a este colectivo se encuentra el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 900 euros, lo que supone un incremento del 22,3% que permite avanzar en la lucha contra la precarización del empleo instaurada en los últimos años. Se trata de un aumento en línea con el acuerdo alcanzado por patronal y sindicatos para alcanzar un sueldo mínimo de 1.000 euros por convenio en 2020.

El compromiso del Gobierno de combatir el paro juvenil se refleja en la partida de 670 millones de euros del Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021 que alcanzará los 2.000 millones en ese periodo.

Además, se incrementan las partidas de becas en un 10%, hasta alcanzar el nivel más alto de la democracia, con 1.620 millones de euros y se habilita a las Comunidades Autónomas a reducir las tasas universitarias a niveles anteriores a las subidas de precios registradas en 2012.

Asimismo, las cuentas públicas recogen medidas para abordar los problemas derivados de los altos precios del alquiler, que afecta sobre todo a los más jóvenes. Para ello las cuentas públicas dotan con 137 millones de euros el impulso de un plan de 20.000 viviendas en el parque público de alquiler a precios asequibles para personas con ingresos limitados en aquellos ámbitos en los que este mercado esté especialmente tensionado. La dotación del Estado para el fomento de la edificación, la rehabilitación de viviendas y la eficiencia energética suben un 41%, la mayor cifra de los últimos cinco ejercicios.

Subida de las pensiones

Las partidas destinadas a pensiones públicas se incrementan un 6,2% hasta los 153.864 millones de euros. Se trata de la mayor dotación de la serie histórica.  Todas las pensiones aumentarán como mínimo un 1,6% y las mínimas y no contributivas se incrementarán en un 3%. De esta forma, 9,5 millones de pensionistas cobrarán más.

También se incrementa en cuatro puntos la base reguladora para calcular las pensiones de viudedad, cuyo porcentaje se sitúa en un 60% con esa alza. Esta medida, que implica una subida del 7% en estas prestaciones, beneficiará a casi medio millón de viudas y viudos.

El gasto en dependencia se eleva un 59,3%, de forma que este pilar del Estado de Bienestar registra un incremento de 831 millones, lo que permite alcanzar la mayor dotación para el sistema de dependencia, con 2.232 millones de euros. Una medida que beneficiará a 270.000 personas. Asimismo, las transferencias destinadas a ayudas a las familias aumentarán en 321 millones de euros.

Además, el Estado volverá a financiar las cuotas sociales de los cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia, lo que supone 315 millones de euros.

Las cuentas públicas también suprimen el copago farmacéutico para aquellos pensionistas que cobren menos de 11.200 euros al año y para perceptores de la prestación económica de la Seguridad Social por hijo o menor a cargo. Esta medida beneficiará a más de 6,8 millones de personas.

Reforzar la protección a desempleados

Los Presupuestos refuerzan la protección para los desempleados, al incrementar las partidas para el desempleo un 4%, a pesar de que la previsión es que la tasa de paro descienda al 14%. En concreto, se destinan 18.102 millones de euros a las prestaciones por desempleo, 691 millones más que en 2018. También se recuperación el subsidio para los mayores de 52 años, medida que beneficiará a 114.000 personas.

El Presupuesto mantiene el Plan Integral de Empleo de Canarias, con 42 millones, y se dotan de nuevos planes de empleo a Andalucía y Extremadura, con 50 y 6 millones de euros, respectivamente.

Violencia machista y protección de la infancia

Las cuentas públicas refuerzan la lucha contra la violencia machista al destinar 220 millones, la mayor dotación registrada al Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Además, los Presupuestos contemplan toda una batería de medidas para promover la igualdad de género. "Queremos impulsar una potente política de género transversal, para diseñar políticas que tengan un impacto positivo en la corrección de los desequilibrios, tanto al nivel de los ingresos como en el de los gastos", ha señalado Montero.

Una de las principales novedades se encuentra en el Impuesto sobre Sociedades en el que introduce una deducción vinculada a la incorporación de mujeres en los consejos de administración de las empresas. El objetivo es incentivar la presencia equilibrada de hombres y mujeres en dichos órganos de decisión, incorporando de esta forma la perspectiva de género en el impuesto.

En este sentido, se amplía el número de programas de gasto que se analizan en el Informe de Impacto de Género, hasta superar el 80% y se crea la Comisión Interministerial de Presupuestación con Perspectiva de Género para mejorar la coordinación de todos los departamentos en esta materia.

