Los empresarios españoles han presentado una propuesta que incluye medidas concretas que, a su juicio, son necesarias para salir de la crisis actual. La reforma del mercado laboral, al que los empresarios achacan una profusión de leyes poco o noada útiles en la práctica cotidiana, es lo más sonoro mediáticamente de un documento en el que se tratan otros aspectos importantes, como la estabilización financiera, la justicia o el medio ambiente, por citar algunos.

Por su interés, ofrecemos a los lectores de AM el téxto íntegro de la propuesta.

PROPUESTAS DE LOS EMPRESARIOS PARA SUPERAR LA CRISIS

La Unión Monetaria Europea está viviendo una profunda crisis cuya resolución exige
liderazgo político y acciones contundentes tanto por parte de los países acreedores
como de los países deudores.
La economía española ha perdido una parte importante de su credibilidad en los
últimos años. El elevado endeudamiento exterior, las bajas perspectivas de
crecimiento, la pérdida de competitividad acumulada, la crisis inmobiliaria y el rápido
deterioro de las cuentas públicas, a pesar de los esfuerzos de los últimos tiempos,
han generado dudas sobre la capacidad de repago de la economía española. La
mayor contribución que puede hacer el Gobierno de España tanto al bienestar de
nuestro país como al fortalecimiento del euro es instrumentar las políticas necesarias
para asegurar la sostenibilidad de nuestra elevada deuda exterior y recuperar la
confianza de los mercados en el futuro de nuestra economía.

Para ello, nuestro país necesita articular una combinación de reformas y medidas
económicas que simultáneamente fomenten el crecimiento y reduzcan la necesidad
de financiación exterior por unidad de crecimiento.
Para que la economía española vuelva a crecer a ritmos elevados es necesario
instrumentar reformas que permitan compatibilizar ritmos de crecimiento del PIB
entre el 2% y el 3% con déficit de balanza de pagos por cuenta corriente similares a
dicho crecimiento. Para conseguir un crecimiento robusto del PIB y al mismo tiempo
reducir el déficit exterior sólo hay una solución: un ajuste fiscal combinado con un
aumento intenso y sostenido de la competitividad exterior de nuestra economía.

El ajuste fiscal debe realizarse por el lado de los gastos, especialmente de los
gastos corrientes. El amplio déficit estructural exige una profunda transformación de
un sector público acostumbrado a crecer de forma descontrolada durante la
expansión, y con muy poca capacidad para adaptarse en tiempos de crisis. El sector
público debe centrarse en lo esencial, reducir su tamaño, simplificar su estructura y
adaptar sus recursos humanos a la nueva situación.
Hay otras políticas que fomentarían el avance de nuestra competitividad exterior,
entre ellas una alteración de la imposición que, manteniendo estable la carga
impositiva, estimule el empleo y el ahorro. En todo caso, cualquier cambio impositivo
debe tener como prioridad reforzar la competitividad empresarial.

Es preciso, además luchar frontalmente contra la economía irregular, tomando
medidas eficaces para reducir el fraude fiscal y social, tanto en el sector público
como en el sector privado. Asimismo, debemos volver a situar la productividad y la
cultura del esfuerzo en el centro de la agenda social.
Por otro lado, para recuperar el crecimiento económico es imprescindible también
acelerar la reestructuración de nuestro sistema financiero, de forma que el crédito
vuelva a fluir hacia nuestras empresas y la liquidez no sea un factor de
estrangulamiento.

