Asturias aprueba el proyecto de Ley de garantía de derechos y prestaciones vitales, que consolida y agiliza el salario social 

-        La norma ordena todas las ayudas para personas en situación vulnerable  

-        El Principado promueve la plena incorporación social de las personas trans con una ley que garantiza la libre expresión de la identidad sexual y de género 

-        El Ejecutivo invertirá dos millones en las redes de caminos de cuatro concentraciones parcelarias de Valdés, Cabrales y Onís 

-        Autorizado un gasto de 1,4 millones para dos obras de mejora del abastecimiento de agua en Llanes y Cudillero 

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el proyecto de Ley de garantía de derechos y prestaciones vitales, que permitirá ordenar e integrar todas las ayudas destinadas a cubrir las necesidades básicas de personas en situación de vulnerabilidad. La norma persigue ofrecer una respuesta más ágil y coordinada por parte de las administraciones. El texto legal pretende consolidar y mejorar el salario social básico, para lo que incluye medidas dirigidas a agilizar la prestación, exenciones para los ingresos provenientes del trabajo y de determinadas pensiones, y la actualización de los programas personalizados de incorporación social y laboral ligados a la renta mínima.

Además, recoge complementos vitales con el fin de atender de manera diferenciada las nuevas necesidades, al tiempo que plantea apoyos adicionales para familias con menores y jóvenes, miembros con discapacidad y dependencia, o para el alquiler de vivienda, así como un complemento específico a las pensiones no contributivas para quienes viven solos. 

Asturias se mantiene como la comunidad del régimen general con mayor cobertura de la renta mínima, con 22.585 familias beneficiarias a finales de septiembre. De ellas, 8.095 (35%) tienen menores a cargo, 3.595 (17%) cuentan entre sus miembros con personas con discapacidad o dependencia, y otro 8% dispone de ayuda al alquiler. Asimismo, cobran el salario social 1.700 perceptores de pensiones no contributivas que viven solos. Todos ellos pasarían a beneficiarse de los nuevos complementos vitales, lo que implicará menos cargas administrativas y mayor agilidad en el acceso a la prestación. 

Por otro lado, la futura ley trata de asegurar la cobertura de las necesidades básicas de menores en acogimiento familiar y recoge las garantías jurídicas para abonar las compensaciones económicas de manera directa. En el ámbito de la vivienda, aspira a garantizar el derecho de toda la población a un hogar digno y adecuado. Para ello, entre otras medidas, simplifica el procedimiento de concesión de ayudas, que pasarían a concederse de forma directa.

En 2017, 6.650 familias recibieron apoyos al alquiler en régimen de concurrencia competitiva. Además, el texto garantiza unos mínimos comunes en todo el territorio en relación con las ayudas de emergencia social que conceden las entidades locales y pone especial énfasis en la atención a la población infantil, así como en los apoyos para el acceso y mantenimiento en la vivienda y contra la pobreza energética. 

Desde el punto de vista de la gestión, aspira a aumentar la agilidad en la concesión de prestaciones mediante la homogeneización de conceptos, el establecimiento de criterios comunes para la determinación de la capacidad económica de los beneficiarios y la modernización de procedimientos.

En este sentido, prevé el uso de herramientas como la declaración responsable, la tramitación simplificada, el régimen de concesión directa para las subvenciones o la administración electrónica. 

Contra la vulneración de derechos de las personas trans 

El Ejecutivo también ha aprobado el proyecto de Ley de garantía del derecho a la libre expresión de la identidad sexual y/o género, que aborda desde una perspectiva integral las necesidades de las personas trans, con el fin de promover su plena incorporación social en condiciones de igualdad y combatir cualquier vulneración de derechos que coarte su libertad. El nuevo marco legislativo sienta las bases para racionalizar y universalizar la atención médica y social a este colectivo y plantea, además, la aplicación de medidas contra la discriminación en los ámbitos educativo, laboral y cultural para asegurar sus derechos. Para elaborar la norma con un amplio nivel de acuerdo, el Principado impulsó un proceso participativo en el que han tomado parte el movimiento asociativo, representado por la Asociación Asturiana de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (Xega), y todos los grupos con representación parlamentaria. El proyecto eleva a rango de ley la prescripción de tratamientos hormonales que actualmente se realiza en la Unidad de Tratamiento de Identidad de Género del Hospital San Agustín de Avilés y garantiza acompañamiento y apoyo psicológico a las personas trans y sus familias. 