La protección de la infancia también se encuentra entre las prioridades de los Presupuestos con medidas como el nuevo ingreso mínimo vital para combatir la pobreza infantil. Para familias en situación de pobreza (aquellas cuya renta es inferior al 50% de la renta considerada como umbral de la pobreza), la prestación se incrementa desde los 291 euros hasta los 341 euros. En casos de pobreza severa (cuando la renta anual es inferior al 25% del umbral de la pobreza), la prestación por hijo a cargo se eleva hasta los 588 euros. Se estima que esta nueva prestación permitirá reducir la pobreza infantil severa en un 12%, sacando de esa situación a cerca de 82.000 menores.

Además, se incrementa en 25 millones las ayudas para los comedores escolares a las familias en riesgo de exclusión social y se duplican las ayudas para material escolar (50 millones más).

Modelo productivo y transición ecológica

Los Presupuestos abordan un nuevo modelo productivo basado en la innovación, la investigación, o las energías alternativas. De esta forma, las cuentas de 2019 incluyen un incremento del 5,6% del I+D+I civil, hasta los 6.729 millones. Destaca el incremento del 8% de los créditos del presupuesto no financiero, que se sitúan en 2.845 millones.

Dentro de esa apuesta por el cambio de modelo se contemplan medidas como dotar al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) con 300 millones de euros para impulsar las energías renovables y la eficiencia energética. Otra acción será la aportación al ICO de 60 millones de euros para promover la eficiencia energética o la creación de un Fondo de Carbono para descarbonización y reducción de emisiones a la atmósfera.

Cohesión territorial a través de las infraestructuras

El Gobierno apuesta por la inversión en infraestructuras como herramienta fundamental para avanzar en la cohesión territorial y modernizar el país. Estos Presupuestos suponen un salto adelante al destinar 7.572 millones de euros a las infraestructuras, lo que supone un 40% más respecto a 2018.

La inversión en ferrocarril alcanzará los 4.841 millones y se trabajará en la red ferroviaria convencional para hacerla más competitiva. Se acometerán acciones de mejoras en la red en el Plan de Cercanías y se concretarán actuaciones en los diversos corredores de Alta Velocidad.

En materia de carreteras, la inversión se incrementa un 23% hasta 2.328 millones de euros.

Financiación autonómica y local

El Gobierno tiene una voluntad clara de mejorar la financiación de las administraciones territoriales y ello queda demostrado en los Presupuestos. En concreto, la financiación de las comunidades autónomas y entidades locales se incrementa un 6,4% hasta los 129.899 millones de euros.

En ese sentido, se han actualizado las entregas a cuenta que las Comunidades Autónomas recibirán este año, de forma que obtendrán más de 2.000 millones de lo que se les comunicó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del pasado julio hasta alcanzar los 105.281 millones de euros. El total de financiación prevista de las comunidades para 2019, incluyendo otras variables como la previsión de liquidación, es de 110.570 millones, lo supone una mejora de 6.673 millones.

Por su parte, los recursos de las entidades locales alcanzarán los 19.329 millones, lo que supone un 7,6% más que en 2018.

Sistema fiscal justo y redistributivo

La previsión de recaudación para 2019 será de 227.356 millones de euros, lo que supone un 9,5% más que la liquidación de 2018. Si se elimina el efecto provocado por la aplicación del Suministro Inmediato de Información (SII), el aumento de la recaudación sería del 7,3%.

El capítulo de ingresos contempla una serie de medidas encaminadas a conseguir un sistema fiscal propio del siglo XXI, más justo y redistributivo. Montero ha resaltado que las medidas tributarias permitirán un incremento de la recaudación de 5.654 millones de euros, que se traducirá en "una mejora de las políticas sociales y económicas".

Las nuevas medidas fiscales piden una mayor contribución a las rentas altas y a las grandes empresas y no contempla subidas de impuestos ni para la clase media y trabajadora, ni para los autónomos y las pymes.

Por figuras tributarias, destaca la recaudación del Impuesto de Sociedades con un incremento del 14,1% hasta alcanzar los 27.579 millones de euros. Este comportamiento se debe a medidas incluidas en los Presupuestos como el tipo mínimo del 15% de la base imponible que afecta a grandes empresas y del 18% para la banca y compañías de hidrocarburos. También limitar del 100% al 95% las exenciones por los dividendos obtenidos mayoritariamente en el exterior. Estas medidas afectan sólo a un 0,7% de las empresas que tributan por Sociedades.

