Sanidad traslada a CERMI el compromiso con la igualdad real para las personas con discapacida

Sanidad traslada a CERMI el compromiso con la igualdad real para las personas con discapacida

El Gobierno tiene intención de aprobar en el próximo Consejo de Ministros el anteproyecto de reforma del artículo 49 de la Constitución para dotar de mayor protección a los derechos de las personas con discapacidad

La vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, y la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, han trasladado al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), el compromiso del Gobierno para lograr la igualdad real y efectiva de las personas con discapacidad. 

Calvo y Carcedo han manifestado este compromiso en el transcurso de un encuentro en La Moncloa con CERMI, el primero que se celebra a alto nivel con representantes de este sector social. La vicepresidenta y la ministra les han explicado la intención del Ejecutivo de aprobar en el próximo Consejo de Ministros el anteproyecto de reforma del artículo 49 de la Constitución, con el fin de dotar de mayor protección a los derechos de este colectivo.

La redacción del nuevo texto constitucional se ha realizado a iniciativa del Gobierno a partir de la propuesta de la Comisión para las políticas integrales de la discapacidad y ha contado con la participación del colectivo de personas con discapacidad, representado por CERMI.

Con esta reforma, el artículo 49 se actualiza para adaptarse a la Convención de 2006. Se reescribe completamente y pasa de ser un texto sucinto a un texto más extenso, con la intención de concretar y garantizar mucho más la protección de los derechos de las personas con discapacitad.

Uno de los aspectos más destacados de la reforma es que recoge expresamente que las personas con discapacidad gozarán de sus derechos en condiciones de libertad e igualdad sin que pueda producirse discriminación.

Además, se prevé también expresamente que los poderes públicos lleven a cabo políticas encaminadas a conseguir su autonomía personal y su inclusión social.

Se reconoce además, expresamente y por primera vez, la protección particular que requieren las mujeres y las niñas con discapacidad, por ser un colectivo especialmente vulnerable y discriminado.

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