La consejera de la Presidencia, Mar Moreno, ha anunciado que la Junta de Andalucía va a revertir "de inmediato" al Estado el "cien por cien" de las competencias sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir que discurren por su territorio ante la imposibilidad de encontrar un acuerdo "satisfactorio" con el Gobierno central, debido a las "dudas" planteadas por los servicios jurídicos estatales que permitieran una "solución perfectamente legal" y "jurídicamente pacífica" a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anuló el artículo 51 del Estatuto de Autonomía.
Por otra parte, ha informado de que el Gobierno andaluz ha decidido "mantener abierta la vía política del artículo 150.2 de la Constitución Española", que actualmente se tramita en el Parlamento de Andalucía, y que llevará a las Cortes Generales a "decidir si finalmente puede haber una delegación de competencias que colme esta aspiración de Andalucía". "Es una vía limpia, plenamente legal y no tiene complejidades jurídicas", ha manifestado la consejera.
Moreno ha señalado que, durante las dos semanas que ha estado vigente la prórroga de la encomienda de gestión, la Junta de Andalucía "ha estado trabajando con una gran intensidad con el Gobierno de España, intentando encontrar soluciones, sobre todo de carácter jurídico". Sin embargo, ha explicado, que las "dudas" legales que surgieron sobre la posibilidad de adscribir personas vía encomienda por parte del Estado "no se han disipado por completo y eso introduce un factor de inseguridad jurídica bastante relevante que no podíamos dejar pasar por alto".
Asimismo, ha apuntado que la solución aportada por el Estado se reducía a una encomienda de gestión "con una limitación temporal expresa a cinco años", lo que, según ha indicado, "volvía a situar a la plantilla de trabajadores con problemas de estabilidad y temporalidad que dificultarían su integración en la Junta de Andalucía y podrían lesionar sus derechos" laborales.
La consejera de la Presidencia ha explicado que se trata de trabajadores que en opinión del Gobierno andaluz "merecen certidumbre respecto su futuro" y "también de un conjunto de empresas y organizaciones concernidas por la gestión del agua que también merecen una seguridad jurídica que permita que las políticas sean eficaces".
Con respecto a la policía de aguas, según ha argumentado, no se planteaba ningún problema para su transferencia, pero al final no se producirá porque ello "no satisface ni de lejos las aspiraciones de la Junta sobre el Guadalquivir, ni permite un papel lo suficientemente relevante sobre la gestión del río". Moreno ha apuntado que el presidente de la Junta de Andalucía "ha tenido claro en todo momento que el acuerdo tendría que ser pacífico en términos jurídicos y con contenidos sustantivos y esto no ha sido posible por tanto hemos optado por la reversión".
Según ha recordado, la voluntad de la Junta de Andalucía, desde el inicio de las negociaciones con el Estado, era obtener "dentro del marco del Tribunal Constitucional, el máximo de competencias, el máximo de gestión posible en relación con un recurso, como es el agua del río Guadalquivir, con un evidente impacto estratégico en Andalucía, además de con un simbolismo que todos reconocemos".
En este sentido, ha manifestado que "por encima de los deseos políticos hay un Gobierno responsable y por tanto el acuerdo con las debilidades jurídicas planteadas no es positivo para Andalucía". La consejera ha defendido la "visión de futuro" de la decisión del Ejecutivo andaluz. "Por encima del hoy está el mañana" y "hemos optado desde la responsabilidad por evitar una satisfacción momentánea que mañana pueda derivar en una fuente de conflictos laborales o jurídicos en materia de agua", ha indicado.
Asimismo, ha querido agradecer los esfuerzos del presidente del Gobierno de España y de los ministerios de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino; de Política Territorial, y de Hacienda. Según ha apuntado, "la voluntad política ha sido compartida en todo momento de alcanzar una solución que fuera satisfactoria y viable".
Respecto a la reversión de los medios humanos y materiales, la consejera ha explicado que, en materia de personal, el Estado traspasó en 2008 a la comunidad 849 empleados, distribuidos entre 224 funcionarios, 478 laborales y 147 vacantes, y que ahora la Junta le devolverá en el mismo número, repartidos en 193 funcionarios, 427 laborales y 229 vacantes.
En lo que se refiere al impacto económico, Moreno ha expuesto que la transferencia ha estado cifrada en 78 millones de euros en 2011 por parte del Estado. Esos son los recursos que, según ha apuntado, Andalucía deja "de recibir y que deja de gastar", al tiempo que ha precisado que, en ningún caso, se pueda hablar de "pérdida económica"