En el ámbito educativo, promueve la elaboración de un protocolo para preservar la identidad sexual y el libre desarrollo de la personalidad del alumnado, al tiempo que plantea la inclusión en los currículos de contenidos sobre orientación sexual y género. En la Administración autonómica, prevé la incorporación de criterios de igualdad de oportunidades en las convocatorias de fomento del empleo y medidas de bonificación fiscal o subvenciones para la integración laboral de las personas trans. 

Por otro lado, apuesta por el diseño de un programa de actuación para la inserción y atención social de personas en grave riesgo de exclusión, con especial atención a los menores expulsados de sus hogares. También plantea la elaboración de un protocolo de atención policial en caso de que las personas transexuales sean víctimas de agresiones, acoso o coacciones, tanto físicas como por medios virtuales. La norma identifica hasta ocho tipos de situaciones de discriminación, entre las que figuran la marginación directa, el acoso y la represalia, e incorpora un régimen de sanciones e infracciones con multas que oscilan entre los 200 y los 45.000 euros. 

Ordenación territorial para favorecer la actividad agrícola 

El Consejo de Gobierno ha aprobado un gasto de 2.050.845 euros, cofinanciado en un 53% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), para ejecutar redes de caminos en cuatro concentraciones parcelarias de los concejos de Valdés, Cabrales y Onís.

Las inversiones previstas son las siguientes: 

-    Brieves-San Feliz (Valdés): 924.364 euros. Las obras se prolongarán durante 18 meses y el presupuesto se distribuirá en tres anualidades: 50.000 euros este año, 725.000 en 2019 y 149.364 en 2020.

-    Ranón (Valdés): 433.374 euros. Los trabajos durarán 10 meses y el gasto se distribuirá en dos anualidades: 30.000 euros este año y 403.374 en 2019.

-    Puertas y Pandiello (Cabrales): 367.168 euros. Las actuaciones durarán 8 meses y los fondos se distribuirán en dos anualidades: 30.000 euros este año y 337.168 en 2019.

-    Sirviella-Talavero (Onís): 325.939 euros. El plazo de ejecución de los trabajos es de 8 meses y el presupuesto se distribuirá en dos anualidades: 25.000 euros este año y 300.939 el próximo.La superficie total que se agrupará en estas actuaciones  es de 1.135 hectáreas: 480 en Brieves-San Feliz, 260 en Ranón, 180 en Puertas y Pandiello y 215 en Sirviella-Talavero. 

El modelo de concentración parcelaria implica la ordenación territorial del espacio rural y la reorganización de la propiedad para atajar el minifundismo. Este sistema  favorece la creación de unidades mínimas de cultivo agrícola y forestal y la ejecución de vías de acceso, factores imprescindibles para mejorar la competitividad de las explotaciones ganaderas y forestales. Además, los títulos de propiedad ofrecen seguridad jurídica a los dueños de los terrenos, al tiempo que les permiten disponer de parcelas y caminos acondicionados para trabajar en buenas condiciones. 

Renovación de abastecimientos de agua 

El Ejecutivo ha autorizado un gasto de 1.450.799 euros para dos obras de mejora del abastecimiento de agua en Llanes y Cudillero. Se trata de las siguientes actuaciones: 

-    Renovación de conducciones desde las captaciones de Las Pisas y El Arenal (Llanes): 1.093.527 euros. Los trabajos, que se prolongarán durante 20 meses, permitirán evitar averías y cortes en el suministro a la capital del concejo. El presupuesto se distribuirá en tres anualidades: 250.000 euros este año, 340.000 en 2019 y 503.527 en 2020.

-    Renovación de la red de distribución de agua y construcción de un depósito regulador en Las Bárzanas (Castrillón): 494.357 euros. La actuación se financiará en tres anualidades: 20.000 euros este año, 200.000 en 2019 y 274.357 en 2020. 

357.272 euros para una actuación de saneamiento en Cudillero 

El Consejo de Gobierno ha aprobado una partida de 357.272 euros para ejecutar el proyecto de conexión de vertidos de Soto de Luiña al colector del río Esqueiro, en Cudillero. La obra, que dará servicio a 195 vecinos, permitirá renovar 16 colectores de la red municipal y trasladar a la depuradora los vertidos domiciliaros. El presupuesto se distribuirá en dos anualidades: 5.000 euros este año y 352.272 el próximo.

Ciclo de grado superior de Formación Profesional de Ganadería 

El Ejecutivo ha autorizado el decreto por el que se establece el currículo del ciclo de grado superior de Formación Profesional (FP) de Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal. El ciclo responde a las necesidades de formación de técnicos superiores en gestión de la producción ganadera que puedan llevar a cabo trabajos especializados de apoyo a equipos veterinarios. Además, contribuye a ampliar la oferta formativa en un sector económico importante en el Principado.