En contraposición, baja dos puntos, hasta el 23%, el gravamen de Sociedades para las pymes que facturen menos de un millón de euros. Una de cada cuatro empresas que tributan por Sociedades verá rebajada su fiscalidad frente a solo el 0,7% que contribuirá más.

Los ingresos por IRPF se elevan un 4,9% respecto a 2018, lo que se debe a la mejora de los salarios y a la mayor contribución de las rentas altas. Se establece una subida de dos puntos del IRPF en las bases imponibles superiores a 130.000 euros y de cuatro puntos en las que superan los 300.000 euros. Las rentas del capital aumentan cuatro puntos el gravamen cuando superen los 140.000 euros. Todo ello supone que el 99,5% de contribuyentes no verá modificada su contribución por IRPF.

La recaudación del IVA se eleva un 11,7%, aunque, en términos homogéneos (descontando el efecto del SII), ese incremento será del 5,1%.

Rebaja de impuestos

Los Presupuestos también contemplan rebajas tributarias selectivas pero significativas. El Gobierno reduce el IVA en los productos de higiene femenina al 4%. También disminuye al 4% el IVA a las revistas, libros y periódicos electrónicos, mientras que el IVA de los servicios veterinarios desciende al 10%.

El Gobierno también ha suprimido el carácter temporal del Impuesto sobre el Patrimonio, figura que financia a las Comunidades Autónomas, y que tendrá un carácter permanente para aumentar la seguridad jurídica y garantizar la consolidación fiscal. Este impuesto afecta a un número reducido de personas, apenas 200.000 contribuyentes con elevado patrimonio.

Por otra parte, también se otorga a la Agencia Tributaria la competencia para comprobar si las Sicav cumplen los requisitos legales para constituirse como tales. Además, se establece un gravamen especial del 15% sobre el importe de los beneficios no distribuidos de las Socimi.

Otras de las prioridades del Gobierno es combatir el cambio climático y proteger al medio ambiente. Por este motivo, siguiendo las recomendaciones internacionales, se reduce la actual bonificación que disfruta el diésel sobre la gasolina. En concreto, el impuesto especial sobre gasóleo aumenta en 3,8 céntimos por litro. Esto supone un incremento de 3,3 euros al mes para un conductor medio. A pesar de ello, la fiscalidad de los carburantes en España sigue por debajo de la mayoría de países de la UE. Además, los profesionales del transporte están exentos de esta subida al no afectar al gasóleo profesional.

Asimismo, un porcentaje de esa recaudación del diésel se destina a incentivar la renovación del parque automovilístico y a acompañar la transición de las empresas del sector hacia un nuevo modelo. En cualquier caso, pese a este incremento, la fiscalidad de los carburantes se mantiene por debajo de la existente en las principales economías de la UE y países limítrofes.

Estas medidas tributarias se completan con la próxima tramitación de nuevos impuestos, como el Impuesto sobre Transacciones Financieras y el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales. Además, el Gobierno aprobará en breve el proyecto de Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal, donde se incluye, entre otras medidas, la prohibición por ley de las amnistías fiscales.

Sostenibilidad de la Seguridad Social

El Presupuesto consolidado de ingresos no financieros de la Seguridad Social para 2019 asciende a 140.256 millones de euros, lo que supone un 7% más.

La principal fuente de ingresos son las cotizaciones sociales, que se incrementan un 7,5% hasta los 123.584 millones de euros. Este crecimiento viene propiciado por la subida del SMI (que determina el crecimiento de las bases mínimas de cotización en un 22,3%) y el incremento del tipo de cotización de los autónomos, que se eleva hasta el 30%. Las bases mínimas para este colectivo aumentan un 1,25%.

Las cotizaciones sociales también aumentarán por la ampliación del subsidio por desempleo a trabajadores entre 52 y 55 años y por el incremento de la base de cotización del 100 al 125% de la base mínima.

Para garantizar la sostenibilidad del sistema, el Estado realiza un préstamo a la Seguridad Social por importe de 15.164 millones de euros, la misma cifra que el año pasado, que busca mantener el equilibrio de las cuentas del sistema hasta que se alcance un consenso en el marco del Pacto de Toledo.