Madrid/Oviedo.-La Cámara Baja ha convalidado hoy, el Real Decreto-ley 13/2018, de 28 de septiembre, por el que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de arrendamiento de vehículos con conductor. La nueva norma, que obtuvo mayoría absoluta de votos favorables, se tramitará como proyecto de ley.

De este modo, se garantiza el adecuado equilibrio de la oferta y demanda de servicios de transporte urbano en vehículos de turismo, permitiendo a Comunidades Autónomas, y en su caso los Ayuntamientos, puedan gestionar de forma adecuada la movilidad interior de los viajeros dentro de su territorio y controlar de forma más efectiva las condiciones de prestación de los servicios en atención a las circunstancias obrantes en su territorio.

En el debate previo, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, solicitó a la Cámara el voto favorable a la convalidación del Real Decreto-ley, apelando a "las razones de necesidad y urgencia constitucionalmente exigidas" existentes para que "cada territorio pueda elegir el transporte por el que se desplaza" y que "sea la administración local, conocedora de las necesidades concretas de cada territorio, la que tome las decisiones más adecuadas para su población".

Para el responsable del Departamento, "la descentralización de la competencia a un ámbito de proximidad hará que la ciudadanía salga beneficiada porque se propondrán soluciones a la medida de sus necesidades". Con la convalidación del Real Decreto-ley, añadió, "habremos dado un paso importante" para que la ciudadanía de cada territorio pueda elegir el tipo de transporte más adecuado "teniendo en cuenta una serie de elementos que van desde la estrategia de movilidad, de lucha contra el cambio climático, la despoblación, las particularidades del taxi en ese territorio o la falta de servicios de transporte".

Este Real Decreto-ley tiene como principal objetivo "situar a las VTC en el ámbito competencial en el que deben estar, de acuerdo con la actividad que están realizando realmente, que es el transporte urbano, de modo que servicios de transporte sustancialmente iguales se desarrollen en un marco regulatorio coherente, garantizando también una competencia leal entre ambos sectores" señaló el ministro.

El marco normativo vigente hasta ahora había impedido que las Administraciones municipales y autonómicas pudieran adoptar medidas dirigidas a regular la operatividad de las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor en el ámbito urbano.

Esta es la razón por la que Ábalos asegura que con esta nueva regulación "se trata, en definitiva, de encontrar un marco que, dentro del respeto a las competencias propias del Estado garantice también que los entes autonómicos y locales dispongan de instrumentos que les permitan desarrollar sus propias competencias" en transporte urbano y de movilidad, "y que dote de seguridad jurídica al sistema, con una solución permanente y definitiva que evite continuar con un goteo continuo de medidas normativas, en muchas ocasiones cuestionadas judicialmente, que no aborden el núcleo del grave problema al que nos enfrentamos".