La normativa creará un cuerpo de inspectores para combatir las malas prácticas en las actividades de ocio y prevé sanciones desde 100 a 60.000 euros
Asturias.-La Consejería de Presidencia, a través del Instituto Asturiano de la Juventud, ha destinado cerca de 24 millones a las políticas de juventud desde 2012 para financiar, entre otras medidas, programas e intervenciones de apoyo al movimiento asociativo y consolidar los instrumentos de participación de este sector de la población.
El consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez, ha dado a conocer hoy estos datos durante su comparecencia en Junta General para informar sobre el proyecto de Ley de Participación y Promoción Juvenil, que establecerá un marco normativo para aplicar de manera transversal la perspectiva joven en la acción de Gobierno. Garantizará, además, la continuidad de los principales programas de apoyo que impulsa el Principado y agrupará en un único texto legal la diferente normativa dispersa en distintas regulaciones.
Martínez, que ha recordado que la presentación de este proyecto fue uno de los compromisos de legislatura del Ejecutivo, ha asegurado que con él “se da continuidad a una trayectoria de compromiso con la población joven mediante la regulación de materias que actualmente carecen de marco normativo, y al mismo tiempo eleva a rango de ley las políticas que con carácter estable hemos incorporado a nuestra acción de Gobierno como el apoyo al movimiento asociativo y a sus entidades representativas”.
Las principales novedades de este proyecto son la regulación de las actividades de las escuelas de animación infantil y juvenil, así como aquellas que se realizan al aire libre como campamentos urbanos y de verano, colonias y acampadas itinerantes. Además, creará un cuerpo de inspección para garantizar el cumplimiento de la ley y velar por el correcto funcionamiento del sector de actividades de ocio y tiempo libre, impidiendo el intrusismo y las malas prácticas.
Fruto del consenso
Por primera vez se establece un régimen sancionador para este tipo de actividades con sanciones que oscilan entre los 100 y los 60.000 euros y la posibilidad de inhabilitación para los infractores y la clausura de las instalaciones desde seis meses y un día hasta tres años.
El documento, fruto del consenso y las aportaciones de los diferentes agentes que forman parte del Consejo Rector de Juventud, reconoce el papel del Consejo de la Juventud y preserva su condición de organismo autónomo adscrito a la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, además de respetar su personalidad jurídica, su capacidad de decisión y sus órganos de gobierno.
También garantiza la continuidad de la Red de Oficinas Jóvenes como herramienta clave para promover la participación en el territorio, al tiempo que reconoce su condición de servicio público y gratuito de información y asesoramiento.
Otro de sus aspectos más relevantes es que afianza el carácter integral y transversal de las políticas de juventud de manera que el Gobierno debe contribuir a mejorar su empleabilidad y acceso a la vivienda; a facilitar su derecho a la información y a una educación pública que fomente valores cívicos y democráticos; a impulsar la igualdad y la solidaridad, y a facilitar la movilidad y un transporte público asequible y de calidad.
El consejero ha destacado que, desde la pasada legislatura, mantener su compromiso con los jóvenes ha sido una de las prioridades del Gobierno, que se plasmó, entre otras medidas, “en la recuperación del Instituto Asturiano de la Juventud, cuyo presupuesto para 2019 es de 3,1 millones; el fortalecimiento de su Consejo Rector con la incorporación de los agentes sociales y económicos más representativos y la Federación Asturiana de Concejos”. También, en el mantenimiento financiero de los Consejos de la Juventud y la red de oficinas jóvenes municipales con una aportación próxima a los 4,9 millones desde 2012, “lo que ha garantizado su continuidad y servicios en el conjunto del territorio”, ha señalado Martínez.
