Declaración Institucional de la Junta General del Principado de Asturias sobre la necesidad de una ley nacional en materia de servicios de emergencia

En el ámbito de la protección civil, y de acuerdo con la legislación vigente, las diferentes administraciones públicas cuentan con los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS), con un destacado papel de la prestación de dicho servicio público. Estos servicios atienden a la mayoría de las emergencias que se producen en todo el territorio nacional relacionadas con incendios, rescates y salvamentos, velando por la protección civil veinticuatro horas al día, 365 días al año.

No obstante, a pesar de que en nuestro país los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento prestan sus inestimables servicios desde mediados del siglo XIX, en la actualidad no existe ninguna normativa que establezca un marco legislativo que regule la profesión y, por tanto, la personalidad jurídica y estatutaria de dichos servicios públicos a nivel estatal.

Para coordinar la citada prestación de servicios, la ley también establece la posibilidad de la implantación de fórmulas de gestión compartida a través de consorcios, mancomunidades u otras fórmulas. Asimismo, otorga a las comunidades autónomas, de acuerdo con lo dispuesto en sus respectivos Estatutos, la facultad de crear en su territorio entidades que agrupen varios municipios cuyas características determinen intereses comunes precisados de una gestión propia o demanden la prestación de servicios de dicho ámbito.

El fundamento jurídico de la protección civil se encuentra en la Constitución, que establece tres principios: la obligación de los poderes públicos de garantizar el derecho a la vida y a la integridad física y solidaridad territorial, así como las exigencias esenciales de eficacia y coordinación de las Administraciones públicas.

Además, el Tribunal Constitucional reconoce que puede existir un determinado interés nacional o supraautonómico en materia de protección civil.

La ausencia de un marco normativo de los Servicios de Emergencias a nivel estatal supone en muchos casos la falta de un desarrollo específico para bomberos y demás implicados en los servicios de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que garantice la seguridad de sus integrantes.

Por todo ello, la Junta General del Principado de Asturias:

Manifiesta la necesidad de una regulación nacional en materia de Servicios de Emergencia con rango de Ley y anima a los poderes públicos a adoptar las iniciativas necesarias para hacerla realidad.

Palacio de la Junta General, viernes 16 de noviembre de 2018