REFORMA DEL MERCADO LABORAL

Pero ni éstas ni otras políticas servirán de mucho si no se reforma sustancialmente
el mercado de trabajo. Por otra parte, sin esta reforma del marco laboral, la
consolidación fiscal y la estabilización de nuestro sistema financiero serán mucho
más difíciles de llevar a cabo. La reforma laboral, además, es imprescindible para
acelerar la reducción del paro aún cuando se relajara la restricción de financiación
exterior que sufre la economía española. La reforma laboral debe ser profunda, que
altere de forma permanente los déficits del mercado laboral español. La reforma
debe favorecer la contratación, crear un marco más flexible acorde con las
necesidades de una economía globalizada y que permita ajustarse al ciclo vía
precios y no vía cantidades. La reforma debe ayudar a desterrar la tendencia de la
economía española a perder competitividad frente a los países de nuestro entorno.
Junto con estas reformas urgentes, la competitividad de la economía española
requiere una modernización de buena parte de nuestras estructuras económicas y
sociales. Es esencial mejorar el sistema educativo y de formación profesional, los
retrasos judiciales son un lastre al sistema productivo, debemos hallar un modelo
energético estable y que permita ofrecer precios competitivos y una adecuada
remuneración al sector, el sistema de transporte debe ser más eficiente, y debe
apoyarse la internacionalización de la empresa española.

En este contexto, debemos señalar la importancia capital que el proceso de
construcción europea tiene para nuestra economía. España forma parte de la Unión
Europea y de la Zona Euro, y nuestro futuro está indisolublemente unido al resto de
Europa. En estos momentos, la Unión Monetaria, se encuentra en una situación de
vulnerabilidad, cuya salida exige un esfuerzo de todos los Estados miembros y una
adecuada respuesta por parte de los países en dificultades. España debe formar
parte del núcleo de países que articule la respuesta a la crisis, pero para poder
hacer esto, necesita llevar a cabo un intenso proceso de reformas que nos vuelva a
situar entre las naciones más dinámicas de Europa.

El objeto de este documento es ofrecer a los grupos políticos que concurren a las
próximas elecciones y a la sociedad en su conjunto las propuestas que, en opinión
de los empresarios, son las soluciones para salir de la crisis. Se ha procurado mirar
por el interés de la economía en su conjunto, buscar propuestas que tengan un
impacto positivo sobre el conjunto de los sectores económicos y sociales. Se han
supeditado los intereses particulares en aras de crear un cuadro homogéneo de
medidas cuyo objetivo único es superar la actual situación.

El documento se articulará en dos secciones. En la primera de ellas se expondrán
las políticas que requieren una actuación más urgente. Aquellas que deben ponerse
en marcha en el comienzo de la legislatura y cuya finalidad es estabilizar la
economía española y sentar las bases del crecimiento. Estas medidas constituyen
un auténtico plan de recuperación, sin el cual será imposible la recuperación.
El segundo bloque expondrá las medidas de carácter horizontal que pueden
propiciar la mejora de la competitividad de la economía española en el medio y largo
plazo. Se trataría de un programa de modernización de nuestras estructuras
económicas e institucionales que deben tener un impacto positivo sobre el
crecimiento potencial de la economía española. Estas medidas se desarrollarían a
todo lo largo de la próxima legislatura.
Por otra parte, las distintas Comisiones y Consejos de CEOE han elaborado
documentos sectoriales que están a disposición de los responsables políticos y que
constituyen propuestas esenciales para favorecer la actividad económica.

ÁMBITOS PRIORITARIOS: MEDIDAS DE CHOQUE CONTRA LA CRISIS
1. Reducción del déficit público y reforma del sector público

La mayor parte del ajuste debe realizarse a través de una reducción del gasto
corriente ineficiente, y no puede recaer grueso del mismo en la inversión
pública, especialmente en infraestructuras:
o simplificando la estructura administrativa,
o fijando prioridades en el gasto,
o ajustando el tamaño del sector público,
o evaluando constantemente la eficacia de las políticas y del gasto, y
o aprovechando la colaboración público-privada, tanto en la producción
como en la financiación de bienes y servicios públicos,
o realizando una presupuestación más realista y suficiente con los gastos
comprometidos.

Acercar los precios públicos a los costes de producción de los servicios
públicos.

Introducir mecanismos de moderación de la demanda, a través de la
participación de los usuarios, en los servicios públicos congestionados.

Reforzar las obligaciones de información presupuestarias, en tiempo real,
para la Administración Central, la Administración Autonómica, los
Ayuntamientos y el conjunto del sector público empresarial.

