Madrid.-El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado las enmiendas a la totalidad que han presentado tanto el Grupo Parlamentario Ciudadanos como el Grupo Parlamentario Popular a la Proposición de Ley relativa a la modificación de los criterios de aplicación de la regla de gasto. La enmienda con texto alternativo del Grupo Ciudadanos a esta proposición ha sido rechazada con 167 votos a favor, 174 votos en contra y 0 abstenciones. Asimismo, la alternativa del Grupo Popular ha obtenido 166 votos a favor, 175 votos en contra y sin abstenciones. Con este resultado, la proposición de ley continúa su tramitación parlamentaria en ponencia y Comisión, donde se elaborará un dictamen para remitirlo al Pleno y, en caso de ser aprobado con mayoría absoluta, al Senado.

Proposición de ley orgánica

La proposición de ley, que presentó el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comù Podem-En Marea y cuya toma en consideración se aprobó en Pleno el 13 de diciembre de 2017, considera que la regla de gasto "impide a las administraciones públicas utilizar el remanente de tesorería derivado de superávits fiscales para financiar las políticas económicas y sociales con las que garantizar unos mínimos niveles de bienestar, otorgando, como ya se ha mencionado, prioridad al pago de la deuda pública por encima de cualquier otro gasto público". Para el grupo de Unidos Podemos-EC-EM, la aplicación de la misma supone una injerencia en la autonomía local especialmente difícil de justificar cuando la mayoría de las corporaciones presentan superávit presupuestarios e importantes remanentes de tesorería, cumplen los límites de deuda, y respetan el periodo medio máximo de pago a proveedores  mientras se ven impedidas en la provisión de los servicios públicos de su competencia. Unidos Podemos-En Comù Podem-En Marea afirma que la regla de gasto supone un agravio comparativo para las corporaciones locales por el diferente nivel de exigencia respecto a la Administración Central ya que se aplica de manera independiente respecto del objetivo de estabilidad, que es lo que determina el esfuerzo de consolidación financiera del Estado. Añade que las corporaciones locales, antes de la crisis, mantuvieron saldos fiscales prácticamente equilibrados, con un déficit medio de apenas un 0,05 % del PIB entre 1999 y 2007  por debajo del déficit medio de Gobierno Central (0,28 % del PIB) y las Comunidades Autónomas (0,34 % del PIB) y en un nivel cuatro veces inferior al déficit medio de los gobiernos locales en el conjunto de la Unión Europea (0,20 % del PIB). El grupo parlamentario atribuye el empeoramiento posterior de las cuentas de los ayuntamientos en España a la escasez de fuentes tributarias más que a una presunta mala gestión de sus presupuestos. Por ello, indica que "la aplicación de la regla de gasto está provocando que los gobiernos locales se encuentren obligados a mantener importantes superávit fiscales sin poder dedicarlos a las extraordinariamente altas tasas de exclusión social, de un 27,9 % de la población (según el indicador AROPE de la última Encuesta de Condiciones de Vida) que presenta actualmente nuestro país".

Enmienda a la totalidad del Grupo Parlamentario Ciudadanos

La exposición de motivos reafirma la necesidad de mantener unas reglas fiscales, puesto que la situación alternativa, la indisciplina fiscal, "lleva siempre a subidas imprevistas de impuestos y recortes indiscriminados de gasto público. La principal amenaza del Estado del bienestar es siempre el gasto sin control". La regla de gasto, por tanto, "vincula a todas las administraciones del Estado de forma solidaria y permite que la Administración Central sea el garante de última instancia de su cumplimiento". El texto propone la modificación de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad para incluir en el artículo 12 que "el Gobierno desarrollará reglamentariamente que los presupuestos incorporen la información necesaria para determinar el cumplimiento de la regla de gasto y regulará tanto cuestiones metodológicas como el procedimiento, calendario y contenido de la información a intercambiar entre las administraciones públicas". Enmienda a la totalidad del Grupo Parlamentario Popular

Por su parte, el Grupo Popular pide en la exposición de motivos de su texto "flexibilizar la regla de gasto, incluyendo la posibilidad de destinar los remanentes de superávit positivo no solo a inversiones financieramente sostenibles sino también a bonificar los impuestos locales tanto para el fomento de la actividad económica y la generación de empleo por autónomos y PYMES como para aquellos colectivos especialmente vulnerables". Para ello, se pide la modificación de la Ley Orgánica 2/2012 para modificar la disposición adicional sexta según la cual las corporaciones locales deberán destinar su superávit a contabilidad nacional y a amortizar operaciones de endeudamiento que estén vigentes. Una vez cumplida ambas obligaciones y la corporaciones local siguiese teniendo un saldo positivo, "este se podrá destinar a financiar inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión esta sea financieramente sostenible".