Mantenimiento constante del total de la carga fiscal y reforma del sistema
tributario:
o reducción sustancial de las cotizaciones sociales,
o rebajar la imposición sobre el ahorro; y
o simplificar y reducir el Impuesto de Sociedades.
o reforma global en el IVA que permita a las empresas diferir el ingreso
del IVA hasta el momento del cobro.

Medidas eficaces para combatir el fraude fiscal.

Establecimiento de un principio de cuenta única fiscal que permita la
compensación de deudas tributarias de empresas con deudas pendientes de
la Administración Pública.
2. Reforma del mercado laboral y de la negociación colectiva

Alcanzar un nuevo pacto de moderación salarial para el período 2012-2015.

Simplificación de la legislación laboral y del número de contratos, frente a las
43 modalidades actuales, quedarían básicamente: un contrato indefinido, un
contrato temporal, un contrato fijo discontinuo, un contrato de obra y servicio,
un contrato a tiempo parcial y un contrato de formación

Situar la indemnización habitual por despido improcedente del contrato
indefinido, como en la media de los países europeos, en 20 días por año
trabajado, con un máximo de 12 mensualidades, respetando los derechos
adquiridos.

Flexibilización de los contratos a tiempo parcial y de formación.

Eliminar la indexación salarial al IPC en la negociación colectiva.

Dotar a la empresa de instrumentos de flexibilidad interna (porcentaje anual
de disponibilidad, bolsa de horas, horas extra y flexibilidad funcional).

Facilitar el convenio de empresa y el descuelgue.

Regulación del derecho de huelga, fundamentalmente en lo referente a
servicios esenciales

Impulsar la solución extrajudicial de conflictos.

Aprobar una nueva Ley de mutuas que refuerce su carácter empresarial.

Adoptar un Pacto Social para la formación, que permita establecer las
prioridades en esta materia, clave para la competitividad empresarial, y
modificar el actual modelo de formación profesional para el empleo.

Lucha contra el absentismo laboral injustificado a través de la mejora de la
gestión y el control de la incapacidad temporal. Evaluación mensual de
absentismo del sector público y del sector privado.

Modificar la regulación de los festivos, con el fin de desplazar las festividades
nacionales, autonómicas o locales al lunes más cercano, excepto los días de
mayor significación.

3. Reestablecer el crédito y la liquidez para las empresas

Concluir el proceso de restructuración del sistema financiero.


Gestionar su restructuración con criterios transparentes y que eviten la
distorsión de la competencia.

Cumplimiento estricto de la ley de morosidad por parte de las
Administraciones públicas.

Reconocimiento de deuda de las Administraciones públicas con proveedores
y establecimiento de un calendario de pagos.

Principio de compensación de las deudas tributarias y de la Seguridad Social
con deuda de las Administraciones públicas con las empresas.

Facilitar una mayor diversificación de las fuentes de financiación mediante
una ampliación de la oferta de instrumentos (capital riesgo, capital semilla,
sociedades de garantía recíproca, etc.)

4. Unidad de mercado y cargas administrativas

Homogeneizar la legislación que afecta a la actividad empresarial.

Simplificación normativa.

Aprobar una Ley de Garantía de unidad de mercado.

Redefinir los límites competenciales para evitar duplicidades entre la
Administración Central y las Administraciones Territoriales.

Previa a la aprobación de cualquier norma debe elaborarse un informe de
impacto sobre la unidad de mercado y la competitividad de las empresas.

Establecer como principio general de actuación el de reconocimiento mutuo u
coordinación de normativas entre distintas Comunidades Autónomas.

Reducción de cargas administrativas.

Reforzar la profesionalidad e independencia de los organismos reguladores
sectoriales y de la Comisión Nacional de Competencia.
5. Fomento del espíritu emprendedor y PYMES

Elevar la valoración social de la figura del empresario y de la economía de
mercado, actuando sobre todo en el sistema educativo. Asimismo, es preciso
hacer un especial hincapié en el fomento del espíritu empresarial entre las
mujeres con el fin de aumentar su participación en el tejido empresarial.

Reducir los costes de financiación de las empresas que empiezan.

Régimen especial en lo fiscal y en lo laboral para las empresas de nueva
creación.

Reducción de cargas administrativas y mejora del funcionamiento de las
ventanillas únicas.

PROPUESTAS HORIZONTALES: ELEVAR LA COMPETITIVIDAD
1. Unión Europea

CEOE y CEPYME apuestan por el proyecto de construcción europea, que ha
sido fundamental en el desarrollo económico español.

Apoyamos el cumplimiento estricto de las reglas de gobernanza europea, y
pedimos un grado de exigencia en materia de reformas estructurales
equivalente a las reglas fiscales.

En la transposición de la legislación europea debe tenerse en cuenta su
impacto sobre la competitividad de la economía española.

Pedimos una presencia más activa de España en las decisiones europeas.
2. Educación y formación profesional

Mejorar la eficiencia del sistema educativo ampliando la libertad de elección
de las familias y la participación del sector privado.

Buscar la calidad y la excelencia en la educación.

Poner en marcha un nuevo Programa Nacional de Formación Profesional. .

Mejorar la relación entre la empresa y el sistema educativo.

Impulsar el conocimiento de idiomas y de nuevas tecnologías.

Eliminar todos los obstáculos que dificultan el desplazamiento de alumnos
entre centros de diferentes Comunidades Autónomas.

3. Justicia

Establecer un mecanismo destinado a depurar y simplificar la legislación
vigente.

Promulgar una legislación con una mayor claridad, calidad y estabilidad.

Promover el uso de medios alternativos de solución de conflictos impulsando
la institución del arbitraje, tanto en el ámbito administrativo, como en el ámbito
privado.

Aligerar los procesos judiciales.

4. Medio Ambiente

Mantener un equilibrio racional entre las políticas medioambientales y las
necesidades de competitividad de la empresa española.

La posición de la UE debe tener en cuenta los compromisos de nuestros
principales competidores.

Coordinación de la legislación y la fiscalidad medioambiental entre el Estado,
las Comunidades Autónomas y entes locales.
5. Investigación, Desarrollo e Innovación

Mantener el esfuerzo inversor en I+D+i.

Mejorar la fiscalidad de la actividad de investigación y desarrollo.

Reforzamiento de los sistemas de financiación del I+D+i.

Incentivar la participación de empresas españolas en proyectos europeos e
internacionales tecnológicos.

Crear un marco regulatorio que impulse la economía digital.

Simplificar los procedimientos para el registro de patentes.

En la política tecnológica, poner el acento en el apoyo a la innovación
empresarial.

6. Energía

Equilibrio entre unos precios competitivos y una adecuada remuneración del
sector.

Dar una solución definitiva al déficit de tarifa eléctrica.

Pacto de Estado que garantice una seguridad jurídica necesaria para realizar
inversiones a largo plazo.

Disponer de un mix energético equilibrado.

Integrar a España en el Mercado de Energía de la UE a través del completo
desarrollo de las interconexiones eléctricas y gasistas con Europa.

7. Internacionalización

Priorizar la política de internacionalización de empresas en el ámbito
presupuestario.

Mejorar el tratamiento fiscal de las actividades de exportación e inversión.

Reformar el marco institucional de apoyo a la internacionalización de forma
que sea más ágil y adaptado a las necesidades de las empresas.


Eliminar restricciones a los instrumentos de financiación de la
internacionalización.

Reforzar el peso de los mercados emergentes y de los nuevos sectores
exportadores en la política de promoción comercial.

Coordinación administrativa entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

Aumentar el peso de las cuestiones económicas y comerciales en las
relaciones exteriores españolas.

Elaboración de un plan especial de mejora de la logística y del transporte
como factores fundamentales para aumentar la competitividad de la economía
española.

FOTO: Joan Rosell, presidente